La violación masiva de los derechos humanos en Argentina

Contexto histórico y político del Golpe de Estado de 1976. Sus causas y los efectos que perduran hasta nuestros días. Los delitos de lesa humanidad cometidos y su negación.

Memoria, verdad y justicia. en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales los más de 40 años de democracia no han podido recuperar todo el terreno perdido por los efectos devastadores de la última dictadura.

Mariano Fuchila

En vísperas de este nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976, en momentos en los que abundan discursos negacionistas o apologéticos del accionar represivo, resulta relevante definir lo acontecido en base a los elementos históricos, políticos, económicos y jurídicos que explican por qué lo ocurrido lo ocurrido no es otra cosa que la violación masiva de los derechos humanos (DDHH) en la Argentina llevada a cabo por agentes del Estado.

Y ello así porque con el golpe del 24 de marzo, la violación a los DDHH se hizo sistemática. El Estado organizó un mecanismo con estrategias, tácticas, zonas, centros clandestinos de detención, disposición de los cuerpos, con objetivos precisos. Sus agentes torturaron, robaron bebés, violaron, mataron, desaparecieron a militantes, estudiantes, intelectuales, profesionales, obreros, campesinos, simpatizantes o guerrilleros. Técnicamente el Estado se convirtió en terrorista y quienes canalizaron ese terror (vía agentes de las fuerzas armadas y policiales y cómplices civiles) cometieron crímenes de lesa humanidad por tratarse de ataques generalizados o sistemáticos sobre población civil, según la definición del Estatuto de Roma.

Siguiendo con el Estatuto de Roma, luego, resulta incorrecto referirse a los hechos ocurridos en ese período de tiempo como una “guerra civil”. Centralmente, porque no hubo una segunda fuerza beligerante. Según las teorías negacionistas, las guerrillas vendrían a ser la otra fuerza beligerante. Pero ese argumento, además de desconocer que la mayoría de las víctimas no fueron guerrilleros, sino trabajadores, y que al momento del golpe las organizaciones armadas se encontraban diezmadas, lo cierto es que las guerrillas nunca tuvieron un volumen relevante de cuadros, ni control de un territorio o autoridad sobre alguna población. Estos últimos son los elementos que tiene en cuenta el Estatuto de Roma para definir a una situación como “conflicto armado no internacional” y que, claramente, no se dieron en el caso argentino.

Ni siquiera en el momento de mayor auge de la lucha armada en la Argentina, en los primeros 70, antes del regreso de Perón a la Argentina, las organizaciones armadas vinculadas con el peronismo revolucionario (hegemonizadas por Montoneros) y las relacionadas con el guevarismo (Ejército Revolucionario del Pueblo), alcanzaron un grado tal que les permitiera controlar algún territorio o tener autoridad sobre alguna población.

Por el contrario, sí hubo un ejército (en sentido amplio, incluyendo la Armada, la Fuerza Aérea y demás fuerzas armadas y policiales) que era parte de un Estado que debió respetar y garantizar los DDHH de la población y, en cambio, los violó sistemáticamente. Los miembros de las organizaciones insurgentes que cometieron crímenes o delitos, en su caso, debieron ser capturados y juzgados por autoridades civiles no torturados, ejecutados o desapaeracidos.

Pero hagamos un poco de historia para entender un poco el porqué de semejante despliegue represivo. El contexto previo al golpe de Estado de 1976 resulta de suma importancia para ello. Geopolíticamente, el mundo estaba dividido entre dos polos de poder (Unión Soviética vs. Estados Unidos, Comunismo vs. Capitalismo, a grandes rasgos).

En Argentina, con el derrocamiento de Juan Perón y la prohibición de todo lo que hiciera recordar al líder depuesto (por el decreto N° 4161), miles de personas vieron empeorar sus condiciones materiales de vida. El peronismo, en ese marco, pasó a ser un grito de rebeldía como contracara de la prohibición y del odio que destilaban los sectores antiperonistas que incluyó el robo y vejamen del cadáver de Evita. En un entorno de censuras y tabúes, un sector de la juventud comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida encontró cauce en organizaciones de izquierda pero, principalmente, en el amplio marco del peronismo.

En América Latina esa juventud involucrada con un futuro mejor observó una experiencia exitosa: Cuba. Cambiar el mundo estaba al alcance de la mano. En África, la lucha de las colonias por su emancipación trajo nuevos bríos. Ante ello, el polo geopolítico dominado por Estados Unidos tomó nota y decidió impedir el avance progresista, socialista, popular, en esta parte de América. Para ello contó con la acción decidida de las elites locales y con las fuerzas armadas nacionales. Comenzaron las dictaduras en la región. Chile, con el golpe de Augusto Pinochet a Salvador Allende en el 73 fue el ejemplo paradigmático.

