El ministro Luis Caputo estatiza los instrumentos de regulación monetaria del BCRA: ¿quién pagará la cuenta? (tercera parte)

La estatización de la deuda del BCRA no solo trasladó riesgos financieros al Tesoro, sino que también consolidó un sistema donde los actores privados maximizan beneficios sin asumir costos. ¿Fue una medida técnica necesaria o una jugada maestra de los grandes grupos financieros?

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Cuando los bancos siempre ganan y el Estado siempre pierde, la pregunta no es quién diseña las reglas del juego, sino para quién se diseñan. La estatización de la deuda del BCRA no solo trasladó riesgos financieros al Tesoro, sino que también consolidó un sistema donde los actores privados maximizan beneficios sin asumir costos. ¿Fue una medida técnica necesaria o una jugada maestra de los grandes grupos financieros? En esta entrega, analizamos el papel de los bancos, los conflictos de interés y la sombra de la captura del Estado en una decisión que marcará el futuro económico de Argentina.

Los títulos del Tesoro tienen vencimientos más largos que los instrumentos de regulación monetaria, lo que les da a los bancos comerciales e inversores una previsibilidad mayor sobre sus retornos. Esto reduce la volatilidad que podrían enfrentar con instrumentos monetarios de más corto plazo como las Leliqs y los Pases a un día para los bancos comerciales que los poseían en sus activos. La deuda del Tesoro Nacional está respaldada “directamente” por la capacidad del Estado de recaudar impuestos, lo que la convierte en una inversión de bajo riesgo.

Aunque el rendimiento de los pasivos remunerados del BCRA ha sido más alto, el actual pasaje a deuda del Tesoro en cambio, garantiza que los retornos devengados se mantendrán estables y relativamente altos en comparación con las alternativas de inversión en un contexto de incertidumbre como el de los últimos y próximos días.

Este proceso ha sido estudiado por autores que analizan el impacto de las políticas de deuda en los sistemas financieros. En particular, Paul Krugman ha discutido en The Return of Depression Economics (2009) cómo los acreedores privados, incluidos los bancos, buscan maximizar su rentabilidad en contextos de crisis de deuda soberana, exigiendo cambios que favorezcan su exposición a instrumentos más seguros y rentables, como los bonos soberanos. Ahora mismo este tipo de dinámica puede observarse en la Argentina, donde el interés de los bancos está alineado con la transferencia de pasivos remunerados a deuda del Tesoro, que ofrece mayor seguridad y estabilidad.

Otro aspecto a considerar es cómo esta estrategia de transferencia puede ser vista desde una perspectiva de captura regulatoria. George Stigler en su obra clásica sobre teoría de la regulación (The Theory of Economic Regulation, 1971) argumenta que los grupos de interés más poderosos, como el sector bancario, tienen la capacidad de influir en las decisiones regulatorias en beneficio propio. En este sentido, los bancos en Argentina, como principales acreedores, habrían presionado o apoyado de manera implícita desde el primer día la transferencia de deuda hacia el Tesoro.

Los equipos económicos no son eternos y suelen dilatar los inconvenientes hacia el futuro. Aunque la medida de estatizar instrumentos de regulación monetaria del BCRA puede aliviar temporalmente a la institución, la transferencia tiene importantes consecuencias futuras para la política monetaria y la estabilidad macroeconómica. Al convertir pasivos remunerados en deuda del Tesoro, el gobierno desplaza el peso financiero hacia el presupuesto fiscal. Esto genera un incentivo perverso para el futuro; el Tesoro, con mayores compromisos financieros, podría volver a depender en ascenso de la emisión monetaria para cumplir con sus obligaciones, lo que alimenta presiones inflacionarias en el mediano plazo. De hecho, el Tesoro se ha gastado prácticamente todo lo ahorrado en su cuenta en pesos del BCRA, por eso ya, política monetaria del BCRA podría verse comprometida. Al reducir su stock de pasivos remunerados, el Banco Central pierde una de sus principales herramientas para controlar la liquidez del mercado y manejar la inflación. Esto genera un dilema: al principio, la transferencia de los instrumentos de regulación monetaria al Tesoro redujo la presión financiera sobre el BCRA; pero en el futuro el Tesoro podría volver la dominancia fiscal y tentando a financiar sus déficits mediante nueva emisión monetaria del BCRA, generando más inflación.

Los funcionarios podrían estar interesados en manipular ciertos indicadores económicos, como el nivel real de déficit fiscal (que hoy ya está en discusión), para mejorar temporalmente la imagen financiera del país o del gobierno ante organismos internacionales o los mercados. Esto podría tener el objetivo de facilitar el acceso a préstamos internacionales o mantener la estabilidad económica artificialmente hasta que se logre algún objetivo político. Posteriormente, el aumento de la deuda estatal podría ser gestionado de manera opaca.

Potencial de corrupción

Para abordar este aspecto más delicado sobre las connotaciones en la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro Nacional, es importante analizar cómo las autoridades económicas pueden verse involucradas en decisiones que favorecen a ciertos actores financieros, como los bancos acreedores, en detrimento del interés público. Esto también puede analizarse desde la perspectiva de captura del Estado o captura regulatoria, donde grupos de interés influyen en la toma de decisiones políticas y económicas para obtener beneficios privados.

La transferencia de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro Nacional, en la que se convirtieron pasivos remunerados en títulos de deuda pública, ha sido señalada por algunos autores extranjeros como una medida que favorece desproporcionadamente a los bancos. Este tipo de operaciones pueden tener connotaciones viciadas cuando las decisiones de política económica no se guían exclusivamente por el interés público, sino por presiones e influencias de grupos de poder.

El concepto de captura del Estado se refiere al proceso mediante el cual actores privados, como las grandes entidades financieras, logran influir o controlar las decisiones del Estado para obtener beneficios específicos. Según estudios de Hellman, Jones y Kaufmann (2000), la captura del Estado ocurre cuando los actores económicos privados logran influir en las decisiones de política para diseñar normativas y medidas que les favorezcan, en detrimento del bienestar general de la sociedad.

En el caso de Argentina, la reestructuración de pasivos remunerados del BCRA a deuda del Tesoro puede interpretarse como una política que favorece de manera directa a los bancos acreedores al ofrecerles instrumentos más seguros, como los bonos del Tesoro, que reemplazan a los pasivos remunerados (como Leliqs y Pases) emitidos por el BCRA. Esta transformación traslada el riesgo financiero del sistema bancario al Estado directamente, lo que asegura a los bancos, pero aumenta la vulnerabilidad fiscal del país.

En economías emergentes como la argentina, el sector bancario ha jugado un rol crucial en la intermediación financiera, especialmente en tiempos de crisis. No obstante, este sector también ha sido objeto de críticas por su excesiva influencia sobre las políticas públicas, algo que podría clasificarse como corrupción estructural. La corrupción estructural no se refiere a actos aislados de sobornos o delitos explícitos, sino a un entramado de relaciones e influencias que permiten que ciertos grupos, como los bancos, se beneficien sistemáticamente de las decisiones de las autoridades económicas.

Uno de los mayores beneficios de los bancos en la transferencia de pasivos remunerados a títulos del Tesoro es que los bonos soberanos del Tesoro son activos respaldados por el Estado, lo que los convierte en inversiones de bajo riesgo. A través de esta operación, las entidades financieras garantizan retornos predecibles en un contexto de alta inflación y riesgo macroeconómico. Según Krugman (2009), en contextos de crisis, los actores financieros buscan asegurarse “puertos seguros” donde colocar sus fondos, y los títulos soberanos cumplen esa función.

Conflicto de intereses

Los funcionarios públicos encargados de diseñar y ejecutar estas decisiones pueden tener vínculos directos o indirectos con el sector financiero.Esto puede generar decisiones sesgadas que favorezcan a los bancos acreedores, como la reestructuración de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA a títulos del Tesoro, un acto que puede considerarse o no legal pero que responde a intereses particulares.

Por ejemplo, Joseph Stiglitz ha analizado cómo los conflictos de intereses entre el sector público y privado pueden distorsionar las decisiones de política económica, en especial cuando los reguladores tienen vínculos previos o futuros con entidades financieras (Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2002). En el caso argentino, no sería sorprendente encontrar que algunos funcionarios clave en la toma de decisiones tienen relaciones estrechas con el sistema bancario, lo que crea incentivos para adoptar medidas que favorezcan a los acreedores privados.

Las decisiones de transferir instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro Nacional suelen realizarse en un entorno de opacidad, donde no se debaten abiertamente los costos reales para el Estado ni se explican los beneficios para los bancos. Esta falta de transparencia puede considerarse una señal de corrupción estructural, ya que las decisiones económicas que benefician a grupos específicos a menudo se toman sin rendir cuentas a la ciudadanía o sin un debate parlamentario exhaustivo. Susan Rose-Ackerman, en su libro Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (1999), señala que la falta de transparencia en la formulación de políticas económicas es un terreno fértil para la corrupción, ya que permite que intereses privados se impongan sobre el bien público sin la supervisión adecuada.

Un objetivo de corrupción clave podría ser proteger a entidades financieras o grandes corporaciones que adquirieron deuda en condiciones favorables pero que, por razones económicas o políticas, podrían tener dificultades para cumplir con sus obligaciones. Al estatizar instrumentos de regulación monetaria, se transfiere el costo de estas potenciales pérdidas de bancos privados al Estado, es decir, a los contribuyentes. Esto implica que la población en general asume los costos de malas decisiones financieras o de negocios, mientras que los actores privados responsables no enfrentan las consecuencias.

La deuda nunca es neutra, y su transferencia puede esconder algo más que un simple reordenamiento financiero. ¿Estamos ante una crisis encubierta? ¿Existen responsabilidades políticas y legales detrás de esta operación? Mañana, en la próxima y última entrega de esta serie, exploraremos las consecuencias institucionales y legales de la estatización de la deuda del BCRA, así como el impacto a largo plazo en la estabilidad del país. Porque en la Argentina de hoy, el pasado no solo se repite, se reinventa con los mismos protagonistas.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros