En la medida que el dinero que nos quita no sea utilizado por el soberano para fines aviesos o nos sea necesario para sobrevivir, evadir y -en menor medida- eludir el pago de impuestos, está mal. Si esto es así, los planes de amnistía impositiva (lo que popularmente llamamos “blanqueos”, declarar el dinero y los bienes que manteníamos “ocultos”), también están mal, porque son injustos y perjudican a quienes cumplieron fielmente con sus obligaciones frente, y beneficiando, a los que no lo hicieron.
Blanqueo: las segundas partes nunca fueron...
En 2016 Luis “Toto” Caputo encabezó una de las amnistías fiscales más exitosas -sino es que la más exitosa- de la historia argentina, en cuanto al dinero recaudado y la manifestación de bienes. En 2024 el escenario y el resultado son claramente otros.
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El Blanqueo Milei/Caputo, uno de los más chicos y menos ambiciosos en la historia Argentina. Las apuestas están 50/50 al éxito/fracaso. Ya vendrán otros.
En castellano: los blanqueos son inmorales y quiebran el principio de igualdad ante la ley.
Claro que la moral y la justicia poco importan a la clase política cuando el bolsillo fiscal está vacío y pone en juego su poder, por lo que con la excusa de una “realpolitik” no tienen ningún problema en “premiar a los malos”.
Pan para hoy, hambre para mañana
En una economía que funciona correctamente, la evasión impositiva debería ser un fenómeno apenas marginal, circunscripto fundamentalmente al crimen. Pero, cuando la situación presente y especialmente su expectativa a futuro empeora (vamos hacia un economía más injusta y riesgosa), la evasión impositiva tiende a generalizarse y crecer.
En un sentido opuesto, cuando la situación presente y especialmente las expectativas mejoran (vamos hacia un economía más justa y menos riesgosa) la evasión disminuye y de manera “natural” -es negocio invertir localmente- quienes habían fugado su dinero fuera del sistema vuelven a ingresarlo (no solo retorna el dinero, sino que también aumenta la base de contribuyentes).
Entonces, en el mejor de los casos -en una economía “bien rumbeada”- lo que hace el blanqueo es acelerar un proceso que de todas maneras se iba a dar. El problema es que esto no es gratis
El costo (fiscal y social) más evidente es el del incentivo monetario que hay que dar a las personas físicas y jurídicas para que reingresen sus capitales. Este debe ser suficiente como para que el “valor hoy” de la operación sobre compense los riesgos asumidos entre el presente y el momento futuro en que sea optimo traer el dinero.
El costo menos evidente es que, especialmente si la gente cree que habrá otras amnistías, incentiva a los actuales contribuyentes a comenzar a evadir, reduciendo posteriormente la base impositiva y la recaudación.
En ambos casos estos costos se relacionan de manera directa con la confianza en el éxito y saneamiento de la economía: a mayor confianza menor costo y viceversa.
Desde ya que existen otros mecanismos para incentivar la “adhesión” al blanqueo -especialmente entre los ahorristas menos sofisticados- como son las amenazas legales a los “evasores”, el manejo del temor y la des/información en los medios y los incentivos pecuniario a asesores e intermediarios en la operación; pero en condiciones normales la confianza en el futuro y los incentivos pecuniarios siguen siendo los factor primordiales detrás del resultado de los blanqueos.
De éxitos y fracasos
A priori es difícil determinar si un blanqueo fue exitoso o fracasó. La medida usual es comparar la cantidad de dinero que finalmente entró a las arcas del gobierno, contra lo que el gobierno decía esperar (obviando cualquier referencia sobre lo que pasó a posteriori con la base de contribuyentes).
El problema es que por una simple cuestión de prudencia los burócratas tienden a reportar públicamente una cifra inferior a la que realmente esperan conseguir, lo que les permitiría eventualmente hablar de “éxito”. Lo razonable entonces es tomar todos los números con una “pizca de sal”; van algunos ejemplos:
Se consideran amnistías exitosas la indonesia de 2016-17 en la que se declararon activos externos por u$s360,000 millones, dejándole al fisco u$s11,500 millones; la Argentina de 2016, en con activos por u$s116,800 millones, dejándole a la AFIP u$s9,900 millones; la italiana de 2009, en que se repatriaron fondos por €104.500 millones, recolectando el gobierno €5,600 millones (se impuso una carga del 5% a los fondos repatriados); los programas de “Disclosure” voluntarios de los EE. UU. entre 2011 y 2014 -sí, Norteamérica también tiene una historia de blanqueos- en los que el IRS se hizo de unos u$s6,500 millones pagados por unas 45,000 personas; la sudafricana de 2003, con R65,000 millones (unos u$s9,000 millones) y una recaudación de R2,900 millones (u$s400 millones).
