El 2024 cerrará como un año de muy buen desempeño de la economía uruguaya, tanto en términos de crecimiento como en otras variables relevantes para la calidad de vida de las personas. Nuevamente será un año de crecimiento del empleo, del salario real, del ingreso de los hogares y del consumo, así como también de las exportaciones de bienes y servicios. No obstante, también debe señalarse que existen desafíos estructurales que deben enfrentarse para lograr encaminar al país hacia el desarrollo, algo que hasta el momento le ha sido esquivo a todo el continente.
Logros y desafíos de la economía uruguaya
Si bien la coyuntura pauta un muy buen momento de la economía uruguaya, para responder a las demandas de bienestar serán necesarias reformas.
Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estuidos para el Desarrollo (CED).
La economía uruguaya probablemente tenga una tasa de crecimiento en 2024 en torno al 3,5%, un buen dato dado que el promedio de la última década se encuentra cerca del 1,2% y la tasa de crecimiento de largo plazo se encuentra algo por encima del 2%. La recuperación postpandemia, en este sentido ha sido positiva, con un bienio 2021-2022 pautado por un crecimiento impulsado por la inversión y las exportaciones y otro 2023-2024 por el crecimiento del consumo que se ha reflejado en mejoras más inmediatas en indicadores de mayor impacto social.
El desempeño del mercado de trabajo, tanto en todo el actual período de gobierno como en 2024 ha sido especialmente positivo; el gobierno actual culminará su gestión con unos 100.000 puestos de trabajo creados, contrastando con los 56.000 destruidos en el quinquenio anterior, y con unos 35.000 generados en el año en curso. Asimismo, el crecimiento del salario real marca que se encuentra casi 3% sobre el nivel previo a la pandemia, ubicándose en un máximo histórico de casi medio siglo. El crecimiento de la masa salarial por sus dos componentes (salario real y empleo) es una de las novedades recientes, dado que es algo que no ocurrió en la última década.
El descenso de la inflación consolidado en 2024 es otra novedad positiva del panorama macroeconómico del Uruguay. En efecto, el último dato del Índice de Precios al Consumo (IPC), la medida con que habitualmente seguimos la evolución de la inflación, marca un incremento del 5% en los últimos 12 meses a noviembre, lo que señala que en los últimos 17 meses el Banco Central del Uruguay cumplió su rango de objetivo para la inflación, un hecho que no ocurrió nunca antes en los más de 20 años en que se lleva utilizando este sistema desde 2002.
La evolución de los números fiscales también debe ser destacada. En efecto, más allá de las medidas puntuales y de que, como ocurre habitualmente, el cierre del año será mejor de lo que indica el déficit fiscal mensual de los últimos meses, el déficit fiscal estructural se encuentra un punto del PIB mejor que en el cierre de 2019. Más importante aún, los mercados reconocen la buena situación fiscal del Uruguay con un riesgo país en mínimos históricos, el menos de América Latina, una mejora de posición en todas las empresas calificadoras de riesgo, emisiones de deuda pública con tasas históricamente bajas y un ahorro significativo en el pago de intereses.
Esta evolución ha sido posible gracias a la instauración en 2020 de una nueva institucionalidad fiscal, con una regla que establece tope al incremento del gasto, de la deuda y un análisis del resultado estructural. Es indudable que, gracias a este mecanismo, junto a la creación del Consejo Fiscal Asesor y el Comité de Expertos que sigue estos asuntos, el país avanzó hacia la consolidación de un mejor seguimiento de este tema, de importancia primordial en la estabilidad macroeconómica de que hoy goza el país.
Es indudable, por tanto, que el próximo gobierno presidido por Yamandú Orsi que asumirá el próximo 1 de marzo se hará carga de una economía sensiblemente mejor de la que encontró el gobierno actual, en que la destrucción de empleo pautaba la agenda y la pérdida del grado inversor era una amenaza real.
Para completar el panorama, también es necesario señalar algunos desafíos estructurales que el país debe afrontar para mejorar su tasa de crecimiento de largo plazo, condición indispensable para que el desarrollo sea una meta alcanzable en un horizonte temporal razonable. Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) planteamos a fines de 2023 las principales medidas que entendíamos que debían adoptarse para que esto fuera posible, abarcando varias áreas sensibles.
En primer lugar, es necesario avanzar en la apertura de la economía, a través de nuevos tratados comerciales (como el recientemente alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea) y otras medidas unilaterales, como la baja de aranceles y la eliminación de la tasa consular. Asimismo, deben facilitarse las exportaciones en que existen barreras paraarancelarias, como los productos de higiene personal, que encarecen sensiblemente estos productos importados.
En segundo lugar, debe favorecerse la competencia en mercados de bienes de consumo masivo y de insumos para las empresas que tienen precios particularmente elevados. En particular, esto debe aplicarse a las frutas, verduras, pollo y cerdos. También al mercado de combustibles, en que debe aprobarse la libre importación, comercialización y distribución y en otros productos de gran peso en las industrias nacionales.
En tercer lugar, debe mejorarse la regulación laboral, cuya ley madre data de la Segunda Guerra Mundial, incorporando un mayor grado de realismo en las negociaciones. En este sentido las negociaciones salariales deben descentralizarse para tomar en cuenta el tamaño de la empresa, su dinamismo y localización, entre otras variables. Esto permitiría tomar en cuenta la productividad como un parámetro fundamental en la determinación de los salarios, un tema largamente pendiente en nuestro país.
En cuarto lugar, es indispensable encaminar la modernización del Estado, reduciendo la cantidad de empleados públicos en áreas administrativas dónde deben generarse mecanismo más ágiles y menos costosos para las personas y las empresas. En particular, deben establecerse nuevos mecanismos por los cuales no sea necesarios esperar meses o años por una habilitación para comenzar a operar o para finalizar una obra. Con los controles correspondientes estas disposiciones acelerarían la inversión y la creación de empleo.
En definitiva, la coyuntura pauta un muy buen momento de la economía uruguaya, pero para responder a las demandas de bienestar que se plantearán en los próximos años es necesario procesar algunas reformas indispensables. También debe considerarse que economía internacional no será la más favorable, por lo que la tasa de crecimiento puede ser menor a la estructural en los próximos años. Por tanto, los buenos indicadores no deben llevarnos a dormirnos en los laureles, sino a procurar llevar adelante las reformas que necesitamos con las formas características de nuestra idiosincrasia.
Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
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