Surcos enfrenta embargo de $21,6 millones y cheques rechazados por $300 millones

La empresa productora y comercializadora de agroquímicos recibió un pedido de embargo de la firma financiera Finlatina. Se agrava su situación.

Según los registros del BCRA, la firma comandada por la familia Calvo, registra cheques rechazados por falta de fondos por un total de $300 millones.

Surcos, una de las principales compañías argentinas del sector de insumos agroquímicos, continúa enfrentando una situación financiera y judicial cada vez más delicada. La firma informó recientemente sobre la imposición de un embargo por $21,6 millones ordenado en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por Finlatina S.A. Este proceso se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de Santa Fe.

En paralelo, según los registros del BCRA, la firma comandada por la familia Calvo, registra cheques rechazados por falta de fondos por un total de $300 millones, complicando aún más su panorama.

En un comunicado oficial, la empresa aclaró que aún no fue formalmente notificada de la acción judicial, pero aseguró que ejercerá su derecho de defensa una vez que reciba la notificación correspondiente. Este embargo es sólo el más reciente de una serie de eventos adversos que han golpeado a la compañía desde fines de 2024, cuando declaró su incapacidad para cumplir con deudas financieras significativas.

Más concretamente, Surcos enfrenta vencimientos impagos de pagarés bursátiles por un valor superior a los u$s3,5 millones y más de $9.300 millones en moneda local, con compromisos que se extienden hasta mediados de 2025. La empresa atribuye esta crisis a una combinación de factores externos e internos, incluyendo una fuerte caída del 32% en las ventas de fitosanitarios durante 2024, agravada por la sequía prolongada y cambios en los hábitos de compra de los productores.

Además de las dificultades financieras, Surcos es objeto de un proceso penal impulsado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este organismo presentó una denuncia por presunto ocultamiento de información relevante al emitir Obligaciones Negociables, un hecho que podría implicar violaciones a la normativa penal vigente.

Como parte de sus intentos por estabilizar la situación, según pudo averiguar Ámbito, la compañía está llevando adelante negociaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda, que supera los $100.000 millones. Estas conversaciones incluyen la elaboración de un plan integral que busca acordar nuevas condiciones de pago y garantizar la continuidad operativa. Paralelamente, Surcos solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, lo que podría abrir la puerta a ajustes en su plantilla laboral, es decir, ejecutar despidos sin pagar gran parte de las indemnizaciones correspondientes.

De cualquier manera, este nuevo embargo no sólo complica la situación inmediata de la compañía, sino que también aumenta la incertidumbre sobre su capacidad para superar esta crisis y recuperar su posición en el sector agroindustrial.