Superávit a cualquier costo: ¿es sostenible el esfuerzo fiscal de Argentina?

El esfuerzo fiscal que lleva adelante el Gobierno ha venido acompañado de un ajuste en el gasto primario, que ha afectado principalmente a las transferencias sociales y las jubilaciones, generando tensiones sociales y poniendo en duda la sostenibilidad política de estas medidas a largo plazo.

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En el análisis de la política fiscal y monetaria de Argentina, las teorías económicas ortodoxas y monetaristas han tenido un papel central, especialmente desde el 10 de diciembre 2023, cuando la consolidación fiscal y el control de la inflación han sido objetivos prioritarios del gobierno. El marco teórico ortodoxo se enfoca en la estabilidad de las cuentas públicas, sosteniendo que la disciplina fiscal es esencial para garantizar el crecimiento económico a largo plazo. Según esta perspectiva, un déficit fiscal prolongado genera desconfianza en los mercados, aumentando el riesgo país, las tasas de interés y, en última instancia, la carga de la deuda pública. La ortodoxia económica enfatiza la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal mediante el ajuste del gasto público y la maximización de ingresos, sin recurrir excesivamente al endeudamiento o la emisión monetaria.

Por otro lado, el enfoque monetarista, basado en las ideas de Milton Friedman, sostiene que la inflación es, en última instancia, un fenómeno monetario. En este marco, el crecimiento descontrolado de la oferta monetaria, impulsado por la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, es la principal causa de la inflación. El monetarismo aboga por políticas que limiten la intervención estatal en la economía y promuevan la estabilidad de los precios como condición fundamental para un crecimiento sostenido. En el contexto argentino, las políticas monetaristas se han traducido en intentos de controlar el déficit mediante una estricta reducción del gasto público y una restricción de la emisión monetaria por parte del Banco Central.

La reciente evolución fiscal de Argentina, con un superávit primario acumulado del 1,6% del PBI en septiembre de 2024, refleja un esfuerzo significativo hacia la consolidación fiscal, en línea con las recomendaciones ortodoxas. Sin embargo, este esfuerzo ha venido acompañado de un ajuste en el gasto primario, que ha afectado principalmente a las transferencias sociales y las jubilaciones, generando tensiones sociales y poniendo en duda la sostenibilidad política de estas medidas a largo plazo. Desde la perspectiva monetarista, este ajuste ha sido crucial para evitar una mayor expansión de la deuda y para reducir la presión inflacionaria, aunque persisten desafíos relacionados con la capacidad del gobierno de financiar sus necesidades “por debajo de la línea”, es decir, la refinanciación de deuda en pesos y los pagos de intereses capitalizados.

Este artículo explora las implicancias de las políticas ortodoxas y monetaristas aplicadas en Argentina-sin hacer historia-, examinando la sostenibilidad de las recientes mejoras fiscales y los desafíos que enfrenta el país para mantener el equilibrio entre la consolidación fiscal y la reactivación económica. Asimismo, se analizan los límites de un ajuste basado exclusivamente en la reducción del gasto, en un contexto donde las demandas sociales y la necesidad de crecimiento económico requieren una evolución hacia políticas más integrales y de largo plazo.

La consolidación fiscal y el superávit primario

El concepto de superávit primario es clave para evaluar la sostenibilidad fiscal de un país. Según Maurice D. Levi en International Finance (2009), el superávit primario representa la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, excluyendo los pagos de intereses de la deuda pública. Este indicador es particularmente relevante en economías como la nuestra, con altos niveles de endeudamiento, ya que un superávit primario positivo permite estabilizar y eventualmente reducir la deuda en relación al PBI.

En el caso de Argentina, el superávit primario acumulado del 1,6% del PBI hasta septiembre de 2024 refleja un esfuerzo significativo en términos de consolidación fiscal, comparado con el déficit de (-1,4%) del PBI del año anterior. Como destaca Levi, en entornos de alta volatilidad financiera, el manejo de este superávit es crucial para mantener la confianza de los mercados internacionales y evitar crisis de financiamiento externo.

