Luego de que el plenario de comisiones emitiese dictamen al l proyecto para expropiar el 51% de las acciones de YPF hoy en manos de la española Repsol, los diferentes bloques de la oposición adelantaron su postura de cara a la sesión del próximo miércoles en el Senado.
La Unión Cívica Radical (UCR), finalmente decidió apoyar el proyecto de ley del Ejecutivo, luego de una fuerte discusión interna, que puso al partido al borde de una votación dividida en el Congreso Nacional.
Fue luego de una tensa y prolongada reunión realizada en las sede del Comité Nacional de la calle Alsina, de la que participaron los titulares del partido, Mario Barletta; de la Convención Nacional, Hipólito Solari Yrigoyen, y las autoridades de los bloques parlamentarios de la UCR, además de legisladores nacionales, como Ricardo Alfonsín, Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
Según informaron fuentes partidarias, el encuentro tuvo el objetivo de "acercar posiciones y evitar así lo que se perfilaba como una votación dividida" en el Congreso.
El proyecto de ley, dividió las aguas en el más que centenario partido, pero finalmente se impuso la postura impulsada por el alfonsinismo y los sectores encabezados por los históricos dirigentes Leopoldo Moreau y Federico Storani, de que -en sintonía con la tradición histórica del partido- sea el Estado, quien tenga el control de YPF.
De esta manera, quedó desechada la postura enarbolada por el titular del bloque radical en la Cámara baja, Ricardo Gil Lavedra, y el diputado, Oscar Aguad, quien mantiene un fuerte entendimiento con el PRO de Mauricio Macri.
La postura que asumirá el radicalismo de acompañar en general, el proyecto de ley enviado por el Gobierno, fue adelantada por la mañana por el jefe de la bancada de senadores nacionales de la UCR, Luis Naidenoff, quien explicó que la UCR planteará diferencias en el debate en particular de los artículos.
En tanto, el Comité Nacional presentó en un comunicado la postura del partido frente la iniciativa oficial, en el que anunció que el radicalismo presentará un proyecto alternativo, al del oficialismo.
Entre otros puntos, la iniciativa propone "el desarrollo de un proceso de negociación para la compra del paquete accionario de YPF", que "contemple las acreencias o derechos a favor del estado argentino por incumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas", hasta ahora accionistas de la petrolera.
La propuesta prevé además "la expropiación por imposibilidad de compra consensuada" y propone, la "inclusión a todas las provincias en la distribución del paquete accionario y la participación de hasta un máximo del 10% por parte de los trabajadores de YPF".
Asimismo, se anunció que la UCR impulsará la creación de una comisión bicameral que investigue, lo que consideran, "el vaciamiento de YPF", y que además presentará en el parlamento un conjunto de proyectos para "recuperar la soberanía energética por ser el proyecto oficial, parcial y no abordar los problemas estructurales del sector".
Por su parte, la senadora salteña Sonia Escudero del Interbloque Federal anticipó que "apoyará en general el proyecto de expropiación pero planteará algunas propuestas de modificación en algunos artículos". No obstante, el bloque definirá la próxima semana cómo procedera.
Según indicó a través de un comunicado, entre otras cosas, propondrá que "la expropiación alcance también las acciones en poder del Grupo Petersen, de propiedad de la familia Eskenazi, respetando el porcentaje del 51% accionario que pasaría a manos del Estado. Con esta propuesta se estaría garantizando el criterio de igualdad que consagra la Constitución Nacional (uno de los argumentos que podría llegar a plantear Respsol en un futuro litigio)".
Por otra parte, la senadora indicó que busca "darle más funciones al Consejo Federal que crea la ley (formado entre otros por representantes de las provincias) para que en un término de 180 días elabore una nueva ley de hidrocarburos que luego deberá sancionar el Congreso".
Asimismo, planteará la "necesidad de que la Auditoría General de la Nación y la Procuración General investiguen las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el vaciamiento de YPF que el propio proyecto del Ejecutivo reconoce".
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