Cuentas públicas sin control parlamentario

El Gobierno apunta a reducir los ingresos fiscales, con lo cual, la inmutable regla del déficit cero implica, necesariamente, ajuste del gasto y recorte de partidas, en especial, como vino sucediendo, las vinculadas a salud, educación, protección de los adultos mayores y de las familias necesitadas, inversión pública y las dedicadas a ciencia y tecnología, entre otras tantas.

Mariano Fuchila

El Gobierno hizo todo lo posible para que el Presupuesto 2025 no se apruebe en Diputados durante las sesiones ordinarias. Luego llamó a sesiones extraordinarias pero no incluyó este proyecto en el temario. Con lo cual, debilita seriamente las instituciones republicanas, ya que uno de los temas esenciales que tiene asignados por la Constitución Nacional el Poder Legislativo es la aprobación de la llamada “Ley de Leyes”, apelativo que da cuenta de su importancia.

A partir de esta situación, el Poder Ejecutivo emitió, a principios de enero, una Decisión Administrativa (3/2025) prorrogando el Presupuesto 2023, en la que se establece la distribución de los créditos y recursos para este año. Es la primera vez que se prorroga el Presupuesto durante dos años seguidos.

De esta forma, se fija una asignación arbitraria y discrecional de las partidas que además, al tener en cuenta el objetivo primordial del gobierno libertario de déficit cero y la denominada “motosierra profunda”, implicará continuar con el fuerte ajuste que ya comenzó el año pasado. El cierre de 50 organismos públicos que el Gobierno está promocionando, a través de lo que el Presidente denominó el decreto 70/25, es una muestra de la continuidad de esta política de ajuste.

Siempre resulta importante manejar el gasto de la manera más eficiente posible, pero el mismo debe respetar las leyes que regulan el funcionamiento del Gobierno. Invertir estas prioridades, colocando por encima los pesos que se gastan, y sin la participación del Poder Legislativo en la elaboración de las asignaciones y recursos de los fondos fiscales, resulta como mínimo una actitud contraria a los principios democráticos y de eficiencia fiscal. Todo ello en el marco de un gobierno nacional que apunta a reducir los ingresos fiscales, con lo cual, la inmutable regla del déficit cero implica, necesariamente, ajuste del gasto y recorte de partidas, en especial, como vino sucediendo, las vinculadas a salud, educación, protección de los adultos mayores y de las familias necesitadas, inversión pública y las dedicadas a ciencia y tecnología, entre otras tantas.

Lo que evidentemente el gobierno libertario no modifica bajo ningún concepto son los pagos de los servicios de la deuda pública. Aún más, con los planes explícitos de incrementar el endeudamiento que tiene en mente, se aumentarían notablemente estas erogaciones.

Según los datos del Ministerio de Economía, para todo 2024 hubo un superávit financiero de $1,76 billones (0,3% del PBI) y uno primario de $10,4 billones (1,8% del PBI). De estos datos se desprende que los intereses netos pagados (en pesos y en dólares) por “sobre la línea”, es decir, los contabilizados en el gasto público, fueron de 8,6 billones medidos en pesos. Un valor que adquiere más importancia al tener en cuenta el hecho de que cumplir “a rajatabla” con el objetivo de equilibrio fiscal implicó el recorte en los fondos destinados a otras áreas clave, como ya expresé. Para tener una idea de su magnitud, ese pago de intereses equivalió al doble de lo asignado en ese año al PAMI ($5,4 billones) o seis veces las transferencias corrientes a las provincias.

Pero estos resultados deben ser analizados junto con la evolución del endeudamiento público. A partir de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se puede calcular que la deuda en pesos durante el año pasado aumentó $131 billones (+157,5% con respecto al cierre del año 2023), mientras que la pagadera en moneda extranjera disminuyó en 9.021 millones de dólares (-3,4%). Con lo cual, la deuda total habría aumentado unos 122,7 billones, medida en pesos. Pero, ¿si hubo superávit fiscal financiero del 0,3% del PIB según el Mecon ($1,76 billones), a dónde fue este incremento de la deuda?

En gran parte, este aumento del endeudamiento se produjo por la actualización de los bonos con CER (unos $94 billones) y unos $14 billones producto de la capitalización de intereses de los nuevos títulos emitidos (las más conocidas son las letras de capitalización, Lecap).

En el caso de los intereses de las letras capitalizables éstos son verdaderamente intereses (así lo consideran los inversores) pero, como se capitalizan, no se contabilizan “sobre la línea” (es decir, como gastos), sino que aumentan la deuda (que, además, en algún momento habrá que pagarla).

Con lo cual, el Gobierno llega al superávit fiscal con una “contabilidad creativa”. Si los intereses de las letras capitalizables se calcularan como intereses sobre la línea, el resultado fiscal total hubiera sido de un déficit de $12,3 billones, poniendo en duda el principal logro del que se jacta la actual administración, que es conseguir superávit fiscal. Éste es un análisis que realizan muchos economistas, algunos de ellos con amplio acceso a los medios de comunicación, a quienes en varios casos se los denomina “gurúes”.

Desconocimiento de las atribuciones del Parlamento y “contabilidad creativa” son indicios de una deficiente administración pública por parte del Ejecutivo.