El manejo de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal

El manejo eficiente de la deuda pública es esencial para asegurar la estabilidad macroeconómica. En este sentido, James Van Horne, en su obra Financial Management and Policy (2001), subraya que la política de deuda de un país debe estar orientada a minimizar los costos de servicio de la misma sin comprometer la capacidad de crecimiento económico. Argentina ha logrado reducir su déficit fiscal general a 0,4% del PBI, un avance notable respecto al (-2,5%) del PBI de 2023.

No obstante, según Van Horne, el desafío reside en gestionar adecuadamente las necesidades de financiamiento “por debajo de la línea” (amortizaciones y vencimientos de deuda), que en el caso de Argentina podrían alcanzar un porcentaje alto del PBI en 2025. Aquí, el riesgo es que el financiamiento de la deuda no se convierta en una “bola de nieve”, donde el incremento de los pagos de intereses transferido a LEFI y LECAPS lleve a una situación insostenible de endeudamiento, algo que ya representa un 1% del PBI en pagos de intereses capitalizados hasta septiembre de 2024.

Impacto de las políticas fiscales y de ingresos en el crecimiento económico

El crecimiento económico es fundamental para sostener una política fiscal expansiva y mantener el equilibrio fiscal. En Principles of Corporate Finance, Brealey y Myers (2003) destacan que una combinación de políticas fiscales efectivas, como el aumento de la recaudación sin comprometer el crecimiento del PBI, es esencial para evitar la acumulación de déficit. En el contexto argentino, la eliminación del impuesto PAIS a partir de diciembre de 2024 y la ausencia del aumento extraordinario del impuesto a la renta en 2025 pueden reducir los ingresos fiscales en aproximadamente un 2% del PBI, lo cual pone presión sobre la sostenibilidad fiscal.

El paquete fiscal aprobado en el Congreso, que incluye una moratoria impositiva y un anticipo en el pago del impuesto a los bienes personales, ha permitido compensar parcialmente estas pérdidas en 2024, contribuyendo con un 0,22% del PBI. Sin embargo, Brealey y Myers advierten que confiar exclusivamente en medidas impositivas transitorias para aumentar los ingresos puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico a largo plazo, lo que refuerza la necesidad de encontrar un equilibrio entre la recaudación y el estímulo al crecimiento.

Reestructuración del gasto público: eficiencia y equidad

En el análisis de la reestructuración del gasto público, Fischer, Dornbusch y Schmalensee (2005) en Economía enfatizan que la eficiencia en la asignación del gasto es tan importante como la reducción del mismo. En el caso de Argentina, la contracción del gasto primario en un 25% respecto a los niveles observados en 2023 ha sido liderada por una reducción en las partidas sociales, particularmente en jubilaciones (36% del ajuste). Este enfoque ha permitido una consolidación fiscal considerable, pero al mismo tiempo, genera tensiones sociales significativas, ya que la caída real de los salarios y las jubilaciones puede limitar la demanda agregada y, en última instancia, frenar el crecimiento económico.

Stanley Fischer advirtió que, en años electorales como el 2025, es menos probable que se repitan caídas reales en las jubilaciones y salarios, debido a la necesidad política de evitar conflictos sociales. Esto presenta un desafío adicional para el equilibrio fiscal argentino, ya que la capacidad de ajuste por el lado del gasto parece haber llegado a sus límites.

Proyecciones a futuro: el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad

El equilibrio fiscal proyectado para 2025, en el que se estima un superávit primario anual del 1,7% del PBI, dependerá en gran medida del crecimiento económico y de la implementación de reformas estructurales. En el enfoque de Levi, la apertura de la economía, incluida la eliminación del control cambiario (cepo), sería crucial para estimular el crecimiento del PBI. Sin embargo, como Van Horne señala, la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar eficientemente su deuda será un factor determinante para asegurar que los esfuerzos de consolidación fiscal no se vean socavados por una nueva crisis de confianza en los mercados de deuda soberana.

En este contexto, Brealey y Myers subrayan la importancia de mantener un enfoque prudente en la renovación de la deuda en pesos, que podría generar una brecha de financiamiento de hasta u$s 7.000 millones si no se logra renovar al menos el 90% de la misma. Este déficit deberá cubrirse ya sea a través de un mayor superávit primario o mediante financiamiento externo, como el FMI, lo cual pone en evidencia la fragilidad del equilibrio fiscal actual y la necesidad de políticas fiscales y monetarias coherentes y sostenibles en el largo plazo.

(*) Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros