Luis Caputo apuntó contra los intendentes por el cobro de impuestos municipales

Luego de quitarles la posibilidad de "enganchar" las tasas a las facturas de servicios públicos, ahora va contra la denominada Tasa de Seguridad e Higiene que varias comunas están cobrando en función de la facturación de las empresas. Un fallo de la Suprema Corte bonaerense lo autorizó.

Caputo quiere impedir que los intendentes se queden con parte de lo que dejará de recaudar la Nación.

Luego de impedirle a los intendentes que cobren tasas municipales a través de las facturas de las empresas de servicios públicos, ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, irá por la segunda opción que tienen los mandatarios comunales de la provincia de Buenos Aires para recaudar dinero.

Se trata de la conocida como Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) y la Tasa Vial. Vale aclarar que, en rigor, por definición técnica no se trata de tasas sino de impuestos.

La diferencia que hay es que la primera funciona como un precio por una contraprestación y la segunda es una obligación de pago al Estado en función de la capacidad contributiva de la persona. Constitucionalmente los municipios en Argentina solo pueden cobrar tasas.

El problema se conoce ahora debido a que un municipio del conurbano anticipó que le va a cobrar a los supermercados del distrito una alícuota del 6% de tasa de Seguridad e Higiene que se calcula en base a la facturación del comercio. Pero esta situación ya tiene algunos años.

En 2021 la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires falló en favor del municipio de Quilmes, en contra de una petrolera por dos estaciones de servicio que tenía en el distrito. La firma había impugnado el tributo, pero el tribunal alegó que no era inconstitucional que la comuna use la facturación de la empresa para determinar el valor de la tasa.

Este año también se implementó el cobro de una alícuota en el valor del combustible que se vende en las estaciones de servicio radicadas en las comunas, conocida como Tasa Vial.

Ahora Caputo volverá a ir en contra de los intendentes, al advertir que estos tratarán de quedarse con parte de la recaudación que la Nación resignará en su política de bajar impuestos.

El ministro dijo en una charla por streaming que tuvo con funcionarios de su equipo que los jefes comunales “no van a poder cobrar sus tasas en las boletas de luz o de gas”. “Esto es un primer paso que es muy importante porque escondían las subas ahí”, detalló.

“Pero también hay otros que están yendo por mas, como el intendente de Lanús subiendo las tasas a los supermercados, en Pilar lo mismo…”, dijo.

En ese sentido, sostuvo: “entienda la gente que para que se cobre una tasa tiene que haber una contraprestación y para que la tasa suba tiene que haber una contraprestación adicional que no está habiendo”.

Al respecto, el titular de Economía anticipó: “Estamos viendo como solucionar ese problema porque lo está padeciendo el ciudadano común”.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda anticipan un nuevo conflicto político de la Casa Rosada con, sobre todo, con la Provincia de Buenos Aires. Allí, no solo el intendente de Lanús aplica el mismo criterio autorizado por el superior tribunal bonaerense, sino que también intendentes del PRO, como el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cobran “impuestos”.

¿Cuáles son las herramientas legales que dispondría el gobierno nacional?

Según explicó el abogado especializado en materia fiscal Diego Fraga a Ámbito, el gobierno nacional podría cuestionar los impuestos municipales a partir de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coparticipación. El mismo plantea que al adherir a la coparticipación las provincias, organismos autárquicos y municipios de las mismas se comprometen a no aplicar impuestos o tasas “análogos a los nacionales” que se coparticipan.

Para ello la Nación debería hacer una presentación ante la Comisión Federal de Impuestos, que regula la relación fiscal con las provincias, y hacer un planteo para así, en caso de obtener un dictamen favorable, retener parte de la coparticipación.

Fraga explicó, no obstante, que se trata de un procedimiento que demora y que no se ajustaría a las necesidades del Poder Ejecutivo que pretende disminuir rápidamente la presión fiscal global para activar la inversión.

Del mismo modo, el gobierno nacional podría efectuar un nuevo planteo de inconstitucionalidad a través de alguna empresa pública con sucursal en territorio bonaerense, hasta tratar de llevar la causa hasta la Corte nacional, pero ese procedimiento podría demorar una década, dados los tiempos en lo que se maneja la justicia.

Pero, Fraga comentó que hay algunos tribunales federales que están dando lugar a reclamos. ”Hay algunos fallos que empiezan a reconocer la posibilidad de que intervenga la justicia federal, aunque esto lo había abortado hace ya un tiempo la Corte Suprema. Si empiezan a caminar en la justifica federal podrían empezar a dar cautelares contra los municipios”, explicó el letrado.

¿Cuál es la presión fiscal de los municipios?

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en 2023 la recaudación de los impuestos nacionales representó el 22,8% del PBI de ese año. Los tributos provinciales representaron el 6,73% del PBI, mientras la presión tributaria de las comunas alcanza a poco más del 1,14% del PBI.

Su titular, Nadín Argañaraz, indicó que “más allá de que los autoricen o no la Corte, están cobrando mucha importancia” lo que incrementa lo que calificó como "carácter distorsivo" de los mismos.