Se consideran amnistías fallidas las de Grecia 2010, en la que esperaban recolectar €2,000 millones, pero apenas consiguieron €500 millones; la mexicana de 2009 que apuntaba a u$s1,300 millones pero apenas logró u$s76 millones; la India de 1997 buscando Rs50,000 millones (u$s600 millones) cuando apenas recolectó Rs24,000 millones (menso de u$s300 millones); la Rusa de 2007 por u$s2,500 millones juntando solo u$s130 millones y la española de 2012 en las que frente a €2,500 millones esperados, apenas fueron €1,200 millones.
Claro que también ha habido blanqueos que “ni fu ni fa”: Brasil 2016 donde el objetivo era de u$s21,000 millones, consiguiéndose u$s15,900 millones; el pakistaní de 2018 que apenas recaudo u$s1,000 millones; el filipino de 2007 que consiguió magros u$s122 millones; el turco de 2018 con u$s2,200 millones, o el peruano de 2001 con solo u$s500 millones.
¿Sirven los Blanqueos?
Dejando la cuestión de los costos y su capacidad o no de cubrir la necesidad perentoria del dinero que puede tener un Gobierno, se supone que los blanqueos sirven -es el argumento de los tributaristas- para que quienes venían evadiendo o eludiendo el pago de impuestos sobre sus tenencias, los evasores, se incorporen al sistema tributario.
El problema es que la evidencia apunta para otro lado. La evidencia es que en el largo plazo las amnistias fiscales no tienden a generar un crecimiento en la recaudación ni en el número de contribuyentes, ("Tax amnesties and compliance in the long run: A time series analysis." Alm, J., & Beck, W. 1990) y cuando lo hacen es apenas de manera marginal ("Evidence on subsequent filing from the state of Michigan’s income tax amnesty”. Christian, C. W., Gupta, S., & Young, J. C. 2002); cuando se repiten tienden a generar menos ingresos que sus predecesoras y magnifican la caída de ingresos de largo plazo para el fisco ("The revenue impact of repeated tax amnesties., Luitel, H. S., & Sobel, R. S. 2007); tienden a hacer menos eficiente la estructura impositiva y la recolección de impuestos, ("Fast money? The contribution of state tax amnesties to public revenue systems. Mikesell, J. L., & Ross, J. M. 2012); sin una apropiada reforma fiscal raramente son exitosos ("Incentives and institutional reform in tax enforcement: An analysis of developing country experience. Das-Gupta, A., & Mookherjee, D. 1998); etc.
Es decir: cuanto menos sus beneficios son discutibles sino es que son perjudiciales.
Argentina, arranca un blanqueador serial
Desde la vuelta a la Democracia en 1983, salvo Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (acá corresponde un homenaje al ministro de Economía de ambos, Roberto Lavagna) todos los gobiernos argentino han apelado a los blanqueos impositivo para hacerse de algunos pesos o dólares. Visto donde estamos hoy, es claro que ninguna de estas medidas sirvió para mejorar realmente la situación, y en todo caso lo que hicieron fue dilatar lo inevitable.
El 11 de febrero de 1987 a pesar de cierta renuencia de su ministro de economía Juan Vital Sourrouille, Raúl Alfonsín lanzó el "Régimen de Normalización de Impuestos" (Ley 23.495), el primer blanqueo en la historia Argentina.
Si bien hay quienes sostienen que no fue un “blanqueo” ya que no condonaba la tenencia de dólares -locales o en el exterior-, apelando a una serie de eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre ("Blanqueo") la medida escudaba una finalidad claramente recaudatoria (necesitaban los fondos para reimpulsar el “Plan Austral”) bajo la excusa de un interés social (el destino declarado de los fondos era para capitalizar al Banco Hipotecario y conceder préstamos para vivienda económica a sectores de clase media), sentando las bases de todas las amnistías fiscales que le siguieron.
Como sea, el blanqueo de Alfonsín fue un fracaso y en lugar de los u$s1.000 millones que se esperaba recaudar, apenas se lograron el equivalente a u$s355 millones.
