Polémica por la paralización de obras clave para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno freezó los trabajos de dragado en la cuenca del Río Salado apenas dos días antes del temporal que azotó a Bahía Blanca. Advierten que algunos tramos tienen avances del 60% pero solo se pago el 20%.

El Gobierno paralizó obras clave en la cuenca del Río Salado.

Las inundaciones que azotaron a Bahía Blanca a principios de marzo ocurrieron apenas dos días después de que el Gobierno nacional paralizara las obras de dragado en el Río Salado, proyectos clave para mitigar estos desastres naturales y proyectados y ejecutados por etapas desde hace más de 30 años.

El temporal afectó a más de 2.000.000 de hectáreas. Al respecto, empresas contratistas encargadas de los trabajos de dragado han denunciado la falta de pagos por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y su reciente orden de neutralización de los trabajos.

Nación paraliza obras clave para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Según representantes de estas compañías, los trabajos se ejecutaron y certificado según las condiciones establecidas en los pliegos de licitación; sin embargo, desde hace más de un año no se han abonado los certificados de obra básicos, y existe una mora de más de dos años en el pago de los certificados de ajuste predeterminados.

Algunos tramos presentan un avance superior al 60%, pero solo se ha pagado el 20% de lo ejecutado.

En ese sentido, las compañías afectadas destacaron que el pago por los trabajos realizados es esencial en una relación contractual, basándose en principios fundamentales del derecho y condiciones del Contrato.

Aunque reconocen la complicada situación económica del país, han redoblado esfuerzos para continuar con estas obras cruciales para el control de inundaciones.

Por otro lado, intendentes de la zona expresaron su sorpresa al observar que el Fondo Nacional de Fideicomiso para Infraestructura Hídrica, creado por el Decreto N° 1381/2001, cuenta con los fondos suficientes para saldar las deudas con las empresas contratistas y para continuar los trabajos.

Lo que resulta más preocupante es que estos fondos han sido depositados en plazos fijos, generando ganancias para el Estado a costa de la paralización de las obras.

Esta situación podría interpretarse como una maniobra deliberada para ahogar financieramente a las empresas contratistas, derivando en un posible delito penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que siempre se contó con los fondos necesarios para cumplir con los pagos establecidos en los contratos y la ley.

Además, el Gobierno Nacional continuó recaudando los impuestos que, por ley, deben ser destinados exclusivamente a obras de infraestructura hídrica. Esta situación podría implicar responsabilidades penales para los funcionarios por malversación de recursos públicos.

Si bien la ley Bases y el decreto reglamentario 713/24 permite al Gobierno Nacional renegociar o rescindir los Contratos de Obras públicas, esta decisión debería haber sido comunicada oportunamente a los contratistas además de ser obligatorio realizar un informe técnico económico que demuestre la conveniencia de una posible rescisión o renegociación.

Sin embargo no solo no existió dicha comunicación sino que siempre se informo que estas Obras se encontraban dentro de las prioritarias para continuar dado que el master plan del Rio salado superaba el 80% de ejecución.

Prueba de ello es que se vinieron certificando los trabajos por parte del Gobierno Nacional hasta la fecha, con el agravante que en el mes de enero de 2025 se les solicitó por escrito a las contratistas ¨incrementar el ritmo de Obras¨, muy a pesar de encontrarse en grave mora el estado Nacional por la falta de pagos.

Un productor agropecuario vecino a las obras del río Salado resaltó que, de judicializarse el conflicto en el sector medio de la cuenca, se frustraría el Plan Maestro Integral del Río Salado que se viene ejecutando desde hace más de 20 años. Esto impediría la continuación de las obras necesarias para evacuar los excedentes hídricos provenientes del 70% de la Provincia de Buenos Aires y de las provincias de San Luis, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.

¨Basta con que una de las empresas quiebre para que las obras en ese sector no puedan continuar por muchos años¨, precisó.

La judicialización de las obras en la cuenca del río Salado, derivada de conflictos entre frentistas privados, contratistas y el Estado por el abandono de los terrenos intervenidos, podría paralizar indefinidamente el Plan Maestro Integral del Río Salado.

Obras esenciales para mitigar inundaciones

Este plan, que lleva más de 20 años en desarrollo con el esfuerzo de todos los contribuyentes, es esencial para mitigar inundaciones y potenciar la producción agropecuaria en la región.

La interrupción de las obras no solo afectaría la economía local, sino que también aumentaría la vulnerabilidad de vastas zonas rurales ante futuros eventos climáticos adversos.

La negligencia en esta situación es incalculable si se evalúan los conflictos y las pérdidas que esta decisión apresurada podría traer al país.

Es aún más preocupante cuando se constata que ¨no se trata de falta de fondos¨ , ya que existen fondos depositados en plazos fijos, provenientes del Fondo Hídrico Nacional, suficientes para continuar y culminar esta etapa de las obras.

La paralización de estas obras no solo afecta a las empresas contratistas, sino también a miles de productores y habitantes de la región que dependen de estas infraestructuras para proteger sus tierras y garantizar su producción.

La continuidad y finalización de las obras en la cuenca del río Salado son esenciales para mitigar futuros desastres naturales y promover el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.