Escala el conflicto en Vicentin: intervención judicial y medida de fuerza gremial

La Justicia resolvió intervenir la empresa por 120 días tras los reclamos gremiales por falta de pago de salarios. Empleados paralizaron sus dos plantas de producción.

La agroexportadora entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.300 millones. 

El panorama para Vicentin es cada vez más crítico. La Justicia resolvió intervenir nuevamente la agroexportadora por 120 días, tras los reclamos gremiales por la falta de pago de salarios y los problemas financieros que enfrenta la empresa. Paralelamente, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) inició una huelga total en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, advirtiendo que la medida podría extenderse a nivel nacional si la Federación de Aceiteros se suma al reclamo.

Más concretamente, este martes, el juez Fabián Lorenzini dispuso el regreso de la intervención judicial por un plazo inicial de 120 días. Los veedores designados, Guillermo Nudenmberg y Andrés Schocron, ya habían ocupado ese rol hasta agosto pasado, cuando el control de la empresa volvió a sus directivos. La decisión responde a los reclamos de los sindicatos, que denunciaron problemas en la administración y una creciente falta de liquidez que afectó el pago de sueldos.

En paralelo, el SOEA inició un paro total en las plantas de Vicentin en reclamo por la falta de pago de los salarios de febrero. Tras una audiencia fallida con la Secretaría de Trabajo, en la que la empresa no dio certezas sobre la fecha de pago, el gremio avanzó con la paralización total de las actividades. Además, se baraja la posibilidad de que la Federación de Aceiteros adhiera a la medida, lo que podría derivar en un paro nacional que afecte a todo el sector.

Hasta el momento, Vicentin pagó el 30% de los salarios de febrero y aduce que no cuenta con los fondos necesarios para cancelar el 70% restante. Fuentes de la empresa explican que el mayor problema es la falta de materia prima para procesar. Por ello, busca cerrar nuevos acuerdos que le permitan seguir operando. Sin embargo, también necesita recibir adelantos de fondos para afrontar los salarios adeudados y los próximos pagos. Algo que en la práctica está muy complicado.

Lo cierto, es que el conflicto de Vicentin con los fasones se enmarca en la falta de acuerdos con empresas como ACA, Bunge y Viterra, que previamente le proveían materia prima para el procesamiento. Estos contratos de fasón eran clave para la continuidad operativa de la agroexportadora, ya que le permitían generar ingresos sin necesidad de contar con granos propios. Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, que anuló la homologación de su acuerdo preventivo de crisis, complicaron las negociaciones.

La Corte Suprema de Santa Fe tomó esta decisión tras una presentación de unos de sus acreedores, el Grupo Grassi, que argumentó que la propuesta de pago de la empresa no era equitativa. El tribunal consideró que la estructura de pago establecida por Vicentin favorecía a ciertos acreedores en desmedro de otros, violando el principio de igualdad en los acuerdos concursales. Además, la Corte cuestionó la idea de que la única alternativa viable fuera la homologación o la quiebra, señalando que aún existía la posibilidad de abrir un período de concurrencia (cramdown) para que otros interesados presentaran propuestas de salvataje.

En este marco, en el sector suena con fuerza el rumor de que otros grupos inversores tienen intención de presentar propuestas para quedarse con la agroexportadora, algo que aleja a Bunge y ACA del plan original, lo mismo que a sus granos. A su vez, según explican, la nueva intervención judicial podría ordenar en lo inmediato algunas cuestiones puntuales, pero lo cierto es que la operatoria de la firma sigue muy complicada.