¿Por qué no encontramos blanqueos antes de 1987? La respuesta es simple: hasta el final del proceso militar de 1976 no fueron necesarios, bastando hasta entonces con lo que generaban sus hermanas menores las “moratorias” -estas “puestas al día” de los impuestos atrasados tradicionalmente no han necesitado aprobación del Congreso, salvo entre 2002, Ley 25.678, y 2008, Ley 26.476-, de las que hemos tenido unas 20 desde la sancionada por el decreto 4073 de 1956 (entre las más exitosas, las de 1970, 1982, 2001 y 2016) e indirectamente el "impuesto inflacionario".
Entre 1960 y 1976 el gasto público consolidado argentino promedió 21% del PBI, saltando a 31% entre el 76 y el 83 y al 34% con Fernando de la Rúa. Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner anotaron una disminución (otro obra de Lavagna) a 25%, volando del 31% al 41% durante la administración de Cristina Kirchner. En tiempos de Mauricio Macri creció aún más, promediando casi 40%, con una ligerísima disminución en la era “Beto” Fernández.
En castellano: antes de 1976 el Estado argentino era en términos del PBI, “chico”, especialmente si lo comparamos con lo que vino después. Como el peso de los pagos de la duda externa era relativamente reducido, promediando 3% del PBI al año (hoy superan el 6%) y la presión fiscal moderada (14.5% del PBI en la primera mitad de los 80´s frente al casi 30% actual), la inflación (con un media de 34%) alcanzaba malamente para compensar el elevado déficit primario y financiero (4.4% y 5.4% del PBI).
Menen y de la Rúa
El 2 de abril de 1992 Domingo Cavallo logró que el Congreso sancionara su “Modificación del Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Activos. Exteriorización de la Tenencia de la Moneda Extranjera, Divisas y demás bienes en el exterior…” o la Ley 24.073
La idea era que las personas trajeran sus depósitos externos al país, depositándolos por al menos 180 días en el Banco Nación o alguna de las otras entidades financieras, que destinarían esos fondos a créditos productivos, mientras los locales podían blanquear hasta u$s500.000 en efectivo. No hacía falta declarar el origen de los fondos, que en el primer año pagaban una alícuota del 1%, creciente hasta el 3% en 1994.
Si bien los números sobre el dinero que guardamos los argentinos en el exterior son más que discutibles (en esta nota uso básicamente data del Indec), se estima que por aquel entonces eran al menos u$d30,500 millones (el tope u$d 78,500), de los cuales el gobierno apuntaba a “repatriar” un 10%. Las estimaciones son que la operatoria fue responsable del equivalente al 1,9%/2,4% de la recaudación 1992-1994, esto es algo así como u$d3,300 millones, en línea con lo esperado (a valor de hoy, algo entre u$d5,000 y u$d11,000)
El éxito de este blanqueo tuvo que ver con varios factores: las privatizaciones (que evidenciaban el poder del presidente sobre el Congreso), una inteligente campaña de marketing en los medios con avisos a página completa: “Tráigala de vuelta… y póngala a producir”; “En esta forma, usted invertirá legalmente esos fondos hasta ahora ocultos, regularizando plenamente su situación impositiva”, pero por sobre todo, con la confianza que existía por entonces en el éxito de la convertibilidad, que en los doce meses previos había reducido la inflación a un promedio de 2.23% mensual.
El siguiente blanqueo no fue tan exitoso. Cuarenta y nueve días antes del suceso del helicóptero, por impulso de su ministro de Economía Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa sancionó el DNU 1387 del 1º de noviembre de 2001, el que incluía un nuevo blanqueo. Con el declarado objetivo de fortalecer el mercado de capitales, la idea era eximir de todos los impuestos nacionales a los incrementos patrimoniales no declarados, si se destinaba el dinero a la compra de acciones.
La realidad es que desde junio el mercado local venia derrumbándose más de un 50%. Es posible que este blanqueo haya tenido algo que ver en la recuperación accionaria de aquel mes y la de diciembre (46% y 49%), pero claramente ya era demasiado tarde para modificar el ánimo de la sociedad y el dinero que se repatrio fue una nada de los u$s102,300/u$s213,500 millones fuera del país.
Al inicio de “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte", corrigiendo la idea de Hegel de que la historia que se repite a sí misma, Carl Marx señaló: “Se le olvidó añadir que la primera vez como tragedia, la segunda como farsa”… el segundo blanqueo de Cavallo resultó un claro ejemplo de esto.
