Duro repudio de la Iglesia católica a la eliminación del Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata

Mediante un comunicado, aseguraron que lo eliminado por el Gobierno ''no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado''.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea.

El Ministerio de Economía dispuso el pasado martes el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Este viernes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su "más profunda preocupación" ante dicha decisión del Gobierno, mediante un comunicado.

El Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz -perteneciente a la CEA- detalló en el escrito: ''Manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado por la Ley 27.508 de 2019. Este mecanismo eliminado bajo un Decreto presidencial, se trató efectivamente de una Ley democrática que representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil''.

A su vez, remarcaron que el ''Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas''. Y agregaron: ''No insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado''.

''En un trabajo reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se elaboró un relevamiento estadístico en base a la reparación de víctimas de trata en sentencias condenatorias en Argentina entre los años 2019 y 2022. En este periodo se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas'', detallaron, asegurando que éstas ''alcanzaron a 168 victimas por un total de más de 70 millones de pesos (en rigor, 70.823.001,20 pesos) y 16.141 dólares, además del equivalente a 192 salarios mínimos y 3 vehículos afectados para los mismos fines''.

Por último, aseveraron que el hecho ''representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas''.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Para qué servía el fondo fiduciario

El Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata que eliminó el Gobierno nacional estaba contemplado en general en la Ley 26.364, sancionada bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero según alertó la ONG La Alameda en su comunicado de repudio a la medida, ese fondo también fue validado por otras gestiones, específicamente creado por Ley 27.508 bajo el gobierno de Mauricio Macri, y puesto en funcionamiento durante la administración de Alberto Fernández.

El fondo, tal como advirtió La Alameda, representaba una reivindicación a una de las demandas históricas de las organizaciones antitrata: en lo que estuvo en vigencia reparó a 498 personas, por un total de $562.273.494,93.

"Hoy y gracias a las facultades que la llamada ley Bases otorga al gobierno nacional, se decidió la eliminación de cinco fondos fiduciarios, entre ellos el técnicamente denominado Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata", alertó la entidad, y aclaró que era "un mecanismo por medio del cual se reparaba económicamente a las víctimas sobrevivientes de trata con sentencia judicial firme".

"De esta forma, y a través de dos escuetos renglones, se pretende poner punto final a una política pública de Estado que llevó años construir", añadió.

Según La Alameda, el instrumento cumplía con el objetivo de reparar de forma directa a la víctima, pero también simbólicamente a toda la sociedad, puesto que al detectarse bienes que hubiesen sido instrumentos del delito en causas de trata y explotación, estos eran liquidados a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y, con el producido de su venta, se indemnizaba a las personas víctimas de trata.

También se contemplaba la posibilidad de mantener los bienes para evitar que perdieran su valor durante la tramitación del juicio, algo que en nuestro país puede demorar 8 o 10 años. De esta forma -continuó La Alameda- se evitaba que el bien se depreciara, por ejemplo alquilando un local o un departamento o cediendo en comodato para su uso temporario, para poder liquidarlo una vez obtenida la sentencia firme e individualizada la o las víctimas.

Qué dijo el Gobierno para eliminarlo

Los argumentos del Gobierno nacional para justificar la eliminación hacen referencia a una supuesta auditoría que habría arrojado “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva”.

Pero según la ONG, en el caso del fondo para asistir a víctimas de trata "la falta de control era casi imposible", toda vez que además de la AABE, intervenía la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y el Consejo Federal de Trata: las reparaciones eran autorizadas e informadas frente a representantes de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder legislativo, Defensoría del Pueblo de la Nación y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil a través de una comisión creada con el objetivo de seguir y monitorear su funcionamiento.

Por otro lado, y considerando que este mecanismo se implementó a partir de un contrato firmado entre el estado nacional y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), también estaba sometido a los controles del Banco Central e incluso de la Comisión Nacional de Valores.

A los fines de agilizar su implementación y apropiación por parte de las justicia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas -PROTEX- presentó en el 2023 la guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario, el documento fue elaborado en forma conjunta con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.