Argentina frente a la crisis climática: desafíos, oportunidades y financiamiento

La catástrofe que atraviesa Bahía Blanca obliga a repensar las obligaciones de los Estados y los acuerdos internacionales para abordar abordarlos.

El temporal en Bahía Blanca puso en relevancia la importancia de los acuerdos internacionales.

El 2025 comenzó en Argentina con eventos climáticos extremos que ilustran la crisis que enfrentamos: incendios en especial en la Patagonia, pero también en Corrientes y Córdoba, entre otros, e inundaciones en Bahía Blanca. Estos fenómenos no son aislados, sino parte de un patrón global alarmante. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, el 2024 fue el año más cálido registrado, con olas de calor y frío, sequías, inundaciones y nevadas inusuales. La conexión con la crisis climática es innegable, y la sociedad lo percibe con claridad: 9 de cada 10 argentinos creen que el estado de la naturaleza impacta en su salud, y el cambio climático está entre sus principales preocupaciones ambientales, junto con los incendios, la deforestación y el manejo de residuos.

Frente a este panorama, Argentina forma parte de diversos acuerdos internacionales para abordar la crisis climática y de biodiversidad. Además del Acuerdo de París, suscrito en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), nuestro país también es parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). En 2022, los estados adheridos a esta última firmaron el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, un acuerdo que busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Ambos acuerdos son complementarios, ya que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es imposible sin considerar la protección de la naturaleza y de las personas.

Si bien estos compromisos son fundamentales, el acceso a financiamiento internacional sigue siendo un desafío. A finales de 2024, en la Conferencia de las Partes (COP29) de clima, se acordó que los países desarrollados canalizarán al menos USD 300.000 millones al año hasta 2035 para apoyar la reducción de emisiones en países en desarrollo, además de un objetivo más amplio de recaudar USD 1.3 billones anuales de diversas fuentes, incluyendo la inversión privada. Sin embargo, estos montos continúan siendo insuficientes frente a la magnitud del problema: según el Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC, las necesidades financieras de los países en desarrollo ascienden a entre USD 5 y 6.8 billones para 2030. A su vez, los fondos para pérdidas y daños, diseñados para atender las catástrofes climáticas, son aún más limitados y de difícil acceso.

En el ámbito de la biodiversidad, el Marco Global de Biodiversidad estableció la meta de recaudar USD 20.000 millones para 2025 y movilizar USD 200.000 millones anuales para 2030. Asimismo, a finales del año pasado en la COP16, se creó el Fondo de Cali, que busca canalizar financiamiento proveniente de empresas que utilizan información genética digitalizada, asegurando que al menos el 50% de los recursos apoyen acciones locales de conservación, en especial a pueblos indígenas y comunidades locales.

Ante este contexto, surge la pregunta, estos acuerdos disponen de mecanismos de financiamiento para abordar pérdidas y daños por eventos climáticos. El Banco Mundial aloja un fondo específico creado en la COP28 que tuvo lugar en 2023. Este fondo ya cuenta con compromisos asumidos de diferentes naciones para su creación, y resta aún que se definan los criterios de acceso al financiamiento. Se espera que los países incorporen evaluaciones detalladas de pérdidas y daños en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para acceder a estos recursos. No obstante, la implementación efectiva de estos mecanismos dependerá de la gestión y las estrategias adoptadas por cada gobierno.

Y aquí es donde surgen las dudas sobre el nivel de compromiso de Argentina con la acción climática. Si bien el país ha tenido históricamente una participación activa en las negociaciones internacionales y cuenta con un marco legal para la acción climática (Ley 27.520), las decisiones recientes del gobierno nacional generan incertidumbre. El retiro de la delegación argentina de la COP29, contradice los compromisos asumidos y puede afectar la imagen internacional del país, así como su acceso a mercados con estándares ambientales más exigentes. Además, esta decisión vulnera la legislación vigente y debilita la capacidad de Argentina para negociar financiamiento y articular políticas de mitigación y adaptación.

A pesar de estos retrocesos a nivel nacional, hay actores que siguen apostando por la acción climática. Un ejemplo la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA), una red de gobiernos locales, empresas y sociedad civil que busca avanzar en la agenda climática desde lo subnacional. Esto demuestra que, incluso en contextos adversos, aún hay margen para el liderazgo y la transformación.

La crisis climática no espera, y Argentina debe demostrar que está preparada para proteger a su gente y su territorio de sus crecientes impactos, desde incendios e inundaciones hasta pérdidas económicas y sociales. La prevención y la acción temprana son clave para evitar daños irreversibles.

Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza en Fundación Vida Silvestre Argentina