Son 18 las provincias que firmaron con la Nación la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para hacer "borrón y cuenta nueva" con las deudas que tiene el Gobierno con esas administraciones en distintos conceptos. El empantanamiento del tratamiento del Presupuesto 2025 en el Congreso y las casi nulas posibilidades de que el tema se incluya en sesiones extraordinarias facilitaron el sí de los gobernadores, necesitados de alguna vía para conseguir recursos. Tucumán y Córdoba avanzan, mientras Catamarca se aseguró recursos estratégicos mineros.
19 de diciembre 2024 - 12:16
Tucumán, Córdoba y Catamarca buscan asegurarse recursos estratégicos para hacer un "borrón y cuenta nueva" con Nación
Jaldo va por una estación ferroviaria de alto valor, Llaryora por la fábrica FADEA y Jalil le puso el gancho a recursos mineros.
Jaldo suscribe la adhesión al régimen, bajo la atenta mirada de Caputo y Catalán.
La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, recibieron en la Hacienda a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Osvaldo Jaldo (Tucuman), para firmar las cartas de intención tras la adhesión voluntaria de las provincias al régimen creado por el Decreto Nº 969/2024. En días subsiguientes, expresaron esta misma voluntad para trabajar en simplificar las deudas y acreencias entre la Nación y las provincias, los gobiernos de Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
"El principal objetivo de este régimen es terminar con conflictos cruzados y avanzar en su resolución con diálogo y consenso entre las partes. Se apunta a acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas", se señaló desde la Casa Rosada. La operación consistirá, en esencia, en que el Gobierno entregue tierras, rutas o empresas para liquidar pasivos que mantiene con las provincias.
Desde el kilómetro cero de la gestión del presidente Javier Milei las provincias reclaman deudas de retenciones del impuesto a los combustibles líquidos que Nación realiza pero no transfiere, partidas para obras públicas -por convenios que se firmaron e incumplieron-, el pago del Fondo Compensador del Consenso Fiscal y de los fondos Fiduciario para el Desarrollo Provincial, de Infraestructura Regional y del Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros. En la mayoría de los casos, a los gobernadores los asiste la razón porque se trata de fondos asignados por leyes que el Poder Ejecutivo incumple, bajo la justificación de aplicar la "motosierra" para cuidar los recursos nacionales y alcanzar el "déficit cero".
Uno de los primeros en firmar el acuerdo fue Jaldo, con la idea de no quedarse con las manos vacías y ya gestiona que pase para la administración provincial la centenaria y operativa estación ferroviaria "Bartolomé Mitre", del Ferrocarril Central Argentino, que se encuentra casi en el centro de la capital tucumana. Una vez que concluya la ingeniería legal y técnica del pase, la Casa de Gobierno impulsaría el desarrollo comercial e inmobiliario en el predio y ya habría empresas nacionales interesadas.
Por cuerda separada, este distrito también afina el lápiz para la provincialización de las 3.000 unidades habitacionales del ya desaparecido Programa PROCREAR que quedaron abandonadas y sin financiamiento nacional. El ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, y el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, Rodrigo Aybar, ya firmaron una carta de intención para la transferencia del predio y las obras, pero restan los cálculos que ingresarían en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Una vez que esto concluya, será la gestión de Jaldo quien deba consiguir vías de financiamiento para la mega obra de viviendas.
Amagues
Córdoba fue una de las últimas provincias en las que la Legislatura aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo local de adhesión al sistema de "borrón y cuenta nueva". A diferencia de Tucumán, uno de los principales escollos de la Nación con el gobernador Martín Llaryora, es el reclamo por distintas vías -incluso por la judicial, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- de acreencias por la Caja de Jubilaciones. Desde la Docta se señala que la Nación les adeuda $700.000 millones. A esta cifra, el gobierno cordobés le suma unos $890.000 millones por el no pago de obras que terminó financiando la provincia, además de otros $600.000 millones por partidas y programas de distinta naturaleza. Hasta hoy, no hubo acuerdo.
Aunque desde la Casa de Gobierno se deslizó que no hubo un pedido oficial, desde la Casa Rosada fue el propio jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien admitió en noviembre que el gobernador Llaryora tenía interés en que se provincializara la Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín" SA (FADEA). De este modo, puso en la superficie una negociación que se estaba realizando lejos de cualquier mirada. Desde entonces, nadie negó que el diálogo por este tema se haya cancelado.
El interés de Llaryora pasa porque la fábrica de aviones detenta un alto valor estratégico por desarrollar sus tareas con tecnología de punta y compite con firmas del mismo rubro en Latinoamérica. Por ejemplo, se destaca en el ensamblaje de aerogeneradores de energía, además de sus características piezas de fuselajes, alas, estabilizadores, superficies de control, cañerías hidráulicas y de combustible, arneses de cableado eléctrico y sistemas electrónicos. La participación del Estado provincial le permitiría a Llaryora contar con recursos que ya no garantiza la Nación.
Jalil sacó ventaja
El gobernador catamarqueño Jalil fue otros de los que firmó con la Nación y logró pases estratégicos, como el del establecimiento minero de Minas Capillitas y el control en la designación de la presidencia de la minera YMAD.
"Fue histórico el acuerdo con Nación porque se logró incluir dos acciones estratégicas para el futuro de nuestra provincia y el sector minero", describió el mandatario. Sobre la transferencia del establecimiento Minas Capillitas, cambiará de manos con la totalidad de su personal, funciones, competencias, servicios y bienes materiales e inmateriales para ser operados por la estatal minera provincial Camyen. Y en cuanto a Yacimientos Minerales Aguas del Dionisio, el nuevo directorio de la empresa minera modificará su composición y pasará a tener tres representantes de Catamarca y dos por la Universidad Nacional de Tucumán, sin intervención ni participación del Estado nacional. Mientras que la distribución de los fondos de YMAD será de un 60% para Catamarca y el 40% restante para la UNT, "sin condiciones sobre su destino", se aclaró.
También se acordó que serán transferidos más de 500 bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional a la Provincia, los cuales tienen una valuación fiscal total superior a los $9.000 millones. El Ejecutivo catamarqueño estableció prioridades sobre estas propiedades, en las que figuran locaciones como el Senasa, Chagas y la ANSES, aunque la gran mayoría forman parte todavía del INTA.
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