Provincia de Buenos Aires alertó por una medida de Nación que afecta la "estabilidad" del sistema eléctrico

Desde la Provincia advirtieron que el Gobierno nacional avanza sobre cooperativas de electricidad: impide el cobro en las factuas de luz de un fondo que compensa costos. "Las pequeñas distribuidoras municipales corren peligro", advirtieron.

"Si el Fondo Compensador no existiera, más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires perderían su capacidad para sostener el servicio eléctrico", alertaron.

DCD ES

El gobierno de la provincia de Buenos Aires alertó que la decisión de la Nación de impedir los cobros adicionales en las facturas de luz pone en jaque la percepción del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias y, con ello, corre riesgo la "estabilidad" del sistema eléctrico bonaerense. Por esta medida, advirtieron, más de 100 municipios perderían la capacidad de brindar el servicios público a sus vecinos.

Según un documento oficial al que accedió Energy Report, a partir de la decisión del Gobierno nacional de Javier Milei de intentar impedir el cobro del Fondo en las facturas del servicio eléctrico de las distribuidoras y cooperativas eléctricas, el escenario de las pequeñas distribuidoras municipales "corre peligro".

Desde la Provincia explicaron que el Fondo de Compensación Tarifaria es uno de los tres conceptos propios del servicio público eléctrico. Los otros dos son la Contribución provincial y municipal y la Tasa de Alumbrado Público. "Estos tres conceptos son esenciales para la sostenibilidad del sistema eléctrico provincial y permiten garantizar la continuidad, calidad y uniformidad del servicio", indicaron.

El problema surgió con la Resolución Nº 267/2024 publicada en el Boletín Oficial, que según dicen en Provincia, pretende quitar de la factura uno de los tres conceptos fundamentales e inherentes al servicio eléctrico: el del Fondo Compensador.

El Fondo fue creado a través del Artículo 45 de la Ley 11.769 y tiene el propósito de compensar las diferencias de costos propios de distribución reconocidos entre los distintos concesionarios provinciales y municipales. Esta medida -detallaron- posibilita que usuarios de características similares de consumo en cuanto a uso y modalidad, abonen por el suministro iguales cantidades de energía eléctrica e importes equivalentes independientemente de las particularidades de su ubicación geográfica o forma de prestación.

Desde el gobierno de Axel Kicillof remarcaon que este Fondo resulta de "vital importancia" para la estabilidad del sistema eléctrico provincial, en tanto, que asegura la "prestación uniforme de los servicios públicos en cuanto a la continuidad, calidad y precio".

Pero además, subrayaron que "preserva la equidad e igualdad entre todos los prestadores y contribuye a alcanzar un régimen tarifario y de prestación de servicios único".

Datos de la provincia de Buenos Aires indican que 197 de los 204 prestadores de servicios eléctricos reciben este Fondo, con montos que varían según características como el grado de ruralidad y el tamaño de cada distribuidora. Con ese dinero se busca "reforzar" a aquellas distribuidoras más rurales y de menor tamaño.

"Si el fondo compensador no existiera, más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires perderían su capacidad para sostener el servicio eléctrico", alertaron.

Choque de leyes, conflicto de intereses: ¿quién tiene la razón?

El marco regulatorio que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires aprobado por la Ley 11.769, prevé en el Artículo 78 la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación del servicio eléctrico. El choque de leyes se produce con la norma de la Nación, que nolo quita de las facturas de luz los conceptos propios del servicio eléctrico, sino los ajenos.

"La factura, como documento, configura un instrumento para otorgar operatividad al derecho de los usuarios, y les provee directamente información adecuada y veraz no solamente sobre su modalidad de consumo, sino también sobre sus derechos y obligaciones relacionados con el servicio público de electricidad", sostuvieron desde territorio bonaerense.

Los abogados del gobierno bonaerense aseguran la Resolución 267 "no resulta de aplicación directa", ya que la Provincia ha dictado diversas normas reglamentarias y complementarias para implementar el Fondo, y choca con la legislación vigente.

"La decisión del Gobierno nacional avasalla el marco regulatorio provincial y atenta contra las cooperativas eléctricas bonaerenses, fundamentales para garantizar el acceso a la electricidad en áreas que a menudo no son atendidas por grandes empresas eléctricas, y por consiguiente para el desarrollo económico y social de esas comunidades", enfatizaron.

Se descarta que esta situación derivará en múltiples presentaciones judiciales de los municipios afectados, sus cooperativas eléctricas, los vecinos, ONG de usuarios y hasta el gobierno provincial.