La desregulación llega a la industria del vino y desata una fuerte interna entre las bodegas

Un diputado oficialista propone eliminar el pago obligatorio de aportes para sostener el ente público-privado Coviar.

La Coviar fue creada por ley en 2004 para aplicar un plan estratégico de impulso a la industria del vino argentino.

La ola desreguladora que impulsa el gobierno nacional llegó a la industria del vino y abrió una fuerte disputa entre las bodegas. Lo que gatilló la interna fue un proyecto de ley presentado por un diputado del oficialismo para eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Esta entidad se financia con aportes obligatorios de las empresas del sector. Y el mileísmo ahora se propone dar de baja este esquema que va en contra de los principios de los militantes libertarios.

De un lado de esta nueva grieta vitivinícola se ubican los defensores de la continuidad de la Coviar. Y enfrente se alinean las principales empresas del sector agrupadas en la cámara Bodegas de Argentina.

El proyecto de ley fue elevado a las dos cámaras legislativas naciones por el diputado Damián Arabia. Tiene sólo un artículo que establece la derogación de la Ley 25849 que creó la Coviar en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El segundo artículo es de forma.

Según Arabia, el esquema que tiene como base a la Coviar “es un currito más para controlar el sistema del vino”, según explicó a través de su cuenta en la red social X.

Además define a su proyecto como “otra buena idea para desregular un mercado y hacer que funcione mejor gracias al sector privado. ¿Bancamos esta?”, pregunta a la audiencia. Y añade: “¿Qué otra cosa falta desregular?”.

Cuanta plata involucra la polémica sobre la eliminación de la Coviar

El presupuesto que maneja la Coviar incluye también el sostenimiento del llamado Plan Estratégico Vitivinícola, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento y la competitividad de la industria del vino.

Durante 2024 la entidad informó que había recibido un total de aportes por unos $3.800 millones, que según el dólar promedio de ese año, serían equivalentes a unos u$s4 millones.

Si bien ese dinero proviene mayoritariamente del pago obligatorio de las empresas de la cadena de valor vitivinícola, también hay aportes ocasionales del Estado, a través de los ministerios de Economía y de Desarrollo Social.

Más allá de la cifra involucrada, lo que siempre generó roces dentro del sector fueron los supuestos manejos políticos discrecionales de las sucesivas cúpulas de la Coviar que, según sus críticos, estaba embanderada con los gobiernos kirchneristas.

De todos modos, en la coyuntura actual parece natural que los argumentos para tratar de disolver este régimen de aportes hagan hincapié en los costos económicos que representa para las empresas privadas.

Así lo interpretó, por ejemplo, el Consejo Empresario Mendocino, que salió a apoyar la propuesta del diputado Arabia. “Este tipo de iniciativas de desregulación y de reducción de carga impositiva que recaen sobre el sector privado son necesarias para reducir el costo del sistema productivo argentino”.

La embestida de Bodegas de Argentina contra Coviar

El principal ariete de la embestida contra Coviar es Bodegas de Argentina, la cámara que reúne a las 250 bodegas más representativas y de todos los tamaños en 19 provincias. Su presidente es el bodeguero y enólogo mendocino Walter Bressia.

Esta entidad apoyó la propuesta del legislador oficialista (alineado con Patricia Bullrich, para ser más precisos) a través de un duro comunicado: “Bodegas de Argentina no participa en Coviar desde 2019, decisión que se tomó debido a la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión”.

“Sin embargo las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus operaciones en caso de no hacerlo o presentar atrasos en los pagos”, añadió.

Y remarcó: “El vino argentino atraviesa un momento difícil, por lo que consideramos que llegó el momento de dejar de sostener de manera compulsiva a instituciones que no cumplen su propósito y son parte de una carga impositiva imposible de sostener en este nuevo modelo”.

Coviar asegura que el monto de los aportes privados que recibe es "insignificante"

En la vereda de enfrente, Coviar también cosechó apoyos para su continuidad. El primero en salir a defender la gestión del ente público-privado fue su presidente, Mario González.

Y atacó el argumento preferido de sus adversarios: los supuestos sobrecostos que significa para las empresas sostener ese sistema de financiamiento obligatorio.

Dijo que el aporte es “insignificante para las bodegas y productores, ya que ronda entre 40 centavos y 80 centavos por litro de vino o kilo de uva, según el varietal”.

Pero resaltó que la suma es lo que hace la diferencia: “Con pequeños aportes se pueden lograr muchas más cosas que con esfuerzos individuales”, explicó.

Además, la Coviar también se expresó a través de un comunicado e hizo valer su poder de convocatoria, ya que lleva la firma de 30 entidades productoras y empresarias de la industria del vino, desde cooperativas hasta federaciones, tanto nacionales como del exterior.

También apeló a lo geográfico con el título del comunicado: "La vitivinicultura enfrenta un nuevo ataque del centralismo porteño".

Y en esa línea, planteó: "Que un legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires plantee la eliminación de una política de Estado de un sector productivo como el vitivinícola, pone en evidencia una discusión más grave y profunda: federalismo vs centralismo. Pone en debate quién toma las decisiones y qué rol tienen las provincias y los centros de producción a la hora de definir políticas y estrategias de desarrollo. No es una discusión por recursos sino por la representatividad de la vitivinicultura argentina”.

"En esta situación algunos actores vuelven a poner en evidencia su total irresponsabilidad a la hora de tomar decisiones inconsultas y sin un análisis y estudio previos sobre sus consecuencias e impacto a futuro", añadió.

"Ante el desconocimiento que exhibe el proyecto de ley presentado para eliminar una verdadera política de Estado de la vitivinicultura argentina, es importante aclarar que la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) no es una cámara empresaria ni mucho menos un sindicato. Es una institución que surgió por iniciativa del propio sector privado, con financiamiento del sector privado, en un intento por construir consensos y articular una estrategia común de desarrollo. Esa visión común es el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI)", explicó la entidad.

El debate recién comienza y tiene un final abierto. Si es correcto que el aporte empresario obligatorio "representa un 0,019% del precio de un vino", como asegura Coviar, es posible suponer que hay otras razones subyacentes.

Coviar apunta al “centralismo porteño” y Bodegas de Argentina habla de “falta de transparencia”. Por ahora todo indica que la política está metiendo la cola en la discusión.