Desregulación en la industria del vino: las bodegas denuncian que mantener la Coviar costó u$s230 millones en 16 años

Pese a contar con esos recursos, la entidad no cumplió con los objetivos planteados. Exigen rendición de cuentas.

La cámara Bodegas de Argentina cuestiona el funcionamiento de la Coviar y apoya su eliminación.

La disputa interna que se desató en el sector vitivinícola por la propuesta de eliminar el régimen de promoción administrado por la Coviar sumó hoy un nuevo capítulo.

En esta ocasión, la cámara Bodegas de Argentina puso en números parte de la discusión de fondo: denunció que ese esquema para impulsar la industria del vino costó u$s230 millones sin que se haya alcanzado ninguno de los objetivos propuestos.

La polémica estalló cuando el diputado del PRO Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, elevó para su tratamiento en la Cámara baja un proyecto de ley que tiene un único artículo que establece la derogación de la Ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La propuesta es parte de la oleada desreguladora que impulsa el Gobierno nacional para bajar los costos de las empresas privadas, ya que todo el esquema de la Coviar se financia con aportes que las bodegas deben realizar en forma obligatoria.

En este marco, tras haber realizado la semana pasada una primera manifestación de apoyo a la iniciativa del diputado Arabia, la entidad Bodegas de Argentina -cámara que agrupa a las 250 principales bodegas del país- emitió hoy un comunicado de perfil técnico.

Tras aportar una serie de cifras sobre la realidad del sector, Bodegas de Argentina (BdA) comentó: “Entre 2004 y 2020 se han gastado u$s230 millones sin alcanzar los objetivos de posicionamiento internacional, comerciales ni productivos para los cuales se realizaron los aportes”.

Y añadió: “La falta de rendición de cuentas e información abierta a la comunidad, la ausencia de auditorías reclamadas por Bodegas de Argentina y lo informado recientemente por la SIGEN, han dejado un vacío de transparencia. Estos fondos, provenientes no sólo de entidades privadas sino también de ciudadanos comunes que, a través de sus impuestos, sostienen el funcionamiento de una institución que ya no tiene sentido. ¿Cómo justificar semejantes desembolsos en una entidad que ha dejado de cumplir su misión?”.

Los objetivos incumplidos del Plan Estratégico Vitivinícola

La tarea excluyente de la Coviar, según la ley 25.849 que estableció su creación en 2004, es garantizar la aplicación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Y en ese sentido, el informe de BdA detalla una serie de incumplimientos de los objetivos planteados por la citada norma desde su creación hasta el año 2020.

“La visión de la ley era que en el año 2020 la industria vitivinícola argentina se posicione de forma sostenible entre las más destacadas del mundo; alcance ventas por u$s2.000 millones, participe con un 10% del volumen de las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores”, explica.

Y de inmediato, contrapone los resultados: “La participación en volumen mundial al año 2020 fue de 3,7%, contra el objetivo del plan que era llegar a 10%”.

“En cuanto a exportaciones, el objetivo del plan para el año 2020 era de u$s2.000 millones, tanto que se ubicaron en u$s791 millones”, agregó. Y destaca que en el lapso bajo estudio hubo una caída del 30% en el consumo per cápita de vinos en Argentina.

Además, destaca el panorama actualizado a marzo de este año: la facturación total cae 42% desde su máximo en 2012; el volumen total cae 34,5% desde su máximo en 2008. En el mismo período, el consumo mundial de vinos cayó un 7,5%, remarca el informe.

Por otro lado, precisa que la participación internacional está actualmente en 1,8% en volumen respecto de su máximo del 3,7% que se alcanzó en 2020 durante la pandemia.

Otro dato que aporta el comunicado de BdA es que el consumo de vinos en el mercado interno cayó 46% en los últimos 20 años. Y también advierte de una caída del 10% de la superficie implantada con viñedos desde su máximo en 2014, especialmente de aquellos menores a 10 hectáreas. Esto afecta también el nivel de empleo, que cayó 12,4% en los viñedos y 8,1% en las bodegas.

En cuanto a los u$s230 millones que recibió Coviar para financiar el PEVI desde 2004 hasta 2020 desglosa que u$s100 millones provienen del sector privado en tanto que los otros u$s130 millones salieron de las arcas del Estado.

Los montos fueron determinados a partir de la información de los presupuestos de Coviar y calculados según el tipo de cambio promedio de cada año, aclaró BdA.

El aporte obligatorio para algunos es voluntario

Otro aspecto que ataca el informe se refiere a quiénes pagan el aporte obligatorio y quiénes no están obligados. Así, la entidad busca relativizar el volumen de apoyos que exhibió Coviar la semana pasada, que alcanzaban a unas 30 entidades de distinto grado, sugiriendo que muchos de los que apoyan la continuidad del régimen lo hacen porque no están obligados a pagar para su sostenimiento.

“En el ámbito de los privados, las contribuciones obligatorias son sólo para las bodegas, ya que los productores no están obligados a contribuir y tampoco las cámaras empresarias. Desde el sector público, los aportes provienen de los fondos de las administraciones de gobierno nacional y provinciales”, explicó BdA.

Como cierre de su réplica, el informe de Bodegas de Argentina sintetizó que “la industria vitivinícola argentina en su conjunto está transitando una crisis tal que no puede darse el lujo de hacer gastos que no tengan el impacto esperado en el negocio”.

En ese sentido, añade que el sector “está buscando productividad y competitividad en cada una de sus etapas productivas y soporta una presión fiscal total excesiva, entre las que se encuentran los aportes obligatorios a Coviar, que deben ser analizados en su totalidad (aportes por elaboración más aportes por fraccionamiento) dentro de sus estructuras de gastos y en términos de producción representan el 0,5%”.

Y agrega que la industria también busca todas las eficiencias para que este tipo de costos no lleguen a los precios que deban pagar los consumidores”.

“Por todo lo expuesto, apoyamos la derogación de la Ley 25.849 que crea la Coviar. Sus aportes obligatorios y su existencia, suman un actor que no agrega valor a empresas y consumidores”, concluyó.