Luis Caputo estatiza los instrumentos de regulación monetaria del BCRA: ¿quién pagará la cuenta? (primera parte)

Este artículo y los próximos 3 capítulos, se proponen analizar las consecuencias derivadas de la transferencia de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro Nacional.

¿Qué impacto tendrá esta nueva estatización sobre la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco Central?

Ámbito

El endeudamiento no desaparece, solo cambia de dueño. Lo que ayer era un pasivo financiero del balance del Banco Central, hoy es una carga impositiva que recae sobre todos los argentinos. En un movimiento que evoca la tristemente célebre estatización de la deuda privada de 1982, el gobierno ha decidido trasladar el peso de los compromisos financieros del BCRA al Tesoro Nacional. ¿Qué significa esto para la economía, los ciudadanos y la estabilidad futura del país? En esta serie de 4 artículos, desentrañaremos las implicancias ocultas de una decisión que redefine las reglas del juego financiero en Argentina

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Va a estar para el primer cuatrimestre”, “el acuerdo implica nueva plata y no nueva deuda”, “con eso, el Tesoro le va a recomprar deuda al Banco Central, se reemplaza como acreedor al sector público por el Fondo” (Luis Caputo, ambito.com 11 de febrero 2025).

La estatización de los instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina comenzó solapadamente en el año 2024, cuando se convirtió en carga pública lo que antes era pasivo financiero del BCRA. Los pasivos originales más “los intereses de los intereses” (anatocismo) acumulados se convirtieron en más deuda involuntaria para el Tesoro de todos los argentinos, producto del 'carry trade'. Todo esto arranca con el explosivo crecimiento de los pasivos monetarios bajo la gestión de Mauricio Macri y Alfonso Prat Gay, más la misma dupla que impulso la bicicleta de LEBAC-LELIQ, consolidando hoy un ciclo de endeudamiento financiero que recae sobre la población.

A pesar que las autoridades financieras han afirmado que gran parte de esta nueva deuda del Tesoro Nacional ya existía en el balance del BCRA, lo cierto es que, los contribuyentes asumieron una obligación en impuestos futuros que originalmente le correspondía pagar al BCRA. Simple y sencillamente, “contrajeron nueva deuda para el Estado”, como informa desahogadamente la secretaria de Finanzas. La Secretaría de Finanzas informó que la deuda en 2024 “aumentó por el equivalente a u$s96.042 millones, (N. del R.: pese a las fuertes amortizaciones de capital e intereses) debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s9.404 millones y al incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a u$s105.446 millones”. Lo que hace un total de u$s114.850 millones, entre cancelación y nueva deuda, en solo un año.

El cambio de titularidad de los instrumentos de regulación monetaria no solo implica una redistribución de responsabilidades entre dos entidades públicas con funciones y características distintas. Mientras que el BCRA tiene una función principalmente monetaria y limitada capacidad de endeudamiento, el Tesoro Nacional tiene la facultad de emitir deuda soberana en los mercados internacionales y recaudar impuestos, lo que le otorga mayor capacidad para enfrentar sus obligaciones. La transferencia de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro transforma lo que inicialmente eran instrumentos de control monetario de una institución autónoma en una obligación directa de los contribuyentes, con posibles repercusiones fiscales y sociales a largo plazo.

La estatización no es un fenómeno nuevo en la historia argentina. Un ejemplo emblemático fue la estatización de la deuda externa privada en 1982, cuando el BCRA, bajo la presidencia de Julio González del Solar, implementó la Circular A251 que permitió transferir los pasivos de empresas privadas al Estado. Este proceso, que benefició principalmente a grandes corporaciones, generó un profundo debate sobre la responsabilidad de los funcionarios que facilitaron dicha transferencia y sobre los efectos de las políticas adoptadas.

El ministro Caputo acaba de explicar así: “El acuerdo implica nueva plata y no nueva deuda”, quiere decir que espera obtener más deuda con el FMI que incrementará la deuda pública del Tesoro, para disminuir los instrumentos de regulación monetaria del BCRA con las entidades financieras, beneficiadas por el “carry trade” por casi una década.

Esta declaración de transferir los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro Nacional, lanzó esta serie de artículos cuyo objetivo es reavivar un debate que nunca se terminó de saldar: “las estatizaciones”. Esta vez, la discusión gira en torno a los beneficios obtenidos por los bancos, quienes mantenían pasivos remunerados geométricamente crecientes desde 2016. Estos bancos ahora se verán beneficiados de la disminución de riesgo tras el cambio de deudor, al pasar de instrumentos de regulación monetaria del BCRA a deuda del Tesoro Nacional, lo que les ha proporcionado mayor seguridad ante posibles medidas económicas adversas, como lo fue el “Plan Bonex” de 1989.

El “Plan Bonex”, implementado por el gobierno de Carlos Menem en 1989, consistió en la conversión compulsiva de los depósitos a plazo fijo en bonos del Estado a largo plazo, una medida de emergencia para contener una crisis financiera que afecto a los depositantes y las entidades crediticias. Esta decisión generó un profundo malestar y desconfianza en el sistema financiero, afectó la liquidez de las instituciones prestamistas y contribuyó a la inestabilidad del sector bancario, especialmente para las entidades más pequeñas. Los recuerdos negativos del Plan Bonex persistieron durante muchos años, y contribuyeron frecuentemente a corridas de depósitos (1994) que 7 años más tarde colapsó el sistema financiero durante la crisis 2001, alimentada por la fuga masiva y la falta de liquidez. Recuerde el “corralito” y el “corralón”, con la pesificación asimétrica de 2002 (Duhalde).

En 1982, la política de seguros de cambio implementada por Domingo Cavallo en su breve período como presidente del BCRA permitió a las empresas endeudadas en dólares beneficiarse de un esquema en el que el Estado asumió la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de mercado. Esta medida resultó en un costo estimado de u$s23 mil millones para el Estado argentino.

En la actualidad, la estatización de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA vuelve a tener implicaciones graves, en particular porque facilita que los bancos con pasivos remunerados puedan evitar medidas drásticas, como un posible “canje compulsivo, o perdida real si se entregan títulos nominales que tengan opciones de compra venta en el mercado, donde obviamente caería la paridad de su valor nominal. Claramente, ahora parece que puede evitarse con una nueva asistencia del FMI. Este cambio de deudor reduciría el riesgo de un default para los bancos acreedores y trasladaría ese riesgo a los contribuyentes, al aumentar la carga sobre el Tesoro Nacional.

La estatización de deuda en Argentina es un fenómeno cíclico que ha sido utilizado en varias ocasiones para transferir riesgos y responsabilidades. Este proceso ha generado profundas discusiones sobre la legitimidad de las decisiones y sobre las implicaciones económicas y sociales de cargar al Tesoro con obligaciones que originalmente no le correspondían.

Este artículo y los próximos 3 capítulos, se proponen analizar las consecuencias derivadas de la transferencia de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro Nacional. Se intentará comprender cómo esta reestructuración inconsulta (no pasó por el Congreso) impactará la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal, la autonomía del Banco Central de la República Argentina y las instituciones financieras del país. Además, se explorarán las implicaciones de esta decisión a largo plazo.

Niveles elevados de deuda pueden limitar el crecimiento económico y aumentar la vulnerabilidad a crisis financieras. La relación entre el Banco Central y el gobierno es fundamental en la gestión de esta deuda, ya que influye en la capacidad del país para financiar sus necesidades sin comprometer la estabilidad económica futura.

Las decisiones relacionadas con la emisión de moneda y la gestión de la deuda afectan la economía. En el futuro, el endeudamiento excesivo de 2024 (+25.95%) puede llevar a una hiperinflación si el gobierno que comience en 2027 o 2031 financia sus déficits mediante la emisión de dinero. En este contexto, la transferencia de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro Nacional puede influir directamente en las políticas monetarias y fiscales futuras, afectando la inflación y la estabilidad de precios a mediano y largo plazo.

La teoría de los incentivos perversos sugiere que ciertas políticas pueden generar efectos contrarios a los objetivos iniciales. En el caso de la transferencia de deuda, se podría incentivar al gobierno a financiar déficits fiscales mediante mecanismos que a largo plazo deterioren la salud financiera del Estado. Incentivos mal alineados pueden llevar a decisiones que, aunque beneficien en el corto plazo, resulten perjudiciales en el largo plazo.

La historia económica argentina es cíclica, y quienes no aprenden de ella están condenados a repetirla. ¿Qué impacto tendrá esta nueva estatización sobre la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco Central? ¿Es esta una jugada técnica para reducir riesgos o el preludio de un colapso financiero? En las próximas entregas, trataremos de desmenuzar cada una de estas preguntas. Lo que está en juego no es solo una política económica más, es el futuro financiero de la Argentina.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.