La Cámara de Senadores bonaerense intentará sancionar este jueves el proyecto de desarrollo productivo y fomento de inversiones que fue elevado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y, además, buscará aprobar la modificación del régimen previsional del Banco Provincia (Bapro).
13 de noviembre 2024 - 12:26
El Senado de la provincia de Buenos Aires trata la reforma del Banco Provincia y el RIGI bonaerense
Sesionará este jueves y debatirá las dos iniciativas impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof. A la par, Diputados le dio media sanción al proyecto de ley Audiovisual.
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El Senado bonaerense sesionará este jueves.
El Régimen de Fomento para Inversiones Estratégicas en la Provincia de Buenos Aires –también denominado “RIGI bonaerense”- fue enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura el pasado 11 de septiembre y se sancionó el 25, con el voto de los legisladores de Unión por la Patria.
Durante el debate en Diputados, la iniciativa recibió el rechazo de la bancada del PRO, el PRO-Libertad, La Libertad Avanza (LLA) y la izquierda, en tanto que la UCR-GEN, la Coalición Cívica, la UCR + Cambio Federal y Unión Renovación y Fe se abstuvieron de votar.
La propuesta busca acompaña a quienes "invierten para generar valor agregado y empleo de calidad, apunta a generar proveedores locales, a incluir tecnologías, a diversificar la matriz productiva, a aumentar y sustituir importaciones, y a generar equidad".
Desde el Gobierno bonaerense se explicó que el ingreso de los proyectos al régimen de inversión se analizará para su aprobación o rechazo “en base a su contribución al desarrollo productivo, económico y social de la provincia” y se puntualizó que el plazo para presentar las propuestas será de dos años a partir de la entrada en vigencia de la norma.
Los proyectos elegibles serán aquellos de radicación de plantas o inversiones nuevas, ampliación de planta o de instalaciones existentes; habrá exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos; y se les brindará estabilidad fiscal de hasta 30 años a quienes adhieran al régimen.
También se afirmó que los proyectos se segmentarán en tres grupos, de acuerdo al monto de la inversión (hasta 50 millones de dólares, mayores a 50 millones y menos de 200 millones) y se señaló que habrá beneficios adicionales en base al cumplimiento de determinadas condiciones como el incremento de los puestos de trabajo; la localización en zonas de ingresos bajos y parques industriales; las políticas de género; la innovación tecnológica; la sostenibilidad ambiental; la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones.
El Banco Provincia
La Cámara alta bonaerense también tratará este jueves el proyecto de ley que el Kicillof envió para derogar la Ley N° 15.008, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, y establecer un nuevo marco normativo que busca restituir y ampliar los derechos de los jubiladas y pensionadas del Banco Provincia.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa, se plantea la reducción de la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años, revirtiendo la reforma anterior que la había elevado a 65; la restitución del 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios del Banco Provincia (la ley de Vidal preveía el cálculo al 70%) y establecer las pensiones al 75% (la norma de la exmandataria provincial indicaba hacerlo al 70%).
En diciembre de 2017, en el gobierno de Vidal, la Legislatura provincial sancionó una ley que modificaba el régimen de jubilación para los empleados de la entidad, elevando la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, igualándola con la de los hombres.
Además, se implementó un cambio en el cálculo del haber jubilatorio, basándose en el promedio de los últimos diez años de salarios, en lugar de utilizar el último sueldo percibido. Este ajuste fue argumentado por el Ejecutivo como necesario para reducir el déficit de la caja previsional del Banco Provincia, que según el gobierno estaba generando una carga insostenible para las arcas de la provincia.
Sin embargo, la norma recibió una fuerte resistencia por parte de la oposición, sindicatos y empleados del Banco, que consideraron la medida como una amenaza a derechos adquiridos y una pérdida en sus condiciones laborales.
De hecho, el gremio La Asociación Bancaria, impulsó paros y movilizaciones en rechazo a la reforma, mientras que los legisladores de la oposición criticaron en duros términos las modificaciones.
En enero de 2018, la tensión llegó a su pico máximo, cuando el intendente de Ensenada, Mario Secco, protagonizó un polémico episodio al irrumpir en el recinto de sesiones mientras se debatía el proyecto, rodeado de manifestantes. Allí, expresó su desacuerdo con la reforma, por lo que luego fue acusado de incitación a la violencia.
A partir de la modificación al sistema jubilatorio, se impulsaron numerosos reclamos judiciales desde asociaciones de jubilados y trabajadores bancarios, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la Ley N° 15.008. De hecho, más de dos mil personas obtuvieron medidas cautelares que paralizan la aplicación de varios de los puntos clave de la normativa.
Así, en 2021, la Suprema Corte bonaerense falló en contra de la reforma impulsada por Vidal, al considerar que había violado los derechos adquiridos de los trabajadores y le pidió a la dirigencia una solución política.
La propuesta del Ejecutivo bonaerense que busca aprobarse ahora fue elaborada en una mesa de diálogo convocada por el máximo tribunal, donde participaron la Asociación Bancaria, el Banco Provincia y organizaciones de jubilados. El objetivo central fue lograr un acuerdo que garantizara la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones del Banco, a la vez que se restituyeran los derechos vulnerados.
Entre las modificaciones incluidas en el proyecto, se destaca la ampliación de los aportes tanto de los afiliados activos y pasivos como del propio Banco Provincia. Las contribuciones obligatorias de la entidad bancaria alcanzarán el 21%, mientras que el aporte personal para los ingresantes será del 19%. Además, la iniciativa prevé la creación de una contribución adicional del Banco y una partida presupuestaria de la Provincia para asegurar la cobertura del déficit de la Caja.
Media sanción
En tanto, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el miércoles y giró al Senado el proyecto de Ley Audiovisual impulsada por el Poder Ejecutivo bonaerense, que tiene como objetivo promover el desarrollo de la industria audiovisual nacional, fomentar la producción de contenidos de calidad, y garantizar el acceso de la población a una oferta plural y diversa.
Para ello, la norma establece un fondo de fomento de 675 millones de pesos, destinado a financiar proyectos de producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales nacionales.
El Fondo se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, en función de la variación del valor de entradas promedio de cine establecido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), recursos de los organismos multilaterales de crédito, donaciones y legados, y fondos no utilizados de ejercicios anteriores.
En la iniciativa se establece la creación de un Consejo Provincial que -bajo la órbita del Instituto Cultural- estará integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes regionales del sector audiovisual, Ese órgano apoyará económicamente los proyectos y colaborará en su distribución y exposición.
La ley de "Promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires" contó con los votos del peronismo y del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN.
En tanto, las bancadas del PRO, La Libertad Avanza, los libertarios dialoguistas y los radicales votaron en contra de la iniciativa, por considerar que el gobierno de Axel Kicillof no debe destinar recursos para el cine en el marco de la recesión económica.
La norma busca además promover la producción de contenidos audiovisuales en lenguas originarias y proteger la diversidad cultural; definir un nuevo régimen de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual; establecer medidas para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito audiovisual y contempla sanciones para quienes incumplan.