Decretos y represión: la deriva autoritaria en la Argentina de Javier Milei

La implementación de políticas autoritarias, como el nombramiento de jueces de la Corte mediante DNU y la firma de acuerdos con el FMI sin la debida divulgación pormenorizada, plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y económica del país.

Hoy, la repetición de patrones autoritarios y la erosión del diálogo democrático podrían conducir al país hacia una nueva espiral de crisis.

Gentileza: Letra P

En el complejo entramado de la economía argentina, las recientes medidas adoptadas por el gobierno han generado inquietud en los mercados financieros. La implementación de políticas autoritarias, como el nombramiento de jueces de la Corte Suprema mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la debida divulgación pormenorizada, plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y económica del país.

Además, la represión de manifestaciones sociales y la naturalización de discursos violentos en la esfera pública configuran un escenario que podría afectar la confianza de inversores y actores económicos. Este artículo propone un análisis de cómo estas dinámicas políticas y sociales pueden influir en el clima de negocios y en la previsibilidad económica de Argentina.

Argentina atraviesa una coyuntura crítica en la que las tensiones políticas, económicas y sociales convergen en un entramado de violencia institucionalizada y un fenómeno de mimetización con la lógica de gobierno. Mejor dicho, una parte significativa de la sociedad se ha mimetizado, ha naturalizado prácticas discursivas y políticas marcadas por el enfrentamiento, la descalificación y la imposición de medidas autoritarias. La relación entre el proyecto libertario y la reinstalación de modos arcaicos de resolución de conflictos, con especial énfasis en el rol del Estado y su vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han evocado un “revival” de las peores épocas del país.

La mimetización con Milei: La violencia como modo de relación

Decíamos que el ascenso del “libertarismo” en Argentina se ha acompañado de un fenómeno de mimetización que trasciende la adhesión ideológica explícita. Muchos ciudadanos han incorporado, consciente o inconscientemente, un modo de relación social caracterizado por la agresión verbal y la deslegitimación del adversario. Esta dinámica replica formas autoritarias propias de regímenes previos a la recuperación democrática de 1983.

La lógica de confrontación no solo se manifiesta en la esfera política, sino que impregna el discurso público y cotidiano. La agresividad presidencial encuentra eco en una parte de la sociedad que ha asumido como legítima la descalificación sistemática de actores opositores, periodistas y referentes sociales. Otros ciudadanos o actores de redes sociales directamente insultan apelando a obscenidades. En este contexto, la violencia deja de ser un fenómeno marginal para convertirse en un instrumento central de gestión del disenso.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el FMI: ¿Reforma o autoritarismo económico?

El gobierno ha profundizado una estrategia de gobierno por decreto que redefine las reglas del juego democrático. La reciente firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar en el acuerdo con el FMI ejemplifica esta tendencia. Bajo la justificación de necesidad imperiosa, el Ejecutivo se ha arrogado facultades que deberían ser debatidas en el Congreso, debilitando la institucionalidad democrática.

El DNU establece un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) hasta 2035, reestructurando la deuda a costa de futuros gobiernos. Sin embargo, omite detalles clave como la magnitud de los desembolsos, las metas macroeconómicas exigidas por el FMI y las condiciones asociadas al ajuste fiscal. Este esquema impone un sacrificio intergeneracional en nombre de la estabilidad macroeconómica, sin un debate público profundo sobre sus implicancias.

El caso de los jubilados y la represión estatal

Esta tarde volveremos a ver como la implementación de políticas de ajuste ha venido acompañada de una creciente represión de la protesta social. El caso de las manifestaciones de jubilados es paradigmático: ante el deterioro de sus haberes, han salido a las calles en reiteradas ocasiones, solo para ser reprimidos por las fuerzas de seguridad.

El gobierno ha justificado estas acciones bajo la premisa de mantener el orden, pero el despliegue de protocolos antipiquetes y la criminalización de manifestantes evidencian una deriva autoritaria. Más preocupante aún es la narrativa oficial que vincula a los manifestantes con el narcotráfico, deslegitimando así cualquier expresión de descontento social.

Nombramientos arbitrarios y prácticas autoritarias

En una decisión sin precedentes en la historia democrática reciente, el presidente Milei nombró a Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), evitando el procedimiento constitucional que requiere el aval del Senado. Esta maniobra refleja una alarmante concentración de poder en el Ejecutivo, debilitando la independencia judicial y sentando un peligroso precedente para la separación de poderes.

