El Gobierno de Jujuy deberá restituir un predio que tomó y reparar los daños que provocó en otro, que pertenecen a los habitantes del pueblo de Caspalá, ubicado a 3.100 metros sobre el nivel del mar, por avanzar sobre los derechos de una comunidad a preservar sus costumbres ancestrales. La inédita medida de la Justicia Federal es el resultado de un acuerdo al que llegaron el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fiscalía de Estado provincial, para ponerle fin al estado de "estado de conmoción social" que comenzó el 18 de noviembre en 2022, de acuerdo a la decisión judicial.
11 de diciembre 2024 - 00:00
Acuerdo inédito: la Justicia Federal le dio la razón al pueblo de Caspalá y el gobierno jujeño deberá restituir un predio ancestral
En la gestión del exgobernador Morales, el estado provincial avanzó sobre un espacio de la comunidad y un terreno privado, sin consulta previa, ni estudios de impacto ambiental.
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La cancha ancestral de Caspalá deberá ser restituida a la comunidad, tras el conflicto por el polémico avance del Estado provincial.
La disputa judicial arrancó hace dos años cuando el gobierno jujeño irrumpió en un predio que se usaba como cancha de fútbol y para encuentros sociales, con el objetivo de construir una escuela secundaria. Frente a la reacción de las familias para evitarlo (habían propuesto un lugar alternativo y no se oponía en contar con el establecimiento), hubo represión policial y detenidos, con una amplia repercusión pública por tratarse de un pueblo de 400 habitantes que fue reconocido en 2021 por la Organización Mundial del Turismo como uno de los "mejores destinos del mundo", por su tranquilidad, estilo de vida rural y comunitario. En un intento por neutralizar el efecto negativo de la medida ante la opinión pública, en momentos que el gobernador era el radical Gerardo Morales, entonces precandidato a presidente de la Nación, la nivelación del suelo y edificación se detuvieron.
Sin embargo, de acuerdo a la fiscal federal Lucía Romina Orsetti, el 30 de noviembre el Estado provincial avanzó, por segunda vez -de nuevo sin consulta, ni estudio de impacto ambiental- con maquinaria en un predio privado, de alto valor arqueológico, para trasladar allí el campo de juego reclamado, a modo de resarcimiento. Fue en la misma zona, en la finca Santa Rosa, propiedad del vecino Pablo Cruz, quien estaba internado en un hospital de la capital jujeña. Su pareja e hijos no pudieron evitar el avance de una retroexcavadora y una máquina oruga, pues el gobierno había tomado la decisión de construir allí una cancha de fútbol que había ocupado para la construcción de la escuela, unos días antes. En un intento por legalizar esta apropiación, se constató que el Estado provincial expropió el terreno mediante una ley aprobada en tiempo récord, cuando ya estaba planteado el conflicto con la comunidad caspaleña.
Desde entonces comenzó una acción judicial en los tribunales provinciales y que continuó en la órbita Federal porque la escuela proyectada tenía financiamiento del Estado nacional, entre otros motivos. “Desde esos días, y por las condiciones propiciadas por el Estado, la cancha permaneció inutilizada e impidió a sus pobladores usarla no solo para las actividades deportivas, sino como centro de vida, en los términos de mayor cotidianeidad y habitualidad posible de una comunidad con su plaza cultural", explicó la fiscal en la causa al referirse al daño provocado. Hasta ahora, persiste el movimiento de suelo realizado por las máquinas de la empresa adjudicataria de la obra, están las vigas que se construyeron y hay todo tipo de materiales en el predio ancestral.
Daño irreparable
Argumentó la fiscal Orsetti que, en el segundo terreno, el agravante no fue la destrucción de un mero paisaje, sino el daño irreparable que se hizo sobre estructuras de lajas subterráneas prehispánicas, que fueron asociadas por expertos peritos a la expansión territorial del impero Inca, entre los años 1.000 a 1.400. Y recordó que la obra quedó suspendida por los nuevos reclamos de los pobladores, que salieron en defensa del terreno, donde la familia cuidaba el mantenimiento de sus condiciones. Sus abuelos reconocían el área como "el lugar de descanso de las almas ancestrales del pueblo". De acuerdo al antropólogo Gustavo Ontiveros, en la propiedad de Cruz las máquinas "arrasaron con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares". "Además, se destruyeron estructuras de andenes arqueológicos antiguos, algunos prehispánicos", agregó.
A poco de iniciarse el recorrido en Tribunales, recién en junio de 2023, una medida cautelar paralizó las obras, lo que generó una serie de impugnaciones por parte del Estado provincial, pero los planteos fueron tratados y rechazados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, según se desprende de documentación a la que tuvo acceso Ámbito. De acuerdo a Silvina Llanes, abogada de los pobladores, el terreno "pertenece a la comunidad aborigen Pueblo Kolla de Caspalá, es una propiedad privada, no del Estado provincial, y hay documentación que así lo acreditó".
Un acuerdo inédito
Frente al volumen de las pruebas que comprometían al Estado jujeño por, entre otros motivos, no haber realizado un proceso de consulta con la comunidad originaria, establecido en legislación vigente, la fiscal Orsetti avanzó en la solución del conflicto a través de una salida alternativa dirigida a "restablecer la paz social", que tuvo como objetivo la reparación integral de los pobladores afectados, prevista en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.
