La agenda económica del Gobierno está centrada en dos pilares fundamentales: el pilar Macro, que busca lograr un déficit fiscal cero, y el pilar Micro, que tiene como objetivo principal promover la libertad económica. Mientras que el Ministerio de Economía tiene el mandato de equilibrar las cuentas fiscales y alcanzar la meta de déficit cero, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene el mandato de construir un marco más libre para la actividad económica en el país, reduciendo la intervención estatal y favoreciendo la autonomía del sector privado.
La desregulación como motor de la libertad económica
La reducción de regulaciones innecesarias y la simplificación del Estado no son solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino que son una estrategia para promover el crecimiento económico.
El pilar Micro está basado en la idea de minimizar el rol del Estado, devolviéndole a los individuos el poder de decidir sobre su destino. El concepto de libertad económica es central, pues es a través de la libertad de acción de las personas y las empresas que se logra un mayor crecimiento, más empleos y una economía más dinámica. Sin embargo, este enfoque no es dogmático ni cerrado, sino que reconoce que, en ocasiones, pueden existir motivos que justifiquen la presencia del Estado. Es decir, el objetivo no es reducir el Estado por reducirlo, sino eliminar su presencia donde no es necesaria y promover un entorno donde la competencia y la libre empresa sean los motores de la economía.
La Secretaría de Simplificación del Estado, como una de las dos dependencias que conforman el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tiene una misión clara: reducir la burocracia, eliminar regulaciones innecesarias y fomentar un entorno que facilite la creación de empresas y la generación de empleo. En resumen, el objetivo es deshacer todo lo que dificulta el desarrollo económico y social, y permitir que los actores privados puedan tomar las decisiones más adecuadas para sus negocios, sin que el peso del aparato estatal sea un obstáculo.
El rol de la Secretaría de Simplificación del Estado
Durante décadas, hacer negocios en Argentina se asemejó a pelar una cebolla. Se debía atravesar capa tras capa de regulaciones, permisos y trámites que parecían interminables. ¡Y siempre se terminaba llorando!
La Secretaría de Simplificación del Estado tiene el mandato de eliminar esas capas de regulaciones innecesarias que sobrecargan a las empresas y dificultan la innovación y el emprendimiento.
En términos sencillos, el Estado debe concentrarse en lo que realmente necesita hacer: garantizar el orden, proteger los derechos de los ciudadanos y proporcionar una infraestructura básica de servicios públicos. Pero fuera de estos límites, el Estado debe alejarse de los sectores en los que no tiene por qué estar involucrado. Esto incluye áreas donde el sector privado puede operar de manera más eficiente, sin la necesidad de intervenciones que solo aumentan los costos y reducen la competitividad.
Por décadas se acumularon regulaciones que generaron un monstruo burocrático que transformó al Estado en una máquina de impedir. Para poder operar un negocio había que sortear cientos de pasos. Cada paso implicaba más papeleo, más intermediarios y más costos. Esto, además de dificultar la operatoria de empresas nacionales, también desincentivaba la inversión extranjera, y, lo que es peor, contribuía a la corrupción.
La corrupción, por supuesto, no es una consecuencia inevitable de la burocracia, pero sí es un terreno fértil para que florezca. Cuando el proceso para realizar una actividad económica está plagado de trámites innecesarios y decisiones discrecionales, se abren las puertas para que actores malintencionados aprovechen la oportunidad para sobornar o influir en decisiones. Por lo tanto, uno de los mayores beneficios de la desregulación es precisamente la lucha contra la corrupción, ya que se eliminan las "zonas grises" donde la intervención del Estado puede ser utilizada de manera abusiva.
La desregulación como motor del crecimiento
La reducción de regulaciones innecesarias y la simplificación del Estado no son solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino que son una estrategia para promover el crecimiento económico. En un entorno más libre y menos controlado, las empresas pueden innovar con mayor facilidad, ofrecer nuevos productos y servicios, y generar más empleos. El emprendedor que se ve desbordado por la complejidad administrativa de abrir un negocio a menudo opta por desistir, mientras que en un entorno donde las barreras son menores, la creatividad y la iniciativa privada florecen.
Un aspecto clave de esta agenda es que se busca eliminar aquellas regulaciones que no cumplen con un objetivo claro de bienestar social o económico. En muchos casos, las leyes y normativas vigentes se han convertido en una carga excesiva para las empresas, especialmente para las más pequeñas, que carecen de los recursos necesarios para cumplir con todo el aparato burocrático. La mejor política para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es eliminar regulaciones.
Al eliminar las normativas que no aportan valor, el Gobierno permite que los recursos que antes se destinaban a cumplir con regulaciones innecesarias sean utilizados en lo que realmente importa: la inversión, la producción y la creación de empleo.
La agenda desreguladora es, además, parte de la batalla cultural. Nuestro granito de arena en esta batalla cultural es promover una cultura de "autorregulación" donde el sector privado, en lugar de depender de una supervisión constante del Estado, se compromete a cumplir con estándares éticos y de calidad que favorezcan al consumidor y a la comunidad. Este enfoque, que pone el poder en manos de las empresas y consumidores, fomenta una competencia más sana y eficiente.
Casos de éxito y resultados
Los resultados de estas políticas de simplificación y desregulación ya son visibles.Sectores en los que antes enfrentaban una jungla administrativa ahora pueden operar con mayor agilidad. A modo de ejemplo, la desregulación del sector aerocomercial incluye la eliminación del monopolio estatal de Intercargo, favoreciendo la entrada de nuevos actores al sector. También incluye la autorización a operar en el país a las tripulaciones y aeronaves extranjeras en vuelos comerciales, la posibilidad de que empresas puedan ofrecer sus servicios a otras aerolíneas, la simplificación de trámites para la autorización de aeronaves pequeñas, entre muchas otras medidas.
La desregulación del sector automotor incluye la Modificación del Registro de Transporte Único Automotor (RUTA), que eleva la capacidad mínima para que un vehículo sea considerado como transporte de carga. La desregulación del transporte inter-jurisdiccional flexibiliza los requisitos para poder operar, otorgando plena libertad para definir modalidad, cantidad, trayectos, horarios y tarifas de sus servicios entre los partidos del conurbano y CABA. La desregulación del transporte automotor de larga y media distancia permite que cualquier operador de transporte de pasajeros pueda entrar a los aeropuertos y puertos. En el sector de telecomunicaciones, se han eliminado regulaciones que impedían la competencia de Internet y TV satelital. Y la lista es mucho más larga.
Si bien es cierto que aún queda trabajo por hacer, la Secretaría de Simplificación del Estado ha dado pasos importantes hacia un modelo de país donde las empresas, y no el Estado, sean las principales responsables de su destino. En este sentido, la simplificación no es solo un ejercicio de eficiencia burocrática, sino una verdadera revolución en la forma de entender el rol del Estado en la economía.
El desafío ahora es seguir adelante con estas reformas y continuar achicando y simplificando el Estado, siempre con la vista puesta en un futuro donde la libertad económica sea la norma, no la excepción.
Secretario de Simplificación del Estado
- Temas
- Federico Sturzenegger
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