La industria del juicio al acecho: peligra pyme del petróleo y gas por demanda millonaria

Una pequeña y media empresa nacional, con más de 45 años en el sector de los hidrocarburos, está entre la espada y la pared. Enfrenta en la Corte una demanda laboral que arrancó en $1,5 millón y ahora puede llegar a $42 millones. La opinión de expertos.

Los dueños de la pyme que enfrentan una demanda por más de $40 millones piden una Justicia de ojos vendados, espada en una mano y la báscula en la otra. 

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Una pyme con más de 45 años en el sector de los hidrocarburos está al borde de la fractura. Un juicio laboral que se inició con una indemnización por $1,5 millón, pero que ahora escaló a $30 millones, la puso contra las cuerdas. Por este litigio, que hoy está en la Corte Suprema de Justicia a la espera de una resolución final, peligran decenas de fuentes laborales. Pero para peor, el caso generó pavor entre los proveedores pymes del petróleo y el gas porque temen que haya una onda expansiva de la “industria del juicio” en los próximos meses.

El caso se inició en 2020 cuando un trabajador con apenas dos años de experiencia en la empresa “dejó de asistir por voluntad propia”, según cuentan los empleadores. A partir de ahí, se inició un largo camino de idas y vueltas judiciales, que ahora están por llegar a su fin. “Nos envió un cúmulo de mentiras e inventos a través de carta documento, y tuvimos que demostrar que todo era falso”, explicó consternado por la situación el emprendedor pyme, hijo del fundador de la compañía, dedicada a la fabricación válvulas industriales.

“Al revés del fuero penal, donde uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, tuvimos que presentar muchísima información, a sabiendas que había hechos imposibles de demostrar. Y él con dos testigos logró que un juez le firme a favor”, destalló el empresario afectado.

En esa primera instancia la Justicia determinó que a “E.M.” le correspondía $1.522.099 de indemnización, unos $700.000 menos de los que pidió en ese momento, que rondaban los $2,2 millones. Pero el caso siguió y en la Cámara obtuvo un fallo a favor que actualizó el monto por inflación: ahora son $29.131.309.

Si se tienen en cuenta el monto por intereses impagos, que suele aplicarse una tasa de entre 6% y 12% anual, el monto final que la Corte podría calcular es de $42.407.603. “Cuarenta y dos, el número del industricidio”, afirmó el demandado.

La pyme en el ojo de la tormenta es una exportadora de piezas complejas, de fabricación nacional, con clientes en varios países de Sudamérica, y más de 100 empleados actualmente. Posee una planta industrial con tecnología avanzada en la zona norte del conurbano bonaerense y se destaca puertas adentro de otras pymes por el trato diferencial con sus “colaboradores”, como le dicen ahora a los empleados.

Según contó su gerente general y coordinador, la empresa tiene beneficios innovadores que apuntan no solo al bienestar (medicina prepaga de primera Línea, comedor nutricional en planta, despensa económica, clases de actividad física, etc.) sino también al desarrollo y crecimiento personal, con incentivos terciarios y universitarios a quienes estudien, capacitaciones, colaboración para mejorar las vivienda del personal.

Además, resaltó el "compromiso que tenemos con el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas hasta los 16 años, a través del Programa de Padrinazgo en donde ayudamos a más de 200 menores a través de diferentes instituciones".

Menos pymes, menos empleo, menos tecnología, menos dólares

Los dueños de la pyme piden una Justicia de ojos vendados, espada en una mano y la báscula en la otra. “Sufrimos una justicia laboral que sin mirar a quien, procede del mismo modo, de forma sistemática y corporativa, sin importar si tiene en frente una pyme irregular con empleados informales y empresarios impresentables, o una empresa ejemplar que genera más y más empleo, año tras año, y es referencia en sector y el país”, lamentó el empresario.

En Argentina se calcula que hay unas 400.000 pymes, que en promedio cada una tiene 10 empleados, dando un total de 4 millones de personas empleadas, de familias con trabajo. Si solo el 20% de esas pequeñas y medianas empresas deciden cerrar sus puertas, o se ven obligadas a hacerlo por juicios laborales, el impacto escalaría a 800.000 argentinos sin empleo de un día para otro.

“¿Qué será de nuestra industria nacional si fábricas como la nuestra empiezan a desaparecer?”, se preguntó el industrial sub45. “Además de menos empleo, habrá menos inversión en tecnología de avanzada, menos políticas desarrollistas, menos bienes para la producción de distintos recursos industriales y de consumo, menos ayuda y aporte a las comunidades donde damos una mano, y menos dólares para el país, porque habrá más importaciones y la balanza comercial será deficitaria”, enumeró.

