DNU sin necesidad ni urgencia

Mariano Fuchila

El DNU 179/2025 que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, y que fue ratificado la semana pasada en Diputados, impone un nuevo endeudamiento con el FMI e implicó que los legisladores hayamos tenido que trabajar “en la penumbra” en la que se nos planteó aprobar a libro cerrado un acuerdo “a celebrarse”, con respecto al cual no conocemos el monto que involucra, las condiciones, la tasa de interés, en definitiva, ninguno de los elementos que lo componen.

Cabe preguntarse además: ¿cuál es “la necesidad y la urgencia” que requiere la aprobación de este préstamo con un organismo internacional siendo que no existe en este momento un riesgo de default? Como mencioné en mi columna anterior, los primeros vencimientos de capital de la deuda reestructurada en 2022 comienzan en septiembre de 2026.

El artículo 2º del Decreto dice que “el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, suscribirá los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1°, pudiendo delegar esas atribuciones en el Ministerio de Economía”. Un DNU que autoriza al ministro de Economía a suscribir un endeudamiento, sin ninguna limitación. Implica una delegación de facultades que excede los límites de todo lo razonable.

Dadas las actuales condiciones macroeconómicas, este nuevo acuerdo con el Fondo podría implicar una vuelta a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri: el crédito de mayor monto en la historia del organismo y de nuestro país, que derivó en una estructura de fuga de capitales en el marco de una economía en recesión en la que tan sólo una minoría salió beneficiada a partir de la especulación financiera. Un costo que aún está pagando la sociedad argentina.

Otro argumento que se esgrime en el Decreto para “justificar” la “urgencia” en el tratamiento de este nuevo acuerdo es que “la volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BCRA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica”.

La realidad es que esa calidad de activos hubiese sido mucho mayor si, para sostener la política de minidevaluaciones diarias (o crawling peg) del 2% mensual durante 2024 y ahora en el 1% mensual, no se hubieran dejado de percibir unos cerca de 19.500 millones de dólares por la aplicación del llamado “dólar blend”, por el cual el 20% de las exportaciones se liquida por el contado con liquidación, y no ingresa a las Reservas Internacionales. A lo que deberían sumarse las reiteradas intervenciones directas en la compra de títulos para mantener los niveles de los dólares financieros.

Son todas políticas que van en contra de una eficiente administración de un bien escaso en nuestro país, como lo son las divisas, tan necesarias para el desarrollo productivo local.

Uno de los ejemplos más recientes de decisiones que van en esta línea es el de reducir los aranceles a las importaciones en el sector textil, argumentando que llevaría a una caída de los precios. Una medida contraria a lo que está ocurriendo en las principales economías del mundo y con varias aristas negativas: por un lado, la mayor necesidad de divisas ante un incremento de los bienes importados, y por el otro, según manifestaron las propias cámaras afines, no es la solución. Sostienen que “la experiencia internacional ha demostrado que una apertura comercial sin planificación puede debilitar la industria local en lugar de fortalecerla”. Agregaron que

“sin una estrategia integral que contemple la mejora de la competitividad sistémica de la industria local, esta medida puede comprometer seriamente el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil en Argentina”.

La actual situación ya es preocupante: según los últimos datos oficiales de empleo, durante el cuarto trimestre de 2024, 125.000 asalariados registrados perdieron su empleo al compararlo con igual periodo de 2023 y la tasa de desocupación se elevó del 5,7% al 6,4% en igual lapso.

Como lo hemos comentado otras veces: con las particularidades de cada momento, estamos ante una continuación de las políticas aplicadas durante las gestiones de Martínez de Hoz, Carlos Menem o Mauricio Macri que, junto con Javier Milei, completarían lo que dimos en llamar “las 4M”: desguace indiscriminado del Estado, ajuste del gasto público, atraso cambiario y apertura importadora, endeudamiento con condicionalidades con plazos y montos cada vez mayores, entre otras, cuyos resultados son conocidos y ya fueron padecidos por la sociedad argentina.

Diputado Nacional Unión por la Patria. Presidente Partido Solidario