Un año de mentiras

La "casta" no pagó el ajuste prometido por Javier Milei. Motosierra a jubilados, cierre de pymes, despidos en el sector público y privado.

El cierre de empresas y el desempleo, dos marcas del primer año de gestión de Javier Milei.

Hay un aspecto crucial que suele pasar desapercibido tanto en el análisis político como en el sentir popular: se repite que Javier Milei prometió un ajuste y que lo ha cumplido. Sin embargo, lo que se omite -ya sea intencionadamente para instalar una mentira, o porque el discurso ha logrado penetrar en la opinión pública- es que el Presidente mintió. Durante su campaña electoral, y aún estando en el gobierno, afirmó repetidamente que el ajuste lo “iba a pagar la política, no la gente”.

Los hechos desmienten esta promesa. Según un informe del CEPA de noviembre de 2024, de cada $100 ajustados en los primeros diez meses de 2024, $24,2 provinieron de recortes en jubilaciones, $23,6 de la obra pública, $12,8 de prestaciones sociales (como asignaciones, pensiones no contributivas y prestaciones del PAMI), $12,7 de subsidios y $12,6 de los gastos de funcionamiento del Estado, principalmente salarios.

La saña contra los jubilados es particularmente evidente. Este sector, uno de los más vulnerables y que más respaldó al presidente, fue el más castigado. Recientemente, nos enteramos de la limitación en el acceso a ciertos medicamentos gratuitos: otra mentira más de Milei, ya que en el debate presidencial había expresado que no les recortaría los subsidios. ¿O acaso los jubilados eran parte de ese significante vacío denominado “casta”?

El recorte en la obra pública tampoco debe pasar desapercibido. La paralización de la obra pública no se tradujo en la eliminación de la corrupción derivada de licitaciones poco transparentes, sino que detuvo la construcción de infraestructura clave para el desarrollo del país, como rutas, caminos y puentes. Este recorte se inserta dentro de una política económica que llevó al cierre de 16.500 pequeñas y medianas empresas (pymes), mientras facilita las importaciones, mantiene altos impuestos a las empresas nacionales y fomenta un tipo de cambio poco competitivo, lo que hace que Argentina sea cada vez más cara para producir y vivir.

Finalmente, el ajuste de los gastos de funcionamiento del Estado, si bien se presenta como una medida de optimización administrativa, oculta una realidad mucho más cruda: el despido masivo de trabajadores estatales. Lo que inicialmente se enmarca como un ajuste racional se convierte en un desguace del aparato estatal. Esta contradicción, paradójicamente, sí es coherente con el discurso del Presidente, quien en campaña afirmó que su objetivo era “dinamitar el Estado”.

Ahora bien, ¿hacia dónde debería ir la Argentina? Me gustaría responder a esta pregunta recurriendo a lo que planteamos en campaña: el plan de gobierno que la Unión Cívica Radical presentó para el período 2023-2027. En nuestra visión, la estabilización económica es un objetivo clave, junto con la promoción de la inversión privada y la generación de empleo. Sin embargo, esto no significa recurrir a sistemas de incentivo a grandes inversiones como el RIGI, ni mucho menos a un blanqueo de capitales condescendiente y sin control sobre el origen de los fondos.

Hoy, la realidad es otra. Argentina perdió más de 260 mil empleos y, según un informe de Manpower Group, las perspectivas para el empleo en 2025 son las peores del mundo. En lugar de crear empleo genuino, presenciamos un modelo económico que, al ajustar, redujo drásticamente la inversión en áreas clave como la infraestructura, la educación y la ciencia, sectores que la UCR había identificado como fundamentales para el desarrollo del país.

Mientras el gobierno de Milei recorta subsidios y disminuye presupuestos en estos sectores esenciales, nosotros proponemos un plan integral para fomentar la economía del conocimiento, con incentivos claros para la inversión en tecnología y educación de calidad. Esta estrategia no solo busca crear empleos de futuro, sino también fortalecer sectores estratégicos que generen valor agregado y competitividad para nuestra nación.

El gobierno favoreció principalmente a las empresas del sector energético, con un enfoque extractivista que no benefició a las pymes, que representan cerca del 90% del empleo registrado en el país. En contraste, nosotros defendemos una legislación laboral y tributaria moderna, que proteja los derechos de los trabajadores, pero que también favorezca el crecimiento de las pymes. Nuestra visión no era solo de ajuste, sino de crecimiento, basado en la inversión, la cooperación público-privada y la generación de valor agregado.

El rumbo que estamos transitando, por más que se intente consolidar un discurso distinto a la realidad, no es el que Milei prometió en campaña. Este camino nos lleva a una Argentina en la que habrá más ricos, pero también más excluidos. En este sentido, resulta muy interesante un posteo reciente de Carlos Rodríguez en la red social X, en el que se cuestionó cómo, si el futuro del país iba a estar en la extracción de minerales, la gente se beneficiaría de dicho modelo. Vale aclarar, por si alguien no sabe de quién se trata, que Carlos Rodríguez es un economista ortodoxo, posiblemente el mayor exponente de la Escuela de Chicago en Argentina, es decir, alguien cuyas ideas distan de ser marxistas o keynesianas, y están más bien cercanas a las de Milei. Su cuestionamiento refleja la contradicción inherente al modelo que el gobierno está promoviendo, un modelo que ni siquiera los más fieles defensores de la ortodoxia económica logran sostener sin dudas.

En este camino de mendacidades que Milei escogió para recorrer, quedan en la banquina los ciudadanos: aquellos que lo votaron y también a quienes no representa. El año termina. Esperemos que las mentiras también.

Hernán Rossi es Secretario General de la Convención Nacional UCR.