Luis Caputo estatiza los instrumentos de regulación monetaria del BCRA: ¿quién pagará la cuenta? (última parte)

Última entrega de la zaga que analiza el rol que está jugando el ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Cuando las reglas del juego las escriben los mismos que siempre ganan, la pregunta no es solo quién paga la cuenta, sino quién la diseñó desde el principio. La estatización de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA no fue solo una maniobra técnica, fue una jugada maestra de los grupos financieros para blindar sus ganancias a costa del Estado. A medida que profundizamos en las implicaciones de esta operación, emergen con fuerza los signos de captura regulatoria, riesgo moral y un sistema en el que las pérdidas son socializadas, pero las ganancias siguen siendo privadas. En esta última entrega, desentrañamos las verdaderas consecuencias de una política que hipoteca el futuro de la economía argentina.

Un análisis más profundo de esta estatización de instrumentos de regulación monetaria, muestra que este ciclo de transferencia de compromisos también puede ser parte de un fenómeno de captura regulatoria, donde los reguladores públicos, como las autoridades del BCRA o del Ministerio de Economía, actúan en beneficio de las entidades que deberían estar supervisando. Esto genera un círculo vicioso de endeudamiento donde el Estado, a través de las transferencias de los instrumentos de regulación monetaria, no solo traslada sus responsabilidades financieras a las generaciones futuras, sino que también perpetúa un sistema en el que los bancos son los principales beneficiarios de la política fiscal.

En este contexto, autores como George Stigler (1971) y James Buchanan (1975) han explorado cómo los reguladores pueden ser capturados por los grupos de interés que deberían supervisar. En el caso argentino, la captura regulatoria puede implicar que las autoridades financieras se inclinen a favorecer a los bancos acreedores mediante la conversión de pasivos remunerados en deuda pública, asegurando la rentabilidad de estos actores a costa de los contribuyentes. Stigler, en su teoría de la regulación económica (The Theory of Economic Regulation), argumenta que los grupos económicos con mayor poder de lobby logran obtener regulaciones que les favorecen, en detrimento de otros sectores de la sociedad.

Este ciclo de captura regulatoria, combinado con las connotaciones de corrupción, puede observarse en la forma en que se diseñan las políticas fiscales y monetarias en Argentina.

Una de las principales consecuencias de la captura regulatoria y favorecimiento a los bancos acreedores es la creación de riesgo moral (moral hazard). El riesgo moral surge cuando los actores financieros (en este caso, los bancos) saben que serán rescatados o favorecidos por las políticas del Estado en situaciones de crisis. Esto reduce su incentivo para actuar con prudencia, ya que las pérdidas potenciales serán absorbidas por el Estado. En este contexto, la transferencia de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA al Tesoro no solo representa una solución temporal para aliviar las presiones financieras del BCRA, sino que también establece un precedente peligroso: el Estado estará dispuesto a intervenir para proteger los intereses de los bancos, lo que genera un ciclo de endeudamiento y dependencia financiera.

En algunos esquemas de corrupción de otros países, los funcionarios han utilizado la estatización de deuda para crear “círculos viciosos” de financiamiento ilícito. Por ejemplo, ciertos bancos estadounidenses podrían haber otorgado préstamos sabiendo que eventualmente el Estado asumiría la deuda. Esto les ha garantizado (crisis 2008) el retorno de su inversión con interés, incluso cuando hubo deuda emitida en condiciones desventajosas o fraudulentas. Los funcionarios que facilitaron ese proceso podrían haber recibido favores políticos a cambio.

La estatización de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA y su transferencia al Tesoro Nacional puede tener importantes consecuencias legales en el futuro, que pueden generar litigios en tribunales, puede afectar la confianza jurídica, y deteriorar la relación del país con acreedores y organismos financieros.

La transferencia al Tesoro Nacional en Argentina presenta múltiples consecuencias perversas que impactan tanto la estabilidad macroeconómica como la integridad institucional del país. Este movimiento inconsulto incrementa la carga fiscal del gobierno, compromete la autonomía del BCRA, exacerba las presiones inflacionarias y debilita la confianza en la seriedad de las instituciones financieras. A largo plazo, estas dinámicas pueden conducir a una mayor vulnerabilidad económica, limitar el crecimiento y dificultar la recuperación.

La transferencia al Tesoro Nacional ha permitido a los bancos acreedores consolidar sus ganancias y mejorar la seguridad de sus inversiones, dado que los títulos de deuda del Tesoro ofrecen mayores plazos y previsibilidad en sus retornos.

La transferencia de deuda presenta connotaciones de corrupción cuando se interpreta desde la perspectiva de la captura del Estado y la captura regulatoria. Los bancos acreedores han sido los principales beneficiarios de esta medida, asegurando retornos predecibles y minimizando el riesgo asociado a sus inversiones. Las autoridades económicas, ya sea por conflictos de interés, falta de transparencia o influencia de grupos de presión, podrían haber favorecido a los bancos mediante la conversión de pasivos remunerados en deuda pública, cargando al Estado con nuevas obligaciones y comprometiendo la estabilidad macroeconómica.

Como dijimos a través de la serie, esta situación se alinea con las teorías de captura regulatoria de Stigler y las reflexiones sobre el riesgo moral y la influencia de los intereses privados sobre las políticas públicas que Stiglitz y Krugman han discutido en sus trabajos. La falta de un sistema transparente y responsable de formulación de políticas agrava esta dinámica, permitiendo que las autoridades económicas actúen en beneficio de los bancos acreedores, a expensas del bienestar público.

Cuatro artículos después, la imagen es clara, la estatización de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA es más que un simple movimiento contable. Es la última iteración de un patrón recurrente en la historia económica argentina, donde los intereses privados encuentran en el Estado un socio silencioso que garantiza su rentabilidad. Mientras los bancos consolidan su seguridad y maximizan beneficios, el Tesoro asume una carga que condicionará las políticas fiscales y monetarias de los próximos años. Pero esta historia no termina aquí. La pregunta clave no es solo cómo llegamos a este punto, sino qué hemos hecho para evitar que se repita esta práctica. Porque si algo ha demostrado la economía argentina es que, sin transparencia y responsabilidad, la historia no solo se repite, se profundiza.

Bibliografía y referencias:

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Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros

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