Cristina de Kirchner
Los dos siguientes blanqueos le tocaron a Cristina Fernández de Kirchner. A fines de 2008, impulsada por el Jefe de Gabinete Sergio Massa y su ministro de Economía Carlos Fernández, CFK presentó el “Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales”, Ley 26.476.
Lamentablemente, este blanqueo fue otro fracaso. El gobierno esperaba que se manifestaran activos por u$s19,000 millones, pero se lograron menos de u$s4,700 millones con apenas el 4.3% correspondiente a bienes del exterior, quedando en manos de la AFIP magros u$s280 millones. Por entonces la estimación era que los argentinos teníamos al menos u$s148,800 millones en el exterior (máximo u$s372,000 millones) y que en los dos años previos se habían “fugado” entre u$s23,000 y u$s45,000 millones.
Aquí la falta de confianza parece haber sido el facto clave, porque el plan no era “tan caro”: 8% si los bienes permanecían en el extranjero, 6% si se traían al país. Si la plata se colocaba en un plazo fijo entre 3 y 24 meses, 5%; 3% si se destinaba a títulos públicos y 1% si se invertía en operaciones industriales inmobiliarias o agropecuarias.
En mayo de 2013, a impulsos de Hernán Lorenzino, CFK lanzó su segundo blanqueo, bajo el título de “Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”, Ley 26.860. En aquel momento las estimaciones oficiales eran que los argentinos teníamos, entre dinero y bienes, unos u$s160,000 millones (y hasta u$s298500 millones) sin declarar en el exterior.
El esquema era algo complicado. Por un lado, autorizaba al Ministerio de Economía a emitir dos títulos, el “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico” (BAADE) y el “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico” (PADE), y por el otro al Banco Central para que emitiera “Certificados de Depósito para Inversión” (CEDIN), todos denominados en dólares.
Quien quisiera blanquear, no tenia que justificar el origen del dinero ni seria sujeto a ninguna carga tributaria, pero debía adquirir algunos de estos títulos con sus dólares. Los Cedines debían ser aplicados a la compra de bienes inmuebles y los vendedores podrían cancelarlos en los bancos, recibiendo “los billetes”, mientras los Baade eran para el sector energético.
Nuevamente el blanqueo fracasó y a pesar de que se postergó 9 veces (originalmente duraba seis meses) de los u$s5,000 millones que esperaba conseguir el Gobierno, solo captaron u$s2,022 millones en Cedin y u$s349 millones en Baade, quedando para el fisco u$s633 millones.
Los tiempos cambian
Hasta los primeros meses de 2016 quien fuera el primer ministro de Economía de Mauricio Macri se había mostrado un firme opositor a la idea de las amnistías impositivas, de hecho, cuando el Kirchnerismo buscaba sancionar la Ley 26.860 Prat Gay había argumentado desde su banca en el Congreso que el Gobierno solo “Busca amortiguar la fuerte caída de reservas de u$s8.000 millones desde el inicio del cepo cambiario, tentando a los ahorros en negro” y que “Se le está otorgando un traje a medida a los evasores, más atractivo (que el blanqueo de 2008), porque es sólo para los que tienen dólares y no le pedimos nada a cambio”
No sorprendió entonces que apenas elimininado "el cepo", entre sus primeras medidas estuviera derogar definitivamente el ultimo blanqueo de CFK, el último día hábil de diciembre de 2015.
Claro que no fue el único en argumentar en contra de los blanqueos: Federico Pinedo, jefe de la bancada del Pro en Diputados, Fernando Iglesias, Esteban Bullrich y otros prohombres de Mauricio Macri, estuvieron entre quienes más promovieron en 2009 la “campaña del miedo”, advirtiendo que el gobierno seguiría “de por vida” a quienes exteriorizaran sus ahorros ocultos a la par que, escudándose en que “haciendo cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los compromisos internacionales en materia de prevención del fraude, lavado de dinero y por lucha contra el narcotráfico” proponían la sanción de una ley que permitiera accionar judicialmente y castigar, dando a conocer públicamente los nombres y montos declarados de quienes repatriaran sus dineros.
Algo menos dura, Patricia Bullrich, manifestaba en 2013 la intención de su partido “que se procese a todos los funcionarios que permitieron este delito”, mientras el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra argumentaba que ““Esta ley no va a reactivar la economía, sino que abrirá una puerta peligrosísima en Argentina para que se convierta en un paraíso fiscal y consagrará la impunidad de los delitos de corrupción” y Pinedo pronosticaba que “Argentina será un país financiado por la delincuencia”.
Por supuesto que cuando llegaron al poder en 2016 las cartas se dieron vuelta y, necesitados de dinero, quienes antes se horrorizaban de la idea de los blanqueos y prometían rayos y centellas a los que los promovieran o adhirieran, estuvieron a la cabeza de las sanción de la Ley 27.260, mientras que quienes tanto habían luchado por estas amnistías se convirtieron en sus feroces opositores.
El mejor y el peor de los blanqueos
El Blanqueo de Mauricio Macri/Alfonso Prat Gay sancionado en mayo de 2016, o “Plan de Exteriorización Voluntaria de Capitales”, escudado bajo el argumento de destinar los fondos a la “Reparación Histórica de los haberes de los jubilados”, fue una especie de espada de doble filo.
En ese entonces los argentinos habíamos desplazado del circuito local entre u$s 360,000 y u$s 651,000 millones, de los cuales al menos u$s 274,000 millones eran “en negro”.
Si bien era “algo caro” -hasta u$s19,000 no se pagaba nada lo mismo que si se compraban bonos intransferibles y se los mantenía por cuatro años, de ahí a u$s50,000 5% y 10% por encima de esta cifra, que trepaba a 15% entre principios de 2017 y mayo, cuando finalizaba; inmuebles 5% del valor de mercado- el plan logró que muy por encima de los u$s60,000 millones que decía el gobierno que esperaba, unos 250,000 residentes argentinos manifestaran bienes por cerca de u$s116,800 millones -u$s7,200 millones fueron repatriados- de los que el estado se quedó con u$s9,522 millones.
El éxito se fundó en “tres patas”, por un lado el entusiasmo y la confianza en la nueva administración, por otro el apoyo de contadores, asesores, bancos e intermediarios financieros que por la estructura del plan hicieron pingues negocios convenciendo a su clientela de “blanquear”, y finalmente -tal vez lo más importante- la puesta en marcha de la OCDE del esquema de intercambios automáticos de información financiera y tributaria, lo que permitió lanzar una “campaña del miedo” y de “desinformación” como nunca antes viéramos (casi al mismo tiempo, Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, etc., instrumentaban sus blanqueos).
Mas allá del dinero recolectado, el blanqueo fue un fracaso.
En primer lugar, los jubilados no vieron mejorar su situación. Luego, la promesa de reducir el impuesto a los Bienes Personales de 0,75% a 0,25%, nunca se cumplió y lo que es peor, en octubre de 2018 comenzó a incrementarse hasta que Alberto Fernández lo llevo finalmente al 2,25%, creándose además el impuesto a la renta financiera.
Lo que es peor, apenas pasados seis meses comenzaron a filtrarse los nombres de algunas de las personas más destacadas que habían decidido blanquear sus fondos, evidenciando la “permeabilidad de la AFIP”.
En un sentido contrario, las amenazas de perseguir judicialmente a los evasores gracias al intercambio de información financiera, al menos hasta ahora no han sido mas que “cazar en la bañadera” del blanqueo, sin casi resultados.
Para abril de 2019, la AFIP había detectado unas 400 cuentas de argentinos con activos por más de un millón de dólares sin declarar y propiedades subvaluadas en el extranjero… que habían ingresado al blanqueo. En julio de 2022, tras la filtración de los “Pandora Papers” el organismo intimó cerca de 1,500 de las 2,521 personas con sociedades en el exterior, pero claro que esto no tuvo nada que ver con lo de la OCDE.
A fin de ese año, cerca de 360 contribuyentes -que habían blanqueado- recibieron un telegrama reclamándoles unos u$s1,000 millones. Recién en marzo del año pasado el recaudador pudo utilizar el paraguas OCDE (la “info” llega al país con al menos dos años de atraso) mandando telegramas a unas 1800 personas y 250 entidades que habrían tenido depósitos en Suiza por asombrosos… u$s85 millones a los que agregó otras 208 con cuentas en distintos países hacia fines del año.
Desde el punto de vista impositivo, lo peor es que mas allá de la ruptura de los compromisos, la clara evidencia sobre la ineficacia persecutoria de las AFIP y el descredito que generó hacia a este tipo de medidas, este blanqueo no logró que los argentinos dejaran ni de fugar dinero ni de evadir/eludir, sino al contrario.
