Jorge D'Onofrio presentó este lunes su renuncia como ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires aduciendo "motivos personales", pero en momentos en que se encuentra envuelto en el escándalo por supuestas irregularidades en los trámites para las fotomultas y la VTV, causa en la que está imputado desde mediados de diciembre.
Qué pasará con el escándalo de las fotomultas tras la salida de D'Onofrio en la Provincia
El ahora exfuncionario bonaerense está siendo investigado por la Justicia por la presunta trama de gestores que anulaban fotomultas a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción y por una denuncia de irregularidades en las contrataciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La causa está a cargo del juez Adrián González Charvay del juzgado de Zárate-Campana.
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El gobernador Axel Kicillof agradeció, en un comunicado, el trabajo desempeñado por D´Onofrio, dirigente del riñón de Sergio Massa, desde su asunción en enero de 2022 y anunció que lo reemplazará el también dirigente massista, Martín Marinucci.
La causa, que involucra a D'Onofrio, está a cargo del juez Adrián González Charvay del juzgado de Zárate-Campana. El ahora exfuncionario bonaerense está siendo investigado por la Justicia por la presunta trama de gestores que anulaban fotomultas a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción y por una denuncia de irregularidades en las contrataciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
En una entrevista, el dirigente massista había respondido a las denuncias que lo acusaban de eliminar fotomultas de tránsito a cambio de retornos. "Es imposible borrarlas", aseguró. Además, había pedido que la Justicia acelere los peritajes.
En una carta presentada este lunes, al momento de su renuncia, D'Onofrio aseguró que su renuncia "indeclinable" se debía "a cuestiones estrictamente de salud que me impiden poder desempeñar correctamente mis funciones como lo hice desde el primer día que asumí esta responsabilidad". Sin embargo, posteriormente , agregó: "En este último tiempo, fui objeto de denuncias infundadas sobre mi gestión que afectaron mi vida personal, es por ello, que confío en que la Justicia accione rápidamente ante esta situación y no queden dudas de mi honorabilidad".
Además del funcionario bonaerense, también están involucradas en la misma causa las hermanas concejales peronistas de Pilar Claudia y Roxana Pombo. El fiscal de Campana, Sebastián Bringas, solicitó investigar la relación entre ellas y D'Onofrio.
Entre los imputados también figuran asimismo Agustina Cuadra, hija de Claudia Pombo; Facundo Asencio, su exyerno; Héctor Marcelo Suárez Basail, su medio hermano y al juez de faltas, Mario Quattrochi.
Además, de la imputación, la justicia también solicitó las declaraciones juradas patrimoniales del ahora exministro, informes de su salario y que se investigue a su círculo íntimo para conocer los movimientos de dinero.
Según apunta la Fiscalía, el funcionario se habría enriquecido y lavado dinero de coimas que presuntamente recibieron por eliminar y reducir infracciones de tránsito cometidas en territorio bonaerense.
El negocio detrás de las fotomultas y el rol de Leandro Camani
La facultad de regular el tránsito y sancionar infracciones en Argentina recae en la Nación, que delega estas funciones a las provincias, y éstas, a su vez, a los municipios. En Buenos Aires, la gestión de las fotomultas está concesionada a empresas privadas, que son responsables de instalar y mantener las cámaras, además de procesar las infracciones.
Una de las figuras más conocidas de este esquema es Leandro Camani, dueño de Secutrans, una firma que gestiona más de 1.500 cámaras en municipios clave como Mar del Plata, Morón y La Matanza.
¿Pero, quién es Leandro Camani? El titular de Secutrans tiene un pasado vinculado al entretenimiento y la farándula. Dueño de boliches como Fabric Club y Beara, este último vinculado a una tragedia en 2010 por la que fue procesado y luego absuelto, Camani también ha tenido notoriedad en los medios por relaciones con figuras públicas como Nazarena Vélez. A pesar de las controversias, consolidó su posición en el sector de las multas de tránsito, un negocio altamente rentable pero cuestionado.
Un aspecto crítico del modelo de Secutrans es la cantidad de multas que resultan nulas. Según datos de juzgados bonaerenses, entre el 60% y 70% de las fotomultas emitidas tienen errores que las invalidan, como actas mal confeccionadas. Sin embargo, estas multas son procesadas de igual manera, dejando la responsabilidad de impugnarlas al infractor. Esto genera una carga adicional para la Justicia de Faltas y plantea dudas sobre la transparencia del sistema.
Aunque legalmente se debe beneficiar al conductor ante dudas o irregularidades en las actas, el volumen de multas inválidas pone en tela de juicio la eficiencia y ética del modelo de concesión. Además, se refuerza el debate sobre la privatización de funciones públicas esenciales, especialmente en un contexto donde los errores son la norma más que la excepción.
El negocio de las fotomultas, a pesar de sus fallas, se mantiene como una fuente de ingresos significativa para los municipios y las empresas involucradas. Sin embargo, la falta de controles efectivos y la alta tasa de nulidad evidencian la necesidad de reformas urgentes.
Quién es Mariano Campos, otro de los nombres detrás de la empresa de fotomultas
Mariano Campos se asume como "consultor financiero, experto en mercado de capitales y asesor económico". Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), su carrera profesional lo vio dar clases en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), desempeñarse en "distintas áreas locales y regionales en Citibank" y en el directorio de las compañías fiduciarias y de fondos de inversión de Citicorp.
Durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Campos se desempeñó como titular de Vialidad provincial y fue subsecretario de Transporte en los años 2016-2018. El exfuncionario bonaerense finalmente renunció a su cargo en medio de una de las crisis políticas que atravesó el gobierno de Cambiemos.
El empresario es socio de Matías Trejo, y, según consignó el portal Mundo Gremial, ambos lograron instalar a Secutrans, de Leandro Camani, como la principal beneficiaria detrás del negocio de las fotomultas en los distritos bonaerenses.
Camini firmó el convenio de la concesión de las fotomultas en noviembre del 2019 para, desde el 2020, comenzar a trabajar en la provincia de Buenos Aires. En total, la empresa colocó 1.500 cámaras distribuidas en los municipios de Lezama, Chivilcoy, Escobar, San Antonio de Areco, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Martín y Mar del Plata.
En los últimos días, a raíz de denuncias de actas mal confeccionadas la polémica puso en el centro del foco a la compañía concesionaria que facturaba casi u$s1 millón por día.
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