Denuncian penalmente a Edesur por defraudación ante los reiterados cortes de luz

La denuncia presentada por el abogado Claudio Lamela -en su rol de usuario de la compañía- habla de “entorpecimiento de servicio público, defraudación por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, estorbo al ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita”.

La denuncia presentada ante la Justicia Federal por el abogado Claudio Lamela -en su rol de usuario de la compañía- incluye un pedido para que se designe un interventor.

Mariano Fuchila

Los directivos y accionistas de Edesur fueron denunciados penalmente por un usuariodel servicio ante los reiterados cortes de luz y la falta de respuesta a los reclamos. La denuncia presentada ante la Justicia Federal por el abogado Claudio Lamela -en su rol de usuario de la compañía- incluye un pedido para que se designe un interventor.

El letrado describe la posible comisión de los delitos de “entorpecimiento de servicio público, defraudación por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, estorbo al ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita”.

“Desde el inicio mismo de la concesión, pero particularmente durante la última década hasta la actualidad, Eedesur viene registrando reiterados y prolongados cortes de suministro eléctrico y graves variaciones de tensión en su área de concesión, afectando a miles de usuarios”, señala Lamela en su presentación judicial.

Remarca, además, que “es evidente que la red eléctrica concesionada a Edesur viene siendo administrada fraudulentamente por los responsables de dicha empresa, de un modo escandaloso y francamente inadmisible”.

En ese sentido, el abogado adjuntó una tabla de más de 15 reclamos realizados desde 2023 a 2025 por cortes de energía en su domicilio. Ejemplificó con un corte de luz iniciado el 13 de febrero de este año, que duró tres días y al día siguiente al restablecimiento se la cortaron nuevamente.

Auditoría del ENRE

La denuncia hace referencia a una auditoría técnica integral realizada a Edesur en 2023 por el ENRE, la cual reveló que "la red de distribución eléctrica gerenciada por Edesur desde hace años viene funcionando al límite de la capacidad técnica de la infraestructura instalada, no hay inversión real, solo parches". Según el informe, "el estado actual del sistema es funcionar al límite, de forma sobre exigida, prácticamente sin reserva de capacidad, bajo la amenaza constante de que cualquier mínima falla puede escalar y desencadenar un apagón masivo que afecte a cientos de miles de usuarios por un tiempo indeterminado".

El documento también advierte sobre la antigüedad del equipamiento, señalando que "más del 60% del equipamiento de alta tensión es anterior a 1980". Incluso en 2023, la propia distribuidora admitió que sus inversiones no alcanzan para garantizar el servicio en condiciones normales, es decir, sin contingencias.

Además, la denuncia apunta al "manejo irregular de fondos y la apropiación indebida de recursos públicos". En rigor, el abogado denunciante sostiene que la empresa "estos años no ha abonado integralmente las facturas de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista - CAMMESA, apenas parcialmente". Y agrega: "En otras palabras, los ingresos por potencia y energía que recibía de los usuarios, en vez de pagar a CAMMESA los disponía y se hacía del crédito fiscal en sus posiciones de IVA, reduciendo el saldo a favor del Estado".

Por otra parte, Lamela afirma que desde hace tiempo, la empresa tiene un "completo conocimiento" sobre la situación generada y, "a pesar del peligro y de los graves daños que de ella se derivan, siguen impávidamente incumpliendo con los más elementales deberes a su cargo”. Enfatizó que “como patrón sistemático”, la empresa suele dar de baja los reclamos sin haber sido solucionados, obligando a que el usuario deba reiterarlos constantemente.

El abogado pidió que se designe un interventor judicial para Edesur con amplias facultades de contralor y la instalación de equipos electrógenos, con el fin de asegurar el abastecimiento del servicio en caso de cortes prolongados. También pidió la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los responsables de la empresa. La denuncia busca garantizar que los afectados por la falta de servicio y la defraudación reciban el resarcimiento correspondiente.