La Legislatura de Jujuy aprobó el proyecto oficial de creación del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) que será obligatorio para tener atención en los hospitales públicos de esta provincia, excepto para quienes no superen ingresos mensuales equivalentes a dos salarios mínimo, vital y móvil, y no cuenten con cobertura de una obra social o de una prepaga. La decisión generó cuestionamientos de varios sectores, por considerar que se busca cargar sobre el sector de la sociedad que no tiene obra social y que, al mismo tiempo, tiene ingresos apenas por encima de la pobreza, el bache que produjo en el sistema de salud provincial "la motosierra" que aplicó la Nación en los programa de salud.
24 de diciembre 2024 - 00:00
Polémica en Jujuy por el seguro obligatorio para la atención en hospitales públicos
Las voces críticas señalan que atenta contra el derecho universal de acceso a la salud, que consagra la Constitución. El oficialismo aseguró que es el único camino para cubrir el bache que provocó en el sistema la motosierra del Gobierno nacional. Tratamiento sobre tablas y ausencias.
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La iniciativa fue presentada sobre tablas y fue acompañada por la firma de 16 de los 30 miembros del bloque radical, aunque no contaba con la firma del presidente de la comisión de Salud Pública, Omar Gutiérrez. "Ameritaba que entre todos podamos sacar una buena ley, se habló de proteger a los más vulnerables y está ley ataca a esos sectores, sobre todo, a aquellos que están en la economía informal. Además, la Constitución provincial garantiza la salud pública", señaló en la sesión el legislador peronista Martín Fellner, quien remarcó que el proyecto no fue tratado en comisiones y fue ingresado con las firmas justas, sin consenso.
La propuesta oficial, que está a la firma del gobernador Carlos Sadir para su promulgación, señala que para acceder a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio, todavía gratuito, se deberá abonar el equivalente "al menor valor vigente de cinco (5) consultas médicas" del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. Quien lo pague, alrededor de $50.000 mensuales, recibirá una "Credencial Digital" con la que podrán "gozar de las prestaciones" médico asistenciales. Los únicos que quedarán exceptuados serán los que hagan el trámite y acrediten que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir, cuyos ingresos no llegan a los $543.142.
En el eje argumentativo del proyecto de ley se indica que el Estado nacional dejó de enviar recursos para financiar la salud y "deben instrumentarse nuevos mecanismos para solventarlo". "Toda asistencia sanitaria, posee un costo. Éste, en caso de personas carentes de recursos y sin obra social, es solventado por el Estado provincial. En esa línea, resulta de público conocimiento que, por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían", expresa uno de párrafos de la iniciativa de ocho páginas presentada por el radical Santiago Jubert.
También se indicó que el Programa Federal Incluir Salud representa un costo mensual de $516.140.000 para el Ministerio de Salud jujeño, de los que el Estado nacional sólo aporta $19.813.132, en la actualidad. "El Gobierno nacional recortó y nos preocupan las personas que atraviesan VIH o que necesitan un trasplante. Como sí nos preocupa, nos hacemos cargo”, expresó en la sesión el diputado radical Juan Brajcich para defender la creación del seguro.
Desde el peronismo, el legislador y expresidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, Rubén Rivarola, señaló que "si no se hace esto se va a fundir el Instituto de Seguros de Jujuy porque el que tenemos en Buenos Aires -en referencia al presidente Javier Milei- cada vez nos quiere cortar más las cosas. Creo que esta es la única solución". "Estamos hablando de $50.000, cuando cualquier obra social sale mínimamente $400.000. No me digan que no pueden pagarlo, estamos hablando de diez gaseosas para tener salud", expresó.
En las últimas horas y en varios medios jujeños, el Ministro de Salud local, Gustavo Bouhid, defendió el SEPROSA, al manifestar que "está pensado sólo para aquellas personas que tengan capacidad de pago y, quienes no, deberán pasar por un trámite burocrático para demostrar su situación". Aseguró que está pensado desde un punto de vista solidario, en donde "los que más tienen puedan aportar al sistema y sostenerlo para los que menos tienen".
Voces críticas
Una de las primeras críticas al sistema aprobado surgió del gremio estatal ATE, cuya secretaria adjunta, Patricia Taritolay, señaló: "Nosotros vamos a defender siempre el derecho del trabajador a un acceso a una salud pública, abierta, democrática y que sea para todos. Si, como dicen muchos, no hay plata porque el Gobierno nacional no manda, nosotros tenemos que apuntar a que la mande y que no se perjudique a las provincias". "Que a la plata la saquen de los megaempresarios porque son ellos quienes tendrían que estar pagando y no los trabajadores, cuya mayoría es pobre o indigente", concluyó.
La diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, aseguró que la sanción de esta ley "le pone fin a la gratuidad de la salud pública, lo que es inconstitucional porque la Constitución Nacional establece el derecho universal a la salud de todas las personas y esto va en dirección contraria". Reveló que el proyecto no pasó por la comisión de Salud Pública, pero que en días previos a la sesión en la que se lo aprobó, apareció la firma de un despacho para llevarlo al recinto “que parece que firmado en el pasillo". Recordó que hubo parlamentarios ausente, como el presidente de la comisión de Salud Pública, Gutiérrez, del bloque oficialista Frente Cambia Jujuy. "No querían quedar manchados por esto. La mayoría lo acompañó, nosotros como bloque, que somos tres diputados del PTS, expresamos el rechazo a esta ley", dijo.
La senadora nacional jujeña Carolina Moisés, del bloque Unidad Ciudadana, también se expresó en contra del SEPROSA, al que calificó como "una barbaridad desde los fundamentos y en todos sus artículos". "Esta ley literalmente elimina el acceso al sistema de salud pública para más del 50% de la población jujeña que se atiende en hospitales y centros de atención primaria. Ahora, cualquier persona que gane más de dos salarios mínimos -aproximadamente $540.000- deberá pagar para acceder a estos servicios", dijo.
El diputado nacional tucumano Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, opinó en consonancia, al sostener en X que "en Jujuy han decidido que todos los ciudadanos deben pagar un 'seguro' obligatorio para poder ser atendidos en el sector público o “privado” de salud. Aquellos que no puedan pagarlo deberán “demostrar” su pobreza, de no hacerlo NO serán atendidos".
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