De hecho, la recaudación tributaria se redujo ininterrumpidamente del 31.6% del PBI en 2015 a 28.64% en 2019, mientras el dinero “fugado” se incrementó un 26%.
Alberto Fernández, dos blanqueos en un periodo
Mauricio Macri y su gente arruinaron en la percepción de la gente, muchas de las características básicas para el éxito de los blanqueos, y lo que no lograron ellos lo terminó de hacer Alberto Fernández.
Para ser creíble, entre muchas otras cosas, la gente debe estar convencida que ese blanqueo es el último, que no habrá otras oportunidades y que no hay mejor momento para declarar el dinero oculto que ese.
En febrero de 2021 con la Ley 27.541 “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia publica” Alberto Fernández dio a luz a un primer blanqueo que fue seguido en agosto del año siguiente por el de la Ley 27.679 “Promoción de las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas en el territorio de la República Argentina”, mas una serie de proyectos similares de Sergio Massa que dados los tiempos electorales no llegaron a prosperar.
Otros fracasos; entre los dos no alcanzaron a recaudar más de u$s1,000 millones, lo que visto que el gobierno no cumplió con ninguna de las promesas que había hecho a la Cámara de la Construcción respecto a un sistema de créditos atados a los salarios (no a la inflación), no estuvo tan mal. Pero el mal ya estaba hecho, de ahí en mas ya nadie puede creer que “este es el último blanqueo”.
Milei/Caputo un blanqueo “chiquito”
Si bien al FMI le hablaron de u$d40,000 millones, con los que recaudar algo menos de u$d2,000 millones, las proyecciones locales del Gobierno, tal vez consciente que segundas partes pocas veces fueron buenas, son que el nuevo blanqueo, incluido dentro de la "ley Omnibus", permitiría que se manifiesten entre u$s20,000 y u$s30,000 millones, que engrosaría el fisco entre u$s1,000 y u$s1,500 millones hasta fin de marzo 2025.
La realidad es que, comparado con otros, este blanqueo luce “barato”. Hasta u$s100,000 no se paga nada (las alícuotas se aplican sobre los excedentes), lo mismo que cualquier monto que se deposite en el sistema financiero hasta diciembre de 2025 o si se invierte el dinero en bonos, acciones o proyectos inmobiliarios. Para los demás bienes la alícuota es creciente en el tiempo, del 5% al 15%. Las cuentas en el exterior pasarían -en teoría- a pagar 1.5% en Bienes Personales.
La realidad también es que es “chiquito”. Menos del 10% de los u$s188,000/u$s435,000 millones que nuestros connacionales tienen sin declarar entre el colchón y en el extranjero.
¿Será exitoso? Depende de la definición de “éxito”, no olvidemos que es poca -muy poca- plata y estamos frente a una administración que se ha destacado por su manejo de las “percepciones”, no descartemos que así lo venderán.
La idea que esta vez el "blanqueo no tiene un fin recaudatorio sino que "El propósito es ampliar la base de contribuyentes y que el dinero blanqueado se vuelque a la economía real", realmente no convence a nadie.
Por otro lado, las amenazas que EE.UU. -a principios de mes entró en vigencia el Tratado de Intercambio Automático de Información Financiera- van a “botonear” a quienes tienen su dinero depositado allí y que en unas semanas arribaría la primer data de 2022, tampoco asustan a nadie, así que la gente no se va a dejar presionar con el miedo (la realidad es que los yanquis, por mas tratos que haya, si no se trata de gente “sensible” no han compartido este tipo de data con ningún otro país).
El otro punto y tal vez el mas importante detrás de la suerte de la actual amnistía es es que si bien hasta ahora los blanqueos han mal o bien funcionado, llegamos a un momento en el que no podemos seguir poniendo el carro delante de los caballos.
Si se quiere un blanqueo que sirva al país, incrementando no solo la recaudación de hoy sino la futura, convenciendo a los argentinos que “esta vez la cosa es diferente” aumentando la base de contribuyentes, primero hay que realizar una profunda reforma fiscal y garantizar la seguridad jurídica (que seguramente incluirá su propia amnistía fiscal)
Hasta entonces, piense que este no será el último blanqueo y que el próximo siempre puede venir mejor (para los evasores, nunca para el país).
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