El gobierno de Javier Milei anunció un viraje sustancial en su política cambiaria, que marca el fin del esquema de tipo de cambio fijo con microdevaluaciones diarias ("crawling peg"), y da paso a un sistema de flotación administrada con bandas de intervención. El nuevo régimen fue presentado por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, e incluye una flexibilización parcial de las restricciones para operar en el mercado oficial de cambios.
Dólar: primeras señales tras el nuevo régimen cambiario
El Gobierno abandonó el esquema de tipo de cambio fijo con microdevaluaciones y adoptó una banda cambiaria con intervención. El nuevo régimen, impulsado por el acuerdo con el FMI, busca corregir los desequilibrios acumulados hasta el momento.
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El nuevo régimen fue presentado por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, e incluye una flexibilización parcial de las restricciones para operar en el mercado oficial de cambios.
El nuevo esquema establece una banda cambiaria con una amplitud inicial del 40%, cuyo piso y techo se ampliarán mensualmente a una tasa del 1%. En otras palabras, se abandona el "crawling peg" como único mecanismo de ajuste y se introduce una dinámica en la cual el precio del dólar podrá fluctuar dentro de ciertos márgenes ($1.000/$1.400 al comienzo), aunque con intervención oficial si se sale de ese rango. Las restricciones para personas humanas fueron eliminadas, pero las que afectan a las empresas —en particular, la posibilidad de acceder a divisas para atesoramiento o giros de utilidades— se mantienen vigentes. Asimismo, se desactivó el esquema de dólar blend que permitía a las exportadoras liquidar un 20% de sus ventas a través de los mercados financieros.
La modificación no es un movimiento aislado. Se da en el contexto de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que exigía como condición el abandono de un régimen que, a todas luces, ya mostraba signos de agotamiento. Pese a que desde el oficialismo se insiste en que esta transición estaba contemplada desde mediados del año pasado, lo cierto es que el discurso oficial siempre sostuvo que el tipo de cambio se mantendría fijo, con ajustes decrecientes hasta converger a una inflación nula, momento en el cual se levantarían las restricciones. Este cambio de narrativa no es menor: en un programa que depende críticamente de la credibilidad, las contradicciones discursivas pueden minar el principal activo del Gobierno.
Si el mercado hubiese considerado que el tipo de cambio estaba en equilibrio, el primer día del nuevo esquema no debería haber arrojado movimientos significativos. Más aún, el fuerte respaldo financiero obtenido —que incluye desembolsos del FMI, el Banco Mundial, y la posible incorporación de líneas de crédito del Tesoro de los Estados Unidos— podría haber contenido presiones alcistas. Sin embargo, el dólar oficial del Banco Nación subió $1.230 en una sola jornada, lo que implica una devaluación del 10,78%. El salto cambiario refleja, al menos en parte, un reconocimiento tardío del atraso acumulado durante los últimos meses.
A diferencia de la salida del cepo de 2015, cuando las empresas accedían libremente al mercado oficial incluso para operaciones de atesoramiento, el nuevo régimen conserva importantes restricciones para los agentes corporativos. Adicionalmente, las empresas que accedan al mercado oficial quedarán inhabilitadas por 90 días para operar en los mercados financieros, lo cual limita la eficiencia del sistema de arbitraje y afecta la profundidad del mercado. En resumen hubo una flexibilización del cepo pero no ha sido eliminado.
Desde una perspectiva técnica, el nuevo esquema es un avance. Mejora la flexibilidad del sistema y reconoce una realidad que el tipo de cambio fijo ya no podía contener. Sin embargo, también es el resultado de un ajuste postergado. El salto en la cotización del dólar —y su previsible impacto en los precios internos— no es consecuencia de la medida del viernes, sino del rezago acumulado durante la primer parte del programa, cuando incluso se optó por desacelerar el "crawling peg" con el objetivo de reforzar el ancla nominal.
Resulta paradójico que, apenas dos meses después de que el Gobierno afirmara que el "crawling peg" había dejado de ser una herramienta antiinflacionaria para convertirse en un piso de la inflación y por eso se reducía a la mitad, hoy se minimice el impacto del tipo de cambio en la formación de precios. Tales contradicciones debilitan el relato oficial y obstaculizan la construcción de expectativas racionales.
En cualquier caso, se trata apenas del primer día del nuevo régimen. Será necesario observar el comportamiento del mercado en las próximas jornadas para evaluar en qué nivel de precio del dólar se estabilizan la oferta y la demanda. Los cambios eran necesarios y, en ese sentido, son bienvenidos. Pero su implementación tardía implica un costo mayor: un salto en el tipo de cambio, una aceleración inflacionaria, y una mayor exigencia sobre la política monetaria y fiscal para evitar desanclar aún más las expectativas.
La tarea del gobierno es doble: persuadir a los mercados de que su giro es estratégico, no reactivo, y proteger a los consumidores de alzas de precios que puedan revertir los avances contra la inflación. El verdadero examen será estabilizar el dólar sin desatar una espiral inflacionaria ni perder la confianza de la sociedad.
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