En 2025 vence la ley 27.191: ¿El RIGI podrá salvar a las energías renovables?

Tanto la extensión de la Ley 27.191 como la implementación del RIGI representan una oportunidad para redefinir el futuro energético y económico de Argentina.

El RIGI permitirá el impulso de las energías renovables en Argentina y generar oportunidades de negocio y desarrollo de trabajo e industria.

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En un contexto donde las crisis energéticas son cada vez más recurrentes y los compromisos climáticos exigen acciones concretas, Argentina enfrenta un desafío crucial: potenciar las energías renovables y atraer inversiones estratégicas complementando el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos que el país posee y que son tan necesarios para la transición. Los recientes análisis sobre la Ley 27.191 y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) son avances en este camino.

La Ley 27.191, que obliga a que el 20% de la matriz energética provenga de fuentes renovables, expira en 2025. Esto deja al país en una encrucijada: ¿daremos un paso adelante hacia una economía sostenible o perderemos el impulso ganado?

Extender esta norma es una necesidad con visión de largo plazo. Además, ampliar los sujetos obligados a cumplir este estándar podría ser útil como escalón de corto y mediano plazo para fortalecer aún más el mercado, generando una red de actores comprometidos con la transición energética. También la Argentina podría explorar la regulación y desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía con baterías como de modo exitoso están desarrollando países vecinos como Chile.

El potencial de esta legislación encuentra algunas dificultades en ciertas realidades como son las limitaciones del sistema de transmisión eléctrica. Resolver estas restricciones no solo garantizará la viabilidad de nuevos proyectos de generación renovable, sino que también consolidará una infraestructura robusta capaz de soportar una transición energética real. En todo esto, sin duda el RIGI es una herramienta clave.

El RIGI, diseñado para atraer grandes inversiones, ofrece beneficios significativos, pero también exige compromiso. Proyectos con un mínimo de inversión u$s200 millones solamente pueden aplicar, salvo para algunos casos donde ese monto puede aumentar como es en el caso de la minería, junto con otros requisitos, de concretarse, garantizarán que estas inversiones tengan un impacto directo y rápido en la economía argentina. Además, los incentivos fiscales y cambiarios, como una tasa reducida de ganancias al 25% y la libre disponibilidad de divisas, crean un entorno competitivo para atraer capital extranjero. Estas medidas, sin duda podrían posicionar a Argentina como un líder regional en energía y en otros sectores estratégicos.

Sin duda, el RIGI permitirá el impulso de las energías renovables en Argentina y generar oportunidades de negocio y desarrollo de trabajo e industria. Ahora bien, ello requiere que se acompañen ciertas medidas de regulación para que la transición se convierta en una realidad como complemento del desarrollo de los recursos hidrocarburíferos que la Argentina tiene y son tan necesarios para el crecimiento del país también y balanza del Banco Central de la República Argentina.

En conclusión, tanto la extensión de la Ley 27.191 como la implementación del RIGI representan una oportunidad para redefinir el futuro energético y económico de Argentina. Pero esto no se logrará solo con leyes bien diseñadas; requerirá de una ejecución impecable y de un compromiso serio de todos los sectores involucrados.

En un mundo donde la lucha contra el cambio climático ya no es una opción, sino una obligación, Argentina tiene la posibilidad de liderar con el ejemplo proveyendo energía renovable y asequible a la vez que desarrolla sus recursos fósiles para esa transición y para el bienestar de todo la Nación. La pregunta es si seremos capaces de aprovechar la oportunidad. Esperamos y estamos convencidos que la única respuesta a esa pregunta es un rotundo sí.