Seguridad y derechos humanos: ¿Conceptos opuestos o complementarios?

Un sistema que construye una guerra contra el delito en el que de un lado y del otro hay pobres es un sistema que quien lo dirige divide para reinar.

Los gobiernos populares que han intentado políticas de seguridad basadas en el respeto a los derechos humanos no han dado en la tecla aún.

Gentileza Estación Sur Digital

La selectividad punitiva (qué delitos son procesados por el sistema penal) se centra en los robos, asesinatos, secuestros, narcomenudeo. Allí se explica buena parte de la población carcelaria. La mirada mediática denigra a los victimarios, reclamando su cadalso. Nunca analiza su contexto, sus causas. Sectores amplios de la población se hacen eco y van más allá de la Constitución Nacional. Las cárceles, según esta interpretación, no deben servir para resocialización sino para castigo, al contrario de lo que establece el artículo 18 de la Constitución. Mano dura, gritan. Diente por diente, como la ley del Talión.

Se encuentra en ese sector social al que pertenecen buena parte de los victimarios de los delitos urbanos callejeros un chivo expiatorio. Un culpable de los males de la sociedad. Los pobres, los negros, los cabeza, no merecen la protección del Estado. O son vagos o son chorros. O asesinos. O violadores.

Por su parte, dentro del análisis de la cuestión debe considerarse otro asunto relevante. Los policías también –en su gran mayoría– provienen de los sectores populares. No parece casual. Al contrario. Un sistema que construye una guerra contra el delito en el que de un lado y del otro hay pobres es un sistema que quien lo dirige divide para reinar.

En cambio, los delitos cometidos por otras clases, los denominados “delitos de cuello blanco” (delitos económicos, como estafas, evasión, corrupción, etc.), son solo excepcionalmente procesados por el sistema judicial. Salvo, como se ha observado en el último tiempo, cuando los procesos están dirigidos con fines de persecución política.

De esta manera, se circunscribe sobre un sector social, el de bajos o nulos recursos, una otredad negativa. El otro como peligroso, como responsable de los fracasos o frustraciones del resto de la sociedad. La discriminación aparece así de un modo peligroso, como piedra angular de los peores crímenes.

En este sentido, el filósofo Giorgio Agamben acuñó el concepto del "homo sacer", es decir, aquel individuo que tras haber cometido un delito quedaba expuesto a la muerte. Cualquier ciudadano podía matarlo, y ese acto no era considerado legalmente un homicidio. El delincuente se hallaba por fuera del derecho. Su vida se convertía en vida desnuda que cualquiera podía tomar. Partiendo de este concepto, luego, el filósofo Darío Sztajnszrajber reflexiona: Si la ley construye la norma, lo que queda por fuera es lo anormal. Los excluidos del sistema, los pobres, los sin derechos, los “nadies” son los que quedan diariamente en “estado de excepción”.

Daniel Feierstein, sociólogo e investigador argentino, ha desarrollado una teoría según la cual la otredad negativa es el primero de seis pasos que desembocan en un genocidio. Veamos. La construcción de una otredad negativa; el hostigamiento; el aislamiento; las políticas de debilitamiento sistemático; el aniquilamiento material y, finalmente, la realización simbólica del genocidio.

Feierstein estudia al nazismo y a la dictadura cívico militar argentina. Primero se marcó a otro peligroso. En un caso los judíos y los gitanos. En el otro, los bolches, la subversión. Ese esquema es trasladado en muchos estudios académicos a las dinámicas de discriminación actual hacia sectores sociales de bajos recursos o hacia extranjeros.

También, en los últimos días, desde lo más alto del Poder Ejecutivo argentino se ha propiciado la estigmatización de los miembros de la heterogénea comunidad LGTB. Por eso hay que estar muy atentos a estos reflejos sociales.

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Ahora bien. Lo cierto es que, volviendo al tema que me ocupa, la seguridad también es un derecho. El artículo 34 de la Constitución de la Ciudad, por ejemplo, así lo garantiza. La gran cuestión es cómo garantizar la seguridad sin violar derechos humanos.

Veamos algunas respuestas posibles en el largo plazo. Priorizar la prevención sobre la represión. Control estricto sobre las fuerzas policiales a fin de evitar posibles “excesos”, con agentes con buen entrenamiento físico, formación en la lógica de los derechos humanos y bien remunerados para evitar tentaciones. Cárceles limpias y espaciosas, como complemento de una justicia eficaz que dé respuestas penales en plazos razonables.

Focalizar en la prevención implica, entre otras cosas, estudiar las causas del delito: educación, cultura y trabajo para todos y todas. Garantizando estos tres derechos para toda la población, los índices de inseguridad urbana callejera son mucho más bajos, según lo demuestran diferentes casos en el mundo. Cuba o Suecia por poner ejemplos diversos.

Aún así, estos conceptos no alcanzan. La mirada progresista de la seguridad deja a un lado el “mientras tanto”, el corto plazo. Hasta que alcancemos los párrafos anteriores van a correr muchas lágrimas bajo el puente. Y mucha sangre. Y mucho dolor. También frustraciones e impotencias. Van a pasar años, si es que finalmente algún día ocurre. Pero, en el ínterin, los gobiernos deben garantizar tanto los derechos humanos como la seguridad. No deberían ser opuestos, al contrario, deberían ser complementarios. Pero del deber ser no se come.

Los gobiernos populares que han intentado políticas de seguridad basadas en el respeto a los derechos humanos no han dado en la tecla aún. No han podido demostrar altos grados de eficacia en la disminución del delito urbano callejero. Sí, tal vez, han dado batalla en el terreno cultural contra la otredad negativa (aquello de “la patria es el otro”) y eso es importante porque desde el Estado se deslegitima el discurso estigmatizante.

Tampoco los gobiernos punitivistas y reaccionarios han logrado mejores resultados. Mientras, endurecen el discurso, la praxis y la propaganda para satisfacción de sus audiencias. Sólo en parte. Atrás del velo, la realidad es la misma. La mano dura no reduce el delito por el simple hecho de que las causas del delito urbano callejero no obedecen a la cantidad o a la calidad de la pena sino a factores sociales, culturales y económicos mucho más profundos. El delincuente no delinque con el código penal en la mano. Son otras razones.

¿Entonces?

Esa es la pregunta de la filosofía y de la ciencia penal. No hay una sola respuesta. Quizás, resultaría importante acertar con la pregunta o las preguntas.

Mientras tanto la gestión pública debe transitar el espinoso sendero de garantizar la seguridad sin denigrar al otro y, finalmente, respetando los derechos humanos de todos y todas. Es un tremendo desafío. Pero siempre merece la pena intentarlo sin soluciones simplistas que siempre son parciales y efímeras.