La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este lunes el embargo que pesaba sobre una cuenta que Argentina tenía en la Reserva Federal, una decisión que se convierte en una nueva victoria judicial para los fondos de inversión que tenían deuda en default desde 2001 y que no habían ingresado a los canjes de deuda y acuerdos que el país ofreció en tres oportunidades (2005, 2010 y 2016).
Argentina perdió otro juicio en EEUU: la Corte Suprema autorizó a embargar activos en ese país para pagar a bonistas
Es un fallo de la Corte Suprema de EEUU. Se trata de fondos buitre que compraron bonos en default del 2001 a tenedores que no entraron ni al canje del 2005 ni al del 2010.
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En concreto, la Corte Suprema rechazó dar lugar a una apelación presentada por la Argentina, a través de la cual el país cuestionaba el embargo de una cuenta que estaba a nombre del Banco Central en la Reserva Federal. En esa cuenta había, desde marzo de 2023, un remanente de dinero que había quedado luego del vencimiento de unos bonos del Tesoro norteamericano que la Argentina había recibido como garantía durante el Plan Brady.
Para entender la decisión de la Corte Suprema hay que remontarse a la década de 1980. En ese momento, una crisis de deuda que afectó a toda América latina impulsó al gobierno de los Estados Unidos a interceder, ya que los principales acreedores de la región eran los bancos norteamericanos. En ese contexto, el secretario del Tesoro Nicholas F. Brady diseñó un plan en el que, para evitar una crisis masiva y el quebranto de los bancos de su país, avaló reestructuración de la deuda de los países latinoamericanos garantizando esos títulos -llamados Bonos Brady- con bonos emitidos por el Tesoro norteamericano. Así, los bancos estadounidenses aceptaron reestructurar los pasivos de los países de América latina porque tenían como respaldo las emisiones del propio Estados Unidos.
En el contrato de emisión de los bonos del Tesoro que se usaron como garantía se definió que, si un país no cumplía con sus obligaciones, el bono norteamericano se ejecutaría para pagar el vencimiento. Si al momento de la cancelación total de la deuda el país había utilizado menos bonos del Tesoro de los que habían sido emitidos como respaldo, es decir, le quedaba un saldo a favor, ese saldo se depositaba automáticamente como activo del país en cuestión.
¿Por qué todo este contexto es importante para entender la decisión de la Corte Suprema? Porque lo que lograron los fondos de inversión Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master es embargar el remanente de dinero que Argentina había recibido en marzo de 2023 luego de que se vencieran los bonos Brady. Según estimaciones privadas, el monto podría rondar los US$300 millones.
La Justicia norteamericana ya había fallado en dos oportunidades en favor de los fondos de inversión. Primero fue la jueza de la Corte del Distrito Sur de New York Loretta Preska y luego la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la misma ciudad. Los demandantes habían comprado deuda en default de la Argentina en el mercado secundario y no habían ingresado en los canjes y acuerdos que ofreció el país en tres oportunidades (2005, 2010 y 2016). Se estima que representan el 3% del total.
¿Está en peligro el oro del Banco Central u otros activos?
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no afecta el riesgo de embargo de los activos argentinos, le dijo al Herald una fuente que pidió no ser identificada.
El motivo por el cual la Corte Suprema de Estados Unidos avala la presentación de los fondos de inversión es porque el dinero depositado en la cuenta no puede ser protegido por la ley de inmunidad soberana. De hecho, cumple con dos requisitos que lo convierten en un activo embargable: están depositados en Estados Unidos y, al mismo tiempo, puede probarse que fueron destinados a una actividad comercial del país, en este caso, al pago de obligaciones financieras.
En relación a la inmunidad soberana, si bien la cuenta está a nombre del Banco Central de la Argentina, la Justicia norteamericana consideró que el beneficiario último del dinero producido de los bonos era el gobierno de la Argentina.
El Herald contactó al Banco Central de la República Argentina, al Ministerio de Economía de la Nación y a la Procuraduría del Tesoro, pero ningún funcionario ni dependencia de gobierno hizo comentarios hasta el momento del cierre de este artículo.
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