Argentina realizó el primer pago de la sentencia dictada en Londres en el caso de los bonos Cupón PBI, abonando aproximadamente u$s1.400 millones a los tenedores de estos instrumentos. La demanda surgió a raíz de la presunta manipulación de los datos de crecimiento económico de 2013, lo que habría permitido al Estado evitar el pago de intereses.
Cupones PBI: bonistas cobraron u$s313 millones del fallo contra la Argentina
Desde la agrupación Argentina Exchange Bondholders, que representa a los acreedores, celebraron el desembolso y recordaron que aún quedan pendientes otros u$s1.500 millones.
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El Tribunal Superior de Londres falló en 2022 a favor de los bonistas
Desde la agrupación Argentina Exchange Bondholders, que representa a los acreedores, celebraron el desembolso y recordaron que aún quedan pendientes otros u$s1.500 millones según la resolución judicial británica. A través de la red social X, expresaron que la decisión representa un paso hacia la justicia en un litigio que se prolongó por años, cuestionando la gestión del Cupón PBI en 2014.
Cupones PBI: el caso
En 2023, la justicia británica ordenó a Argentina pagar cerca de u$s1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del Cupón PBI, tras un fallo que determinó el incumplimiento en el pago de estos instrumentos. Luego de diversas gestiones, se estableció un plazo de 45 días para saldar la deuda, que venció el 6 de diciembre sin que el país realizara el pago.
Como consecuencia, el 14 de enero, la Corte de Apelaciones del Reino Unido solicitó que el Banco Santander ejecutara una garantía por USD 313 millones. Según el analista Sebastián Maril, los bonistas podrían utilizar esos fondos para iniciar procesos de embargo y avanzar en el cobro de los u$s1.400 millones restantes.
Aún no está definido si el Gobierno argentino buscará negociar con los acreedores para alcanzar un acuerdo de pago.
Cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, presentaron en 2019 una demanda contra Argentina, reclamando el pago de los bonos “Cupón PBI”, emitidos tras la reestructuración de la deuda en 2005. Estos fondos poseían aproximadamente el 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010.
El conflicto por las cifras
El conflicto se originó a raíz de la manipulación de datos del INDEC en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino en las cifras de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI, reportando un crecimiento del 3,2% en lugar del 4,9% estimado con la base de 1993. Esta reducción impidió que se activara el pago de intereses a los acreedores, quienes debían recibir compensaciones si el crecimiento superaba el 3,3% anual. Como resultado, el gobierno en ese entonces evitó desembolsar más de u$s3.600 millones.
El Tribunal Superior de Londres falló en 2022 a favor de los bonistas, estableciendo que Argentina debía pagar 1.330 millones de euros más intereses. Desde la Procuración del Tesoro señalaron que este caso es el quinto más relevante en términos de monto demandado y que involucra bonos denominados en euros bajo legislación inglesa. Actualmente, el gobierno argentino evalúa junto a sus asesores legales las implicancias del fallo de la Corte Suprema del Reino Unido.
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