Vicentin, en jaque: sin fondos para salarios, deuda millonaria y riesgo de corte de energía

Sus inversores estratégicos no confirman nuevos contratos y la Justicia mantiene el foco en la causa contra exdirectivos.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.300 millones. 

La crisis de Vicentin no encuentra salida. La agroexportadora, en default desde diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.300 millones, atraviesa uno de sus momentos más complicados: todavía no cuenta con los fondos para pagar los sueldos de marzo, su principal fuente de ingresos -los contratos de fasón- se mantiene en suspenso y acumula una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que pone en riesgo el suministro de energía en sus plantas.

El futuro de la compañía depende de su capacidad para obtener materia prima, ya que actualmente no puede operar con granos propios y necesita que grandes jugadores del sector le envíen mercadería para procesar. Sin embargo, esta semana, Fabián Lorenzini, el juez a cargo del concurso de acreedores convocó a Bunge-Viterra y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), dos de los inversores estratégicos de la empresa, para definir si continuarían con los fasones, pero ninguna de las partes se presentó. Esto generó una nueva ola de incertidumbre, tanto dentro de la empresa como entre los acreedores que buscan una salida a la crisis.

Exdirectivos de Vicentin, presos

Mientras tanto, la situación financiera sigue deteriorándose. En febrero, Vicentin pagó los sueldos en tres cuotas y en marzo el panorama no es más alentador. Con ingresos limitados y costos fijos elevados, el margen de maniobra de la firma es cada vez menor y según adelantan en el sector, la empresa está al borde del colapso total.

A los problemas financieros y la falta de materia prima se suma una deuda millonaria por consumo eléctrico que podría derivar en la interrupción del suministro. Vicentin adeuda más de $408 millones a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, de los cuales $300 millones corresponden a facturas vencidas en febrero. Las autoridades de la cooperativa ya advirtieron que, si la empresa no presenta un plan de pago concreto, se procederá al corte de energía en sus plantas industriales, lo que comprometería aún más su operación.

En paralelo, la Justicia santafesina avanza con la causa contra exdirectivos de la compañía. La semana pasada, el juez Nicolás Falkenberg dictó prisión preventiva por 120 días para Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, exejecutivos de la agroexportadora, bajo las acusaciones de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita. La fiscalía los investiga por maniobras que habrían perjudicado a los acreedores y malversado más de $6.000 millones.

Según la investigación, los directivos habrían armado una estructura financiera para desviar fondos mientras la empresa ya se encontraba en crisis, a través de triangulaciones con empresas vinculadas y la emisión de facturas apócrifas. Además, se los acusa de continuar operando a sabiendas de que la compañía era insolvente, generando nuevos compromisos de pago que nunca se saldaron.

Con el tiempo en contra y sin soluciones concretas, los próximos días serán clave para el futuro de Vicentin. Sin fondos asegurados para los sueldos, con la amenaza de un corte de energía y sin nuevos acuerdos de fasón que le permitan operar con normalidad, la empresa enfrenta el riesgo de una paralización total de sus plantas.

La falta de definiciones por parte de los inversores estratégicos y el impacto de la causa judicial contra sus exdirectivos solo suman más dudas sobre el futuro de la agroexportadora. Con una crisis que se profundiza y un concurso de acreedores que sigue sin resolverse, Vicentin transita horas decisivas que podrían marcar un punto de no retorno.