Industrial del judicio, la opinión de los expertos en derecho

Tomás Martínez Casas, socio del estudio Moreno Hueyo y especialista en asesoría corporativa a empresas nacionales y extranjeras, aseguró que la industria del juicio laboral afecta a las pymes por una doble vía. “Por un lado, todo el universo de juicios que hay hoy en trámite y la actualización de los montos que se reclaman, con una Corte Suprema que pone un freno a la forma de actualizar el capital sin definir un criterio. Y por otro, el tema de los futuros juicios laborales que puedan haber, tras la sanción de la Ley Bases”.

Según el abogado, en los últimos tiempos la Corte fue moldeando el accionar de las distintas Cámaras del fuero laboral en Capital Federal, que es donde tramita la mayor cantidad de juicios. “Les ha puesto un freno”, aseguró. Sin embargo, también consideró que “sería bueno que de alguna manera ahora la Corte fije un criterio, y que ese criterio sea el que adopten los tribunales inferiores. Y eso todavía no lo han hecho”, advirtió.

El abogado recordó que la Corte ya ha dicho que el acto de actualización que la Cámara Laboral aplicaba el año pasado era “desproporcionada”, porque generaba montos muy altos, por encima de la inflación que se registraba durante el periodo que se reclamaba. Además, recalcó, la Corte ha dicho que aplicar el 6% de tasas también resultaba excesivo. “Sería bueno que la Corte fije cuál es el índice bajo el cual se deben actualizar las sentencias y tener fallos un poco más razonables, y no como los que hemos encontrado durante este último tiempo”, remarcó el letrado, con amplio expertise en operaciones de M&A y conflictos societarios.

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Por otro lado, Martínez Casas puso el énfasis en los futuros juicios. “La Ley Bases sentó una base -valga la redundancia- respecto de qué puede ocurrir con las indemnizaciones laborales. Ahí está la posibilidad de fijar algún tipo de seguro o algún fondo de desempleo, que permita que el empleador no tenga que hacer una erogación muy grande al momento de despedir personal”, comentó, y subrayó que ese fondo debe estar homologado por sindicatos para entrar en vigencia, situación que todavía está en discusión con los gremios.

Pero para el experto, la industria del juicio no va terminar ahí. “Ese es un buen precedente, aunque tiene que haber una reforma laboral más integral”, agregó. “La Ley Bases ha hecho un intento de empezar a marcar determinados cambios, pero creo que todavía falta bastante”, enfatizó.

Otro abogado con muchos años de experiencia en estos casos es Francisco Berdaguer, defensor del sector de los empresarios pyme de estaciones de servicio y sus cámaras. Según este especialista, la “industria del juicio laboral” creció en los últimos años porque el monto del reclamo se incrementa sustancialmente por aplicación de las multas por Ley de Empleo.

“Con la inflación de los últimos años, el fuero laboral empezó a implementar cálculos y fórmulas de intereses muy elevados. Un juicio donde se reclamaba $400.000, pasaba que con las multas e intereses se incrementaba en tres años a 10 a 15 veces el monto nominal. O sea, al tema de las multas, se le agregó las pautas de actualización de intereses”, sostuvo el titular del estudio Berdaguer-Rojo Vivot- Silvero- Canziani&Uriburu.

Berdaguer añadió que a las pymes se les notifican las sentencias en "épocas de vacas flacas" por la recesión estructural, lo que da un “coctel” que termina siendo explosivo. “En otras palabras un juez le dice a una pyme que tiene que pagar una fortuna de pesos en un momento en que está en crisis”, reflexionó. “Sin dudas lo funde, o le da vuelta un balance”, agregó.

Y como si fuera poco, el abogado indicó que este perjuicio económico que tienen las pymes se les suma otro factor negativo, que es la incertidumbre. “Es difícil planificar cuando no existen criterios uniformes para actualizar montos de sentencia. Actualmente, el fuero laboral no tiene uniformidad de criterio para actualizar sentencias. Existe anarquía en las cámaras laborales”, alertó.

Al igual que Martínez Casas, Berdaguer se entusiasma con las últimas iniciativas del Gobierno para frenar la industria del juicio, pero con expectativas moderadas. “Es de esperar que con la nueva normativa se estimule el crecimiento del empleo registrado, para ir bajando de a poco esa contingencia que hoy tienen. Y también es de esperar que si baja la inflación, el fuero consensue nuevamente pautas de intereses, que sean razonables y proporcionadas”, concluyó.

Los que esperan una decisión razonable y proporcionada son los fabricantes de válvulas industriales del conurbano bonaerense.