"La guerra de los michis": polémica por una colonia de más de 150 gatos históricos que copan un barrio en Puerto Rico

Los servicios públicos amenazan a una ONG para que se hagan cargo de los más de 150 gatos callejeros. Una organización demandó en la justicia esta decisión, alegando que violaba la ley nacional de política ambiental.

La organización Alley Cat Allies presentó una demanda en marzo pasado contra el proyecto del SPN.

Un barrio del centro histórico de San Juan, la capital de Puerto Rico, es escenario estos días de una batalla por el desalojo de algunos de sus habitantes más emblemáticos: una colonia de unos 150 gatos callejeros cuya presencia se remonta, como mínimo, a mediados del siglo pasado.

Esos animales deambulan cada día por la zona del Morro, una fortificación militar construida en el siglo XVI, en la época colonial española. Para algunos son una atracción turística y un símbolo del lugar; pero para otros, como el servicio estadounidense de parques naturales (SPN), ha llegado la hora de expulsarlos.

Hace un par de años, esa autoridad federal, que gestiona El Morro y sus alrededores, presentó un plan para quitar a los felinos, alegando que eran "un posible vector de enfermedades". En noviembre de 2023, ante la falta de avances, el SPN dio seis meses a Save a Gato, una oenegé que lleva dos décadas cuidando de los gatos callejeros y esterilizándolos, para que les buscara un refugio.

Save a Gato inició una campaña de concientización y cuidado para los gatos de San Juan.

Save a Gato

La condición de ese plan fue que si la asociación no cumplía con el plazo, el servicio de parques contrataría a una empresa para encontrar otra solución, aunque eso significara "atrapar y sacrificar" a los animales. El anuncio indignó a los defensores de los gatos, que acusan al gobierno federal (Puerto Rico es un territorio estadounidense no incorporado) de ser intransigente.

"Estamos dispuestos a entablar un plan que atienda sus preocupaciones, pero manteniendo la vida y el bienestar de los animales", dice Ana María Salicrup, secretaria de la junta de directores de Save a Gato.

Cuál fue el origen del conflicto

El enfrentamiento llegó a los tribunales en marzo pasado, cuando la organización Alley Cat Allies, de Maryland (noreste de Estados Unidos), presentó una demanda contra el proyecto del SPN, alegando que violaba la ley nacional de política ambiental.

La decisión llevó a la agencia federal a detener su plan, cuyo inicio estaba previsto para el 1 de octubre, hasta que la justicia decida sobre su legalidad. "Por alguna razón que nunca han explicado bien, para los agentes federales, la única solución es matar a los gatos. Eso es ilegal, inhumano y no tiene sentido", asegura Yonaton Aronoff, abogado de Alley Cat Allies.

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Mientras se resuelve su destino en los tribunales, los gatos del Morro siguen a lo suyo y resulta casi imposible caminar por el barrio, junto a la bahía de San Juan, sin encontrarse con ellos. Desde que surgió la polémica, muchos vecinos, comerciantes y turistas se han opuesto a la remoción de los gatos de varios colores: blancos, negros, pelirrojos y atigrados.

"No me molestan; al contrario, me ayudan en el negocio", dijo Lucas Osorio, dueño de una tienda en el Viejo San Juan, y agregó que "además aquí no hay ratas, no hay plagas". Otro habitante del barrio, Mark McCullough, entiende que el gobierno federal quiera la retirada de los felinos, aunque admite que "sería triste verlos desaparecer". El abogado Aronoff, que anima a los habitantes a defender a los animales, afirma que sabe que "los puertorriqueños adoran a los gatos y no están de acuerdo con el plan".