El pasado 13 de noviembre se concretó la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal y el fiscal de Estado provincial, Miguel Ángel Rivas, acordaron ponerle fin a la disputa que existía entre los pobladores de Caspalá y el Gobierno de la provincia por la irrupción estatal en noviembre de 2022. La jueza federal de Garantías N° 2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, homologó el acuerdo, quien lo consideró inédito por las características del objeto del proceso que provocó un conflicto social de gran magnitud. En lo pactado, el gobierno jujeño se comprometió a restablecer las condiciones preexistentes al inicio del conflicto, tanto en la cancha de fútbol como en la finca privada, en un plazo de 30 días hábiles. Se aclaró que este resultado no extingue las acciones penales por los daños provocados, en contra de los funcionarios estatales que participaron de todo el proceso, desde el exgobernador Morales y funcionarios de ministerios, hasta la comisionada municipal de entonces.
En la audiencia pública, antes de la firma del acuerdo, la jueza Gregoraschuk le dio la oportunidad a todas las partes a que dijeran unas palabras. La fiscal resaltó el entendimiento como una acción destinada a "revertir daños que conciernen al patrimonio cultural y arqueológico de la comunidad kolla de Caspalá". Y agregó que recién cuando se concrete lo acordado "se daría lugar a la extinción de la acción penal con respecto a los dos hechos descriptos. Su incumplimiento dejará subsistente para esta fiscalía federal la persecución de todas aquellas acciones penales que nacen de tales eventos".
La abogada Llanes calificó el acuerdo como una "reivindicación de los derechos avasallados". "Esto es un respiro del horror que se vivió y al que se llegó gracias a un gran esfuerzo de la justicia federal, en especial, de la fiscalía por la enorme investigación realizada", aseguró.
En la audiencia también participaron representantes de la comunidad, quienes destacaron que no se trató solo de una cancha, sino de lo que representa para ellos y para las futuras generaciones. "Teníamos miedo, pero ahora sentimos que hemos sido escuchados, lo que nos pone muy contentos", sostuvo Justa Balcarce. "Nos azotaron con balas de goma y gases lacrimógenos, no tuvieron compasión de las mujeres, los niños y tampoco de nuestros abuelos que tuvieron que correr de un lado a otro, entre llantos", remarcó una de las pobladoras, al recordar lo traumático que fue para la pequeña comunidad enfrentar las escenas de violencia institucional.
Ámbito consultó a Lidia Balcarce, del pueblo de Caspalá, sobre si hasta el momento recibieron alguna notificación o se observó alguna acción del Estado provincial para dar cumplimiento con lo resuelto. "Hasta el momento no nos notificaron de nada", fue su respuesta. En la turística localidad se espera con expectativas que se restablezcan las condiciones en la que estaba la cancha, el sitio ancestral, para volver a utilizarlo como espacio ceremonial, deportivo, para actividades culturales y tradicionales, entre ellas, las fiestas patronales y, en enero, la yerra de animales.
En contacto con este medio, la abogada Llanes detalló que se espera que el gobierno cumpla con lo acordado y que se derogue la ley de expropiación del terreno de la familia Cruz. Advirtió que "continúa la causa penal por infracción, robo y destrucción al patrimonio arqueológico, una causa en la que se denunció a los funcionarios provinciales y que se inició en los Tribunales de Comodoro Py, en la Capital Federal, que también comprende a Gerardo Morales, por usurpación, robo, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público". Detalló que comenzaron las audiencias para presentar pruebas y formalizar las acusaciones en contra de una decena de funcionarios.
Consultada la letrada sobre por qué se radicó la denuncia en Buenos Aires, sostuvo que “las que se presentaron en los Tribunales provinciales nunca avanzaron, en un contexto en el que el Morales concentraba un gran poder". "La opción por la Justicia Federal evitaba esa injerencia que, aunque existió, no pudo detener el avance de la causa. El proceso se agilizó cuando el exgobernador perdió poder político, no fue candidato a nada y se acumularon pruebas contundentes en contra del Estado provincial”, añadió. Llanes hizo hincapié en que el acuerdo es de alto valor porque el Estado provincial reconoció la existencia de los delitos y le abrió la puerta a nuevas líneas de investigación. Puso como ejemplo el interrogante sobre en dónde están los fondos que la Nación giró para la construcción de la escuela secundaria. “Sabemos que se giraron a Jujuy pero nadie sabe qué se hizo con ellos porque si se quisiera avanzar en la edificación de un nuevo establecimiento, en otro lugar, los fondos no están”, aseveró.
Un paraíso
Caspalá se ubica en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy. Está a 3100 metros sobre el nivel del mar y el poblado está en medio de un cordón montañoso. Desde San Salvador de Jujuy se accede a Caspalá por la ruta provincial 73 y antes de llegar al pueblo se recorren dos cuestas en forma de caracol.
Principales atractivos:
Iglesia Santa Rosa de Lima, una capilla construida en la década de 1840.
El Pueblo Viejo, un sitio arqueológico de gran valor para conocer.
Qhapaq Ñam, Camino del Inca, a 10 kilómetros de Caspalá.
El mirador El Antiguito, que presenta vistas y construcciones antiguas de barro y piedras.
Cascada Casa Mocha.
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