Advierten por el "costo judicial": la litigiosidad aumentó 6,8% en 2024 respecto de 2023

Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advierten que los porcentajes de siniestralidad no son tan elevados respecto de otros países, pero ponen señal de alerta por el incremento de la litigiosidad.

Desde la UART, advierten por el nivel de litigiosidad de las empresas. 

El año pasado fue escenario de un altísima litigiosidad en las empresas argentinas y se alcanzó un total de 125.842 nuevos juicios laborales, 6,8% más que en 2023, únicamente por Riesgos del Trabajo. Solo en diciembre, se iniciaron 8.910 demandas en el país.

Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advierten que los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo.

Y agregan que "la cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver", que no sólo impacta implacable sobre el sector, sino que "estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo".

Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

UART

Así, indican que este escenario la baja las chances a los trabajadores "de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART, socavando la solvencia del sistema".

En 2023, las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y ,si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó acerca de esta distorsión, 2024 adicionó 6.8%, lo que sumó casi 8.500 demandas más.

Ranking de litigiosidad por provincias

En orden de participación, la Provincia de Buenos Aires es la más litigiosa, con un total anual de 50.584 juicios (en diciembre, sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4,5%. Le sigue CABA, con 22.946 litigios en el año. Y el tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 (1137 solo en diciembre) y un incremento anual explosivo de 21,5%. En cuarto puesto, está Córdoba con 10.424 anuales (650 se sumaron en el último mes) y un aumento interanual de 4.2%. La sigue en el podio de las cinco grandes es Mendoza, con 9.857 totales (661 en diciembre), y un aumento del 18%.

Una deuda de la Justicia

Según el análisis de UART, estos números, que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27.348 y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en CABA, en crear los Cuerpos Médicos Forenses en ellas.

Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales, muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema.

"Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348, determinó 15 días hábiles, lapso que rige en CABA. Estos ocho años de retraso en adecuarse a lo exigido por Ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida", dice UART.

En ese contexto, desde la entidad, resulta urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral, constituyendo, tal como lo prevé claramente la Ley:

• Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.

• Que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias.

• Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.

"Si nuestro país quiere reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este 'costo judicial argentino', que se convirtió en un costo estructural, denunciado ya por todos los actores de nuestra economía", advierte la entidad.