La Corte Suprema de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin

El máximo tribunal provincial consideró que la propuesta de pago presentada por la compañía vulneraba el principio de igualdad entre acreedores.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.300 millones. 

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe falló en contra de la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin, que había sido aprobado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista en marzo del año pasado. En una resolución dividida, el tribunal hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la firma Commodities SA, del Grupo Grassi, y concluyó que la propuesta de pago impulsada por la empresa agroexportadora vulneraba el principio de igualdad entre los acreedores.

El fallo destaca que el acuerdo presentado por Vicentin establecía un pago inicial de u$s30.000 para cada acreedor quirografario, sin distinción del monto total de sus acreencias, lo que generaba una ventaja para quienes tenían créditos menores y una quita sustancial para aquellos con deudas más grandes. "El problema radica en que los que obtendrían la totalidad de su crédito de forma inmediata votaron en la misma categoría e impusieron una solución a aquellos que, en el mejor de los casos, percibirían un 15% neto en doce años", argumentó el tribunal.

La Corte también cuestionó el criterio de la Cámara de Apelaciones, que había justificado la homologación del acuerdo bajo la premisa de que evitaría la quiebra de la compañía. "No puede aceptarse una lógica binaria de 'homologación o quiebra', omitiendo la posibilidad de apertura del período de concurrencia (cramdown)", sostuvieron los magistrados.

Con esta resolución, queda en suspenso el futuro de la empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde febrero de 2020. La realidad es que desde Vicentin tiempo atrás advirtieron que ya habían agotado su disponibilidad de caja para financiar las operaciones cotidianas y que no contaban con recursos suficientes para afrontar un eventual "cramdown".

De cualquier manera, la decisión del máximo tribunal provincial también abre un interrogante sobre el rol que tomarán en esta historia Bunge y ACA que respaldaban con fondos propios la propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores con el objetivo de quedarse con los activos de la agroexportadora. Ese plan hoy estaría complicado.

En este marco, el fallo remarca la falta de un plan de reorganización empresarial claro y el riesgo de que los activos de Vicentin no puedan ser liquidados debido a medidas cautelares dictadas en el fuero penal. Además, advierte que la propuesta aprobada por la Cámara no garantizaba un trato equitativo entre los acreedores y dejaba a muchos en una situación de incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.

El principal acreedor

El año pasado, el grupo inversor nacional CIMA anunció la adquisición de la deuda de la empresa con varios bancos internacionales, lo que lo transforma en el principal acreedor y un actor clave en el proceso judicial que lleva varios años. La operación, notificada formalmente en los tribunales el 17 de diciembre, implicó la compra de acreencias por poco más de u$s447 millones. Entre las entidades financieras involucradas se encuentran el IFC (u$s205,7 millones), el FMO (u$s122,3 millones), ING (u$s46,5 millones), Rabobank (u$s22,7 millones ), MUFG (u$s12,4 millones), SMBC (u$s12,3 millones) y Natixis (u$s9,9 millones). Fuentes del mercado estiman que CIMA pagó aproximadamente u$s70 millones por estas acreencias, lo que representa 11 centavos por cada dólar de deuda.

En declaraciones posteriores a la transacción, CIMA manifestó su intención de destrabar el proceso judicial y trabajar en una solución que permita reactivar la compañía que antes de su caída era la principal agroexportadora de bandera argentina. "Nuestro compromiso está enfocado en garantizar la continuidad de la empresa, preservar las fuentes laborales y aportar al desarrollo del sector", expresaron representantes del grupo inversor.

Un dato no menor es que el grupo CIMA se asoció para esta movida con la corredora Grassi, que lidera el grupo de acreedores disconformes con el plan de pagos propuesto.

A partir de ahora, con este nuevo fallo, el "cramdown", un mecanismo contemplado en la legislación argentina, permitiría a terceros presentar una oferta para competir con el plan de pagos original de Vicentin y hacerse con la operatoria de la compañía. Según fuentes del sector, además de ACA y Bunge, otros grupos empresarios buscan quedare con la empresa, incluso el Grupo Grassi. El final sigue abierto.