Vicentin vuelve a operar tras acuerdo con trabajadores y pago parcial de salarios

La firma retoma operaciones con fondos adelantados por la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias. El esquema salarial prevé el pago del 80% en tres tramos.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones. 

Vicentin volverá a operar las plantas de Avellaneda y Ricardone, luego de que los trabajadores aceptaran cobrar, de momento, el 80% de sus salarios en tres tramos. La empresa consiguió un adelanto de fasones de parte de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias, lo que le permitió garantizar el primer desembolso del 40% correspondiente a marzo.

El resto del cronograma incluye un 20% adicional el 25 de abril y otro 20% el 30 del mismo mes, mientras que el 20% restante sigue pendiente de nuevas negociaciones. El esquema fue convalidado esta semana en una audiencia encabezada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, con participación de gremios, representantes de la empresa y empresas asociadas al esquema de fasones.

Un salvavidas que evita una parálisis total

La reapertura de las plantas permite evitar la paralización total del grupo, que se había profundizado el 5 de abril, cuando Vicentin suspendió toda actividad industrial y comunicó que no contaba con fondos para abonar sueldos.

El propio directorio reconoció días atrás que sin el aporte adelantado de las empresas de fasones no habría forma de cumplir con ninguna obligación salarial. Aún así, el esquema no cubre el 100% de los haberes, y el último tramo –un 20% de los sueldos de marzo– sigue en discusión.

Además, la planta de San Lorenzo, una de las más grandes del grupo, sigue completamente parada desde hace meses. Según fuentes del sector, para reactivarla se necesitaría entre 350.000 y 400.000 toneladas de soja por mes, un volumen imposible de sostener sin un respaldo financiero sólido.

Cinco años del default: sin plan y sin socios

Desde su cesación de pagos en 2019, Vicentin arrastra una deuda de más de u$s1.500 millones, que incluye pasivos con diversas entidades locales y del exterior, productores agropecuarios, proveedores, cooperativas y organismos estatales como el Banco Nación.

El plan de reestructuración más firme –elaborado junto con ACA y Bunge– quedó suspendido tras una resolución de la Corte Suprema de Santa Fe. Desde entonces, no hubo nuevas propuestas concretas, y el concurso sigue estancado en medio de reclamos judiciales, denuncias penales por vaciamiento y el rechazo de buena parte del mercado. Incluso, cuatro exdirectivos permanecerán en prisión preventiva por 120 días acusados de malversación de fondos.

La postura del Grupo Grassi, uno de los principales acreedores, continúa siendo un obstáculo importante. Recientemente, el líder de la empresa, Mariano Grassi, participó de una audiencia por videoconferencia, donde reiteró su negativa a colaborar mientras siga la actual conducción de Vicentin. En su opinión, cualquier reactivación de la empresa debe pasar por un cambio de autoridades, ya que responsabiliza a la actual gestión por el colapso financiero y operativo.

¿Qué sigue para Vicentin?

A pesar de los intentos por reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, la situación de Vicentin sigue siendo crítica. La falta de recursos para garantizar el pago completo de los salarios, la incertidumbre sobre la provisión de energía y la falta de certezas sobre los acuerdos clave con clientes y acreedores siguen siendo los principales obstáculos para una reactivación definitiva.

En medio de este panorama, la opción del "cramdown" (salvataje judicial) sigue latente. Este mecanismo, que permitiría la intervención judicial para imponer un acuerdo con los acreedores, se perfila como una posible salida para reestructurar la empresa y dar paso a la llegada de nuevos accionistas, pero todavía depende de una resolución favorable de la Justicia. Por su parte, desde Vicentin dicen que si necesario recurrirán a la Corte Suprema de la Nación para conseguir la homologación de su acuerdo con los acreedores. El final sigue abierto.