El Gobierno tiene un plazo de cinco días para producir el informe de contestación a los argumentos de la UBA, en relación a la medida cautelar presentada para evitar que se lleve a cabo la auditoría por la SIGEN. El mismo fue impuesto por el juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick.
Auditoría a la UBA: el Gobierno tiene un plazo de 5 días para responder la cautelar
De esta manera, el Poder Ejecutivo deberá argumentar las razones por las cuales la SIGEN tiene que auditar a la Universidad de Buenos Aires.
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El Gobierno debe responder a a la cautelar de la UBA.
De esta manera, Cormick se declaró competente para entender en la demanda presentada por la UBA y dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional y la SIGEN produzcan en cinco días el informe previsto ante el pedido de la medida cautelar. El juez quedó a cargo del caso por sorteo, luego que ayer la UBA recusara sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán.
La fiscalía concluyó que el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal es el que debe intervenir en la demanda porque, para resolver, "será necesario recurrir de modo preponderante al análisis y aplicación de principios y normas de derecho público constitucional y administrativo", de acuerdo al dictamen al que accedió NA.
El pedido de cautelar
La UBA presentó el lunes pasado una "acción declarativa de certeza" para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que mientras se resuelve se dicte una medida cautelar que lo impida.
En el escrito de demanda se pidió la cautelar para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se "abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno".
Esto teniendo en cuenta que el Gobierno "decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello", advirtió la demanda de la UBA.
En la demanda se busca que la Justicia "declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional".
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