Volviendo a nuestro país, los sindicatos resistieron con huelgas por empresa o por rubro a las dictaduras autoritarias (aunque todavía no ejecutoras de crímenes de lesa humanidad) o a los gobiernos civiles débiles (elegidos con el peronismo proscripto). En ese proceso de creciente politización de amplios sectores de la sociedad, cientos de campesinos, obreros y jóvenes optaron por armarse y generar acciones violentas contra objetivos militares o capitalistas.

Con Perón en la Argentina y, tras un triunfo arrollador, como presidente (después de la breve presidencia de Héctor J. Cámpora) intentó apaciguar el alto nivel de violencia que lo había precedido y al que había contribuido fomentando lo que llamaba las “formaciones especiales” (guerrillas para horadar a las dictaduras anteriores), que convivían en el mismo movimiento con sectores de derecha.

Durante su última presidencia, se mejoraron ciertos estándares de vida pero no se acertó en las soluciones pacificadoras. De hecho desde las propias entrañas del gobierno nació la organización paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que comenzó a perpetrar crímenes atroces contra militantes populares, curas villeros o intelectuales comprometidos.

En este sentido, las organizaciones armadas -que no habían cesado en su praxis durante el gobierno democrático- comenzaron a ser diezmadas antes de la dictadura, a partir del accionar del ejército y de la Triple A. Con lo cual, volviendo al principio, el accionar represivo a gran escala que implantó la dictadura de 1976 tuvo otros objetivos más allá de la denominada “guerra a la subversión”. Veamos.

El golpe se dio, primero, por la asociación entre el “círculo rojo” (antes se decía oligarquía) local que buscaba una regresión en la distribución del ingreso en su favor y los intereses estratégicos de Estados Unidos y el cuidado de lo que llamaba su “patio trasero”. Esas causas geopolíticas y económicas, buscaban -a su vez- generar efectos culturales y sociales. Romper los lazos de solidaridad y su contrapartida, fomentar el individualismo, en el plano cultural. Aplanar el ascenso social de los sectores populares, generando amplias franjas de pobreza crónica en lo social.

Las causas económicas del golpe, centralmente, se relacionan con la instalación del neoliberalismo en la Argentina y en la región -salvo honrosas excepciones- apuntalando la hegemonía del capitalismo global con base en Estados Unidos. Para ello, había que debilitar la industria nacional liberando las importaciones. Achicar el poder de los sindicatos, por normas restrictivas, por cooptación o por asesinatos. No es ocioso que la mayoría de las víctimas de la dictadura tuvieron ascendencia obrera. Había que pulverizar los salarios y las conquistas laborales. Por primera vez, la actividad financiera pasó a tener un rol preponderante en la economía argentina.

Durante la dictadura, la sociedad mayoritariamente mantuvo una actitud entre el miedo y la prescindencia. Pero, también, hubo diversos sectores del pueblo que resistieron. Algunos sindicatos (ejemplo: la huelga del 79 y la movilización “Paz, Pan y Trabajo” en el 82 a Plaza de Mayo), delegados de base, grupos silvestres de las organizaciones armadas, curas villeros. Las madres y abuelas de plaza de mayo que empezaron a desafiar a la dictadura buscando a sus hijos o a sus nietos nacidos en cautiverio. Otros organismos de Derechos Humanos y exiliados también generaron actos de resistencia.

La democracia, tras la derrota de Malvinas y la debacle económica, fue conquistada también por esas luchas.

El proceso democrático tuvo momentos en los que pudo avanzar en el afianzamiento de la verdad y la justicia sobre lo sucedido y otras etapas en las que reinó la impunidad. O el negacionismo (como en el presente) que es, en definitiva, otra forma de intentar la impunidad.

Igualando las víctimas de la guerrilla con las del terrorismo de Estado, el discurso busco igualar las violencias y, entonces, legitimar que hubo una guerra. Una vuelta a la teoría de los dos demonios, haciendo hincapié en que el peor demonio fue la guerrilla, entendiendo que el ejército tuvo que responder a sus ataques y, tal vez, se excedió. En definitiva, se enmascara pero es el mismo discurso que sostenía el dictador Videla. Y ese marasmo, finalmente, lo que busca es la impunidad de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad.

Por último, en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales los más de 40 años de democracia no han podido recuperar todo el terreno perdido por los efectos devastadores de la última dictadura. Algunos períodos fueron de reparación y mejoras y otros de retroceso y consolidación de los objetivos que motivaron aquel golpe.

Las urnas y las calles siguen permitiendo que el terreno de la memoria permanezca en disputa. La claridad de los conceptos jurídicos y el análisis sensato de la historia descartan los fundamentos negacionistas que, paradójicamente, recurrentemente vuelven. Procurando impunidad. La sociedad que rechazó masivamente el 2 x 1 (la morigeración de la condena a los condenados por delitos de lesa humanidad) en 2017 no parece estar dispuesta a ir para atrás en este aspecto.