Asimismo, la falta de transparencia en decisiones clave, como la decisión de trasladar reservas de oro al exterior sin explicación alguna por parte de Santiago Bausili, presidente de la entidad (BCRA) y socio de Luis Caputo hasta días antes de asumir, contribuye a la erosión de la confianza pública en las instituciones. Medidas de este tipo no solo generan incertidumbre económica, sino que también socavan la credibilidad del país en los mercados internacionales. El Banco Central de Argentina confirmó el traslado de parte de sus reservas en oro al exterior, sin especificar la cantidad, el destino ni los motivos, alegando razones de seguridad. Esta falta de nitidez ha generado preocupación sobre posibles embargos y la gestión opaca de los recursos nacionales.

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin debate parlamentario

Luis Caputo ha avanzado en un acuerdo de facilidades extendidas (EFF-sigla en inglés) con el FMI hasta 2035 mediante DNU, evitando la discusión y aprobación en el Congreso. Esta práctica ha sido cuestionada por comprometer la soberanía económica y democrática del país, al imponer ajustes fiscales sin el debido proceso legislativo.

Expresiones autoritarias de figuras políticas

Líderes políticos como Patricia Bullrich han sido asociados con posturas autoritarias en su gestión de la seguridad y el orden público. Sus antecedentes violentos como militante de la Tendencia Revolucionaria mencionados por Milei en campaña, y su actual enfoque “mano dura” con declaraciones controversiales han sido objeto de debate en cuanto al respeto por las libertades civiles.

Estas acciones y actitudes de actores políticos y gubernamentales evidencian una tendencia preocupante hacia prácticas autoritarias y antidemocráticas en Argentina, afectando la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

El realismo político y la estética del gobierno

Desde una perspectiva filosófica, es pertinente preguntarse por el realismo de las ficciones gubernamentales. En este sentido, el discurso libertario presenta una estética surrealista que, con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales, ha logrado naturalizarse en parte de la ciudadanía.

Siguiendo a René Girard, podemos interpretar el mimetismo político de parte de la ciudadanía como un mecanismo en el que el deseo se configura en función del “otro”. En este caso, Milei ha construido una narrativa en la que la austeridad, la violencia institucional y la reconfiguración del Estado mínimo se presentan como valores deseables. La ciudadanía, en este marco, no solo acepta la precarización y la exclusión como inevitables, sino que las defiende como elementos fundacionales de un nuevo orden.

Corolario

Argentina se encuentra atrapada en una espiral de violencia discursiva y política que amenaza los principios democráticos y la convivencia social. La naturalización del conflicto como método de gobierno y la imposición de ajustes estructurales sin debate parlamentario configuran un escenario de crisis institucional.

El desafío radica en recuperar una esfera pública donde el disenso no implique la aniquilación del otro y donde las decisiones estructurales sean el resultado de consensos democráticos, y no de imposiciones autoritarias. El país enfrenta el riesgo de consolidar un modelo de gestión basado en la agresión y la exclusión, con consecuencias impredecibles para su futuro político y social.

La historia económica y política de Argentina ofrece lecciones contundentes sobre las consecuencias de la inestabilidad institucional y la adopción de medidas autoritarias. La crisis de diciembre de 2001, marcada por un estallido social y económico, culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y dejó una profunda cicatriz en la sociedad argentina. Más recientemente, en 2018, la abrupta salida de Luis Caputo de la presidencia del Banco Central, en medio de una devaluación del peso y tensiones con el FMI, evidenció la fragilidad de las políticas económicas implementadas sin consenso amplio.

Hoy, la repetición de patrones autoritarios y la erosión del diálogo democrático podrían conducir al país hacia una nueva espiral de crisis. La falta de transparencia en acuerdos internacionales, la represión de la protesta social y la naturalización de la violencia en el discurso público no solo amenazan la cohesión social, sino que también socavan la confianza de los mercados y de la comunidad internacional. Es imperativo que Argentina reflexione sobre su pasado reciente para evitar recaer en escenarios de devaluaciones abruptas, inestabilidad política y estallidos sociales que perjudiquen el bienestar de su población y su posición en el contexto global.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.