La firma láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), una de las compañías que estaba dentro del holding Vicentin y que actualmente es gerenciada por la venezolana Maralac -que en Argentina también opera con La Suipachense- no puede salir de su laberinto. Esta semana la justicia federal le trabó un embargo de $83 millones ante una denuncia del gremio lácteo Atilra por incumplimiento en el pago de cargas sociales y aportes patronales. Justo cuando una parte de sus trabajadores había vuelto a trabajar en la compañía luego de una extensa paralización en sus plantas de producción y posterior a que la compañía entrara en concurso de acreedores en febrero pasado.
Escala conflicto en una de las principales lácteas de la Argentina
Se trata de la firma ARSA que era parte del grupo Vicentin. El gremio le embargó una cuenta porque no pagaba las contribuciones patronales.
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Según trascendió este lunes, habrá una audiencia entre el gremio y la empresa. Pero lo cierto es que el escenario se presenta al menos complejo porque ninguna de las dos partes encuentra un punto de contacto.
Por un lado, desde la empresa detallan que no se efectuó el pago de aportes patronales porque se priorizó el pago de salarios de los empleados que habían comenzado a trabajar luego de meses de inactividad. En total, ARSA emplea a más de 500 personas, de las cuales unas 200 habían regresado a su puesto de trabajo.
Un dato no menor es que la empresa había ofrecido meses atrás un régimen de “alternancia laboral” en el que los trabajadores trabajen la mitad del tiempo y cobren de manera semanal. Esta alternativa fue rechazada de plano por Atilra, pero un grupo de trabajadores decidió volver a sus actividades más recientemente. Es por ello que a pesar del conflicto con el gremio en las últimas semanas volvieron a aparecer productos de la empresa en las góndolas locales.
ARSA fue durante muchos años denominada como “la joya de Vicentin”, en rigor la firma láctea era la división de postres y yogures de SanCor que se la vendió a los Vicentin en 2016 por alrededor de u$s100 millones. Con la caída de la empresa agroexportadora y su millonario concurso de acreedores, el futuro de la empresa lácteo comenzó a mostrarse por lo menos difuso.
Nuevos dueños
En una primera instancia el fondo de inversión BASF se hizo cargo de la operatoria, pero luego terminó en manos de otro fondo uruguayo que finalmente le cedió el control a la venezolana Maralac. El meollo de la cuestión es que este grupo inversor no pudo hacerse del 100% de las acciones de la firma porque una pequeña parte pertenece a la familia Vicentin y están dentro de la contienda judicial por el concurso de acreedores de la agroexportadora.
Más acá en el tiempo, los nuevos gerenciadores de ARSA tomaron la decisión de concursarla, alegando la caída en el consumo en el mercado interno. Por otro lado, desde un comienzo advirtieron que el plantel de trabajadores era ampliamente superior a las necesidades productivas de la firma. De cualquier manera, a partir de la apertura del concurso de acreedores la empresa entró en un espiral de conflictos con sus trabajadores por el incumplimiento de pago de salarios.
El último capítulo llegó esta semana con el embargo decretado por la justicia y ante esta situación la empresa hizo circular un comunicado entre sus trabajadores que advertía: “Esta medida judicial, pone en riesgo directo las posibilidades de la empresa de cumplir con los pagos de los salarios de los más de 200 trabajadores, que actualmente presentan funciones en la planta de la compañía. Dicha acción ocurre llamativamente luego de que la empresa anunciara una mejora en las condiciones de las remuneraciones semanales para estos colaboradores. Como consecuencia de esta medida, si bien en el día de la fecha, se ha podido efectuar el pago semanal acordado, no podemos garantizar el cumplimiento de los pagos de las próximas semanas en este contexto, generado irresponsablemente por ATILRA, que mientras dice “priorizar el trabajo de la gente”, toma decisiones, que atentan directamente contra las fuentes laborales, poniendo en grave riesgo a los trabajadores”.
En respuesta, ATILRA lanzó otro comunicado en el que remarcaba: “No vamos a contestar el panfleto empresario -digno de un libreto de stand up- pues carece totalmente de seriedad pretender achacarle a la justicia y al sindicato el desmanejo y las deudas de ARSA. Pero sí nos preocupa el accionar cuasi delictivo de los responsables de la empresa dado que, a la violación permanente a la Ley de Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo, y la evasión fiscal que implica el desvío de fondos correspondientes al sistema de la Seguridad Social, agrega ahora ARSA una nueva perlita: En el domicilio real que denuncian ante la justicia, responden ocupantes que desconocen a la empresa”.
A partir de ahora será clave la reunión entre las partes proyectada para el próximo lunes, pero lo cierto es que el escenario se muestra cada vez más sombrío para la empresa que supo ser la joya de Vicentin.
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