Un debate ideológico

Los objetivos que persigue la gestión del presidente Javier Milei se mantienen