Nuevos reclamos para que Nación traspase el puerto de Buenos Aires a la Ciudad

El gobierno de CABA y diputados de la Coalición Cívica alertaron por la situación de las terminales portuarias porteñas. Actualmente, están bajo la órbita del Estado nacional.

El Puerto de Buenos Aires es administrado por Nación en la actualidad. 

El gobierno de la Ciudad y diputados de la Coalición Cívica (CC) salieron en tándem a reclamarle a la administración de Javier Milei el pleno traspaso del puerto de Buenos Aires de la órbita de Nación a CABA, con el objetivo de que el distrito cuente con autonomía total, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Por un lado, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, publicó una nota de opinión titulada "El puerto de Buenos Aires: una infraestructura clave para el futuro de la Ciudad", en la que asegura que, pese a los avances logrados en otras áreas, para que la jurisdicción tenga plena autonomía, resta el traspaso de la terminal portuaria.

"El puerto debe seguir siendo utilizado como infraestructura logística, pero con una planificación urbana y de infraestructura adecuada, el área puede significar una expansión sustentable de la ciudad", adujo el funcionario. A la vez, precisó que "con una gestión local, podría fomentarse la integración de esta extensa zona con el entorno urbano, atrayendo inversiones privadas, generando empleo, creando áreas verdes y desarrollando espacios que mejoren la calidad de vida de los vecinos".

Bereciartua también recordó que muchas ciudades en el mundo, como Hamburgo, Nueva York y Rotterdam, gestionan sus propios puertos, "logrando un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad urbana". "En estos casos, la administración local ha permitido implementar políticas alineadas con las necesidades de los vecinos, promoviendo una planificación urbana más inteligente y un crecimiento económico inclusivo", concluyó.

Ignacio Petunchi

Para comprender el porqué de la situación actual, hay que remontarse un año y monedas atrás, a fines del 2023. Fue por esos días cuando el por entonces presidente Alberto Fernández, quien se preparaba para cederle el mando a Javier Milei, extendió por tres años la concesión del puerto, con posibilidad de volver a ampliarla otros tres años a posteriori.

En concreto, Fernández refirió a las dos concesiones operativas: la Terminal 1, 2 y 3, pertenecientes a Terminales Río de La Plata, de Dubai Ports; y la Terminal 4 de APM, de Maersk.

Atendiendo a esta situación y en espejo al pedido de Ciudad, los diputados de la CC Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley en el Congreso en ese sentido. En el mismo, refieren la reforma constitucional de 1994 y al fallo de la Corte Suprema 2084/2017, en el que la Justicia reafirma la competencia y jurisprudencia de CABA con las provincias en el marco del federalismo argentino.

Siguiendo ese camino, la iniciativa considera que “la transferencia también contribuye a reducir la duplicidad de funciones entre los niveles nacional y local, lo que genera una optimización en el uso de los recursos públicos y una mejora en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía”.

En paralelo, Ferraro y Oliveto especificaron que "para materializar dicha autonomía, resulta imprescindible la transferencia progresiva de funciones, facultades y bienes que actualmente son administrados por el Estado Nacional, pero cuyo ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, afirmaron que “la autonomía de la Ciudad implica que debe contar con facultades y recursos para gestionar los asuntos locales de manera eficiente y adecuada a las necesidades de sus habitantes”, y señalaron que se trata de “un principio fundamental para garantizar que la Ciudad pueda responder de manera eficaz a los desafíos propios de una metrópolis que concentra una parte significativa de la actividad económica, política y social del país”.

Respecto al puerto de Buenos Aires, los legisladores nacionales dijeron que “es una infraestructura estratégica que influye en la planificación urbana, el comercio y el transporte local” y evaluaron que su transferencia permitirá "integrar su administración a las políticas de desarrollo de la Ciudad, garantizando su sostenibilidad y alineación con las necesidades de sus habitantes”.

El texto, además, exige las trasferencias de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la terminal de Retiro de la órbita del Estado nacional a la de la Ciudad.

Los reclamos por la situación irregular del puerto de Buenos Aires no son exclusivos la política. En el último tiempo, diversos actores vinculados al comercio y la economía del país plantearon quejas similares por el funcionamiento de las terminales porteñas.

A fines del año pasado, el titular de Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se reunió con el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, a quien le planteó su preocupación por los altos costos logísticos de los puertos, que dificultan las exportaciones argentinas.

Previamente, la UIA había explicado que "las terminales portuarias han aprovechado la instancia de renegociación de contratos bajo los cuales se eliminó el precio máximo al que pueden establecer sus tarifas por servicios mediante el Decreto 299/23". Ese proceso tuvo como resultado un incremento de más del 25% del costo en dólares.

De acuerdo a un relevamiento realizado por los industriales, los puertos argentinos tienen los costos operativos más caros de la región, por encima de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.