Reforma de la ley de Seguridad Interior: un proyecto que solo parece convencer a sus autores

La utilización de las fuerzas armadas representa la ultima ratio de la Nación. Representa la máxima expresión de violencia estatal y significaría que todas las instancias intermedias han sido desbordadas o superadas.

Mariano Fuchila

El pasado martes 24 de septiembre la comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación celebró una reunión informativa en la que se destacó la presencia como disertante del Teniente General(R) Juan Martín Paleo, quien se desenvolvió como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre los años 2020 y 2024.

Tal cual ocurrió con el General D´Amico, primer disertante invitado en el ciclo de reuniones informativas realizadas en torno al proyecto que modifica la ley de seguridad interior, y, más adelante, el ex ministro de defensa Horacio Jaunarena, Paleo fue contundente al sostener que la iniciativa legislativa impulsada por el ejecutivo era innecesaria.

Sus argumentos fueron en una línea similar a la de los disertantes que lo precedieron, aunque, mas profundo en las definiciones y posibles consecuencias para el caso de aprobación del proyecto.

En una primera aproximación, el Teniente General Paleo sostuvo que mas allá del origen geográfico de la amenaza, lo mas relevante para determinar el nivel de violencia necesario para neutralizar la amenaza, debe guardar relación con la intensidad de esta. Como ejemplo citó a las compañías de ejércitos privados que despliegan mucha intensidad de fuego pero no ostentan representación estatal alguna. En ese sentido, su definición se aleja del, aún vigente, decreto 727/2006 que sostiene que para la utilización del instrumento militar la amenaza debe ser de origen estatal.

En ese mismo orden de cosas, relató que la aplicación de los principios de racionalidad, gradualidad y proporcionalidad alcanzaban para determinar que para la persecución de los delitos complejos alcanzaba con el despliegue de las fuerzas de seguridad federales, toda vez que el nivel de equipos y adiestramiento eran los más apropiados.

Sobre esto último cabe agregar que la utilización de las fuerzas armadas representa la ultima ratio de la nación. En otras palabras, representa la máxima expresión de violencia estatal y que significaría, en este caso, que todas las instancias intermedias han sido desbordadas o superadas. Este no parece el caso.

Por otra parte, y compartiendo lo dicho por Paleo, el principio de utilización del instrumento militar difiere radicalmente del que pone en funcionamiento el mecanismo de las fuerzas de seguridad. Por un lado, para los militares, la amenaza se neutraliza aniquilando al enemigo, por otra parte, para las fuerzas de seguridad, la amenaza se desarticula y conduce a sus autores ante las autoridades jurisdiccionales quienes determinarán el temperamento a seguir con aquellos que resulten penalmente responsables de algún delito. En este caso, Paleo fue claro: Por decisiones como esta, Argentina aún está pagando consecuencias. Palabras más, palabras menos: nuevas amenazas, viejas doctrinas.

En referencia a los delitos de terrorismo y narcotráfico, Paleo sostuvo que con el correcto despliegue de las fuerzas de seguridad resultaba más que suficiente para constreñir ese tipo de amenaza. En ese sentido, vale destacar que el éxito de este tipo de operaciones va a estar atado a cuatro variables: inteligencia adecuada, desarrollo tecnológico, alta voluntad política y coordinación de los poderes del estado. Anclado a estas variables, en palabras de Paleo, estará el factor de anticipación como elemento sustantivo y relevante, diametralmente opuesto al factor reactivo propuesto por el proyecto impulsado por los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri.

Por otra parte, los argumentos más fuertes esgrimidos por los ministros guardan relación con las operaciones de saturación de efectivos en el terreno (con efecto disuasorio). Vale decir que en una resolución emitida, oportunamente, por la ONU pudo observarse que el número ideal de policías por habitantes debería ser de 264/100.000 habitantes; Argentina hoy ostenta 614/100.000 habitantes. Queda en evidencia que el problema no es la cantidad de efectivos, sino la ausencia de planificación de operaciones de prevención y de inteligencia adecuada, en síntesis: del factor de anticipación.

Al finalizar su alocución Paleo sostuvo, además, que en términos presupuestarios la implicación de los militares en asuntos de seguridad serviría como distractivo para el exiguo presupuesto de defensa que este año no excedería del 0.4% del PBI. De este modo, por otra parte, se reduciría la capacidad militar en sus responsabilidades primarias y que están previstas en el artículo 2° de la ley 23.554. Finalmente sostuvo que le Reino Unido de Gran Bretaña no es una hipótesis de conflicto de Argentina, sino que es una realidad material, es un conflicto latente, toda vez que este último ocupa de modo ilegitimo una parte insular de nuestro territorio nacional.

Algunas aproximaciones

El impulso del proyecto de modificación de la ley de seguridad interior no parece encontrar muchas voces de apoyo en el ámbito de la defensa, de los tres expositores que disertaron en la Comisión de Defensa Nacional se pudo reconstruir que los argumentos en contra de la aprobación son coincidentes y lapidarios. Resulta innecesaria esta reforma.

En ese sentido, todos concuerdan que el Ejecutivo, actualmente, tiene las herramientas, en el caso de necesitarlas, para utilizar el instrumento militar en operaciones de combate dentro del territorio nacional (artículo 32, Ley 24.059). Sucede que para ello precisa el previo dictado del estado de sitio con las consecuencias políticas, y judiciales, que esto conlleva.

En otras palabras, esto trasladaría esas responsabilidades a los militares que intervengan en acciones violentas dentro del territorio nacional. Los cuadros militares que se desplieguen en el terreno cargarán en sus espaldas las culpas de aquellos dirigentes que mediatizan asuntos tan delicados como la seguridad con propósitos políticos y con marcados sesgos ideológicos.

El impulso de los ministros Bullrich y Petri pareciera perder el apoyo del resto del arco político, que ya no solo habla del consenso democrático como factor determinante para el rechazo del proyecto, sino que los argumentos encuentran ataduras a la doctrina de empleo, equipamiento, responsabilidades primarias del instrumento militar y presupuesto de defensa nacional.

Sin embargo, encuentran algunas voces de sostén en constitucionalistas y hombres de derecho con argumentos estrictamente normativos.

En épocas de gestualidades e interacciones de redes sociales como vectores incidentalmente fuertes en decisiones políticas, es preciso indicar que la triada normativa que ordena a la seguridad, la defensa y la inteligencia mantiene en estado de equilibrio un mecanismo que funciona, con fallas corregibles, pero que aporta certidumbre y previsibilidad. Requisitos indispensables que aportan solidez a políticas de estado y de largo plazo como estas materias exigen.

A propósito de esto, y ante los argumentos que expresan los defensores del proyecto en cuanto a la antigüedad de las normas cuestionadas (1992) vale citar al Dr. Anzelini quien sostiene que EE. UU. mantiene vigente una norma (Posse Comitatus Act), aprobada el 18 de junio de 1878, que establece límites a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional de ejercer atribuciones propias de las fuerzas de orden público, como la policía, en jurisdicciones no federales dentro del territorio nacional de los Estados Unidos. En este caso, pareciera que el ejemplo del norteño país no cuenta.

En síntesis, se puede inferir que la modificación de esta norma implicaría intervenir todo el plexo normativo que ordena a la defensa nacional, seguridad interior e inteligencia. Los contenidos normativos no son dogmáticos, por cuanto la discusión política encuentra en el poder legislativo el ámbito propicio a ese efecto. Sin embargo, ello no debería cumplir un fin reactivo a situaciones determinadas, o a demandas de las redes sociales, sino responder a una planificación que aborde toda la problemática de modo integral y responsable.