Para luchar contra el fraude en seguros hace falta que intervenga la Justicia

Las cifras del fraude en seguros siguen siendo impactantes en la Argentina. Y constituyen todo un desafío para la industria.

La problemática del fraude en las pólizas de seguros de autos y motos no es nueva. Existe hace mucho y en al menos dos modalidades: a cargo de un particular o a través de bandas organizadas. Pero en períodos de crisis económicas los intentos aumentan, y en crisis tan potentes como las que provocó la pandemia el fraude alcanza cifras impresionantes.

Un dato permite entender la gravedad del fenómeno: incluso antes de la crisis económica, alrededor del 40 por ciento de los siniestros se pagaban mal o se pagaban de más, cifra que en la Argentina trepa al 46 ó 47 por ciento. Para que se entienda: en casi la mitad de los casos las compañías de seguros pagan por siniestros más de lo que deberían haber pagado o directamente se hacen cargo de casos en los que se cometió un fraude, pero no se logró demostrarlo fehacientemente.

El fraude no es solo un delito que perjudica a una compañía. Es el sistema todo el que sufre. Porque incluso cuando hacemos desistir a quien pretendía cobrar por un hecho que no ocurrió, el caso suele quedar sin sanción judicial.

Para que quede claro: hablamos de fraude cuando un asegurado pretende cobrar por un siniestro que no ocurrió –un robo parcial o total de un vehículo- o distorsiona las consecuencias de uno que sí ocurrió. Para el primer caso, la pandemia obró como un aliado: la imposibilidad de movilizar inspectores hizo que muchos que intentaron el fraude se salieran con la suya. Hasta el mes de junio, cuando se levantaron las restricciones y los inspectores pudieron retomar su trabajo y salir a entrevistar damnificados, el número de siniestros simulados fue altísimo. Los robos de autos y de accesorios crecieron exponencialmente.

El fraude conlleva un riesgo adicional para las compañías aseguradoras: rechazar un presunto siniestro por falta de pruebas puede dejar a la aseguradora en una posición inconveniente de cara a una futura acción legal. Debemos ser muy cuidadosos, porque en principio la justicia está a favor de la persona, esté haciendo trampa o no, y no de la compañía. Si bien en los últimos tiempos ha habido fallos judiciales de la Corte Suprema, en materia de seguros, que le han dado orden a la materia, y fueron ratificando la postura lógica de circunscribir la relación entre asegurados y aseguradoras a la ley de contratos de seguros, hay tribunales inferiores a lo largo de todo el país que muchas veces tergiversan la lógica técnica del contrato.

Normalmente, los casos de fraude representan entre el 2 y el 3 por ciento del total de las primas mundiales pagadas. Pero la crisis hizo que en la Argentina esos casos aumentaran entre un 15 y un 20 por ciento. Todo un desafío para la industria.

De esos delitos, estudios propios nos dicen que el 75 por ciento está a cargo de particulares, mientras que los restantes son protagonizados por verdaderas organizaciones. Entre los primeros, los más habituales son los autorobos o los accidentes inventados o exagerados. Los últimos meses permitieron constatar que, al amparo de la ausencia de inspectores, hubo maniobras casi surrealistas: un asegurador inventó el robo de su auto y lo tenía escondido en el garaje de su primo, a metros de su casa.

Los más complicados, sin embargo, son los otros, los fraudes organizados, de los que participan profesionales de diferentes actividades, que exageran lesiones o mienten en los peritajes.

Llevada a pesos, la dimensión del fenómeno resulta impactante. El pago de siniestros parcial o totalmente fraudulentos en autos y motos puede alcanzar entre 100 y 120 mil millones de pesos anuales.

El fraude le plantea un enorme desafío a la industria aseguradora. Es cierto que en 2020 la gestión de las compañías y de la Superintendencia de Seguros logró la actividad de los inspectores que retornara antes de lo pensado. Pero hace falta más. No podemos conformarnos con el desistimiento de quien iba a cometer fraude. Es imprescindible arbitrar los mecanismos para llevar a ese sujeto ante la Justicia penal, para evitar que el día de mañana lo intente de nuevo en otra compañía.

Es que el fraude no distingue regiones geográficas ni niveles socioeconómicos. Ocurre de modo generalizado, en los barrios más acomodados y en los más humildes, con autos de alta gama y con otros casi desvencijados. Su volumen es tal que si bien no debiera bastar para llevar a una compañía a la liquidación, puede hacer que una empresa se complique financieramente y termine respondiendo tarde y mal a quien de verdad le corresponde.

Algunas propuestas creativas generadas por las compañías se convirtieron en inesperados enemigos del robo y también del fraude. Los dispositivos de rastreo satelital, por ejemplo. En ese sentido, toda póliza que incluya la colocación de ese aparato será de inestimable ayuda para las compañías, dado que no sólo se disparará ante una denuncia de robo sino también toda vez que alguien intente desconectar el sistema de rastreo para incursionar en algún tipo de fraude. Las pólizas, como el caso de nuestro producto Orange Time de Libra que propone pagar por el seguro en función de lo que se usa el auto terminan siendo mucho menos permeables a este tipo de delito.

Las cifras del fraude en seguros siguen siendo impactantes en la Argentina. Y constituyen todo un desafío para la industria.

(*) Presidente de Libra Seguros.