La autonomía de CABA: basta de ser una sucursal de la Nación

Un análisis de la autonomía parcial y la deuda que tiene Nación con el traspaso de atribuciones y competencias, cuando se cumplen 30 años del momento que se eligió la convención constituyente de CABA para redactar la Constitución porteña.

La Ciudad de Buenos Aires, hoy ya considerada el distrito "número 24" del país.

Il Porfesional

Por Juan Pablo Chiesa*

Formalmente, el proceso comienza en 1995, cuando se convocan las elecciones para la Convención Constituyente porteña. Pero políticamente, la rosca, empieza en 1994, cuando la Reforma Constitucional nacional consagra la autonomía en el art. 129 de la Carta magna.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es, desde 1994, un distrito autónomo. Esa palabra, autónomo, no es decorativa: implica, en teoría, capacidad plena para dictar sus propias normas, gobernarse y administrar sus recursos. Sin embargo, a más de 30 años de aquella reforma constitucional, la Nación sigue ejerciendo un control impropio y obstaculiza la consolidación de la autonomía porteña.

¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía? Hablamos de un derecho constitucional. Hablamos de competencias propias. Y hablamos, sobre todo, de poder político pleno. De autogobierno real. De la facultad de dictar leyes propias, de administrar justicia propia, de organizar su seguridad propia y de manejar sus recursos propios, sin tutelaje ni permiso de Nación.

Hablamos de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su Constitución de 1996, dejó de ser un municipio subordinado para convertirse en un Estado local con rango constitucional.

La Legislatura porteña, uno de los puntos clave para la vida institucional de CABA.

Pero también hablamos de una autonomía secuestrada:

• Porque Nación todavía administra parte de su Justicia;

• Porque Nación retiene servicios, cajas y competencias;

• Porque Nación sigue usando a CABA como rehén político cuando le conviene.

Pero el poder real sigue en manos de la Nación en áreas estratégicas como la justicia, la seguridad, los puertos, e incluso recursos que deberían ser propios de la Ciudad. El traspaso de competencias se ha convertido en una eterna promesa incumplida, manipulada por intereses políticos que prefieren un CABA tutelado, antes que una ciudad verdaderamente libre.

La Nación administra todavía parte del servicio de justicia laboral, penal, civil, comercial, el Registro de la Propiedad Inmueble, la IGJ, el Puerto de Buenos Aires y ni hablar del manejo de fondos. Es una ocupación encubierta.

Es una deuda institucional que se convierte, día tras día, en una estafa política.

¿Por qué no avanza el traspaso completo?

Porque la autonomía total de CABA representa un problema para quienes conciben al Estado Nacional como una maquinaria de control territorial. Porque significa perder cajas, influencia, y, sobre todo, herramientas de disciplinamiento político.

La resistencia de Nación no es jurídica: es puramente política.

Cada vez que se discute el presupuesto de CABA, cada vez que se judicializan fondos de coparticipación, cada vez que se posterga el traspaso de funciones judiciales, lo que está en juego es la concepción misma de un país federal.

No se puede hablar de federalismo mientras se retienen competencias ajenas. No se puede hablar de autonomía mientras se administran territorios ajenos. No se puede hablar de democracia real mientras se niega a un pueblo la plenitud de sus instituciones.

La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser total, no parcial. No se trata de una cuestión de simpatía política con tal o cual gobierno local: se trata del respeto a la Constitución, al federalismo, y a la madurez democrática de la Argentina.

La Nación debe terminar de traspasar todas las competencias que por derecho y por historia corresponden a CABA. Sin peros. Sin trampas. Sin excusas.

Cada día que se posterga esta restitución, se fortalece una lógica imperial de poder centralizado que nos aleja del país federal que soñamos.

La autonomía de CABA no admite parches ni negociaciones eternas. O es total, o no es autonomía. No podemos seguir aceptando que un derecho constitucional consagrado hace tres décadas sea usado como ficha de cambio en las mesas políticas de turno.

Sostengo, firmemente, que la autonomía de CABA debe cumplirse en su plenitud, sin dilaciones, sin trampas, y sin presiones.

Cumplir la autonomía no es una concesión graciosa de la Nación: es una obligación constitucional. Cada día que se posterga el traspaso de competencias es un día más en que se pisotea el federalismo y se debilita la democracia. La Ciudad no puede ser rehén ni espectadora de su propio destino.

Debe ejercer su poder completo: dictar, ejecutar y juzgar con sus propias instituciones, en sus propios términos, y para su propia gente. Porque respetar la autonomía de CABA es, en definitiva, respetar a la República Argentina que decimos defender. Y esa deuda, tarde o temprano, se va a cobrar. La autonomía no se mendiga. Se ejerce. Y se defiende.

*Abogado especialista en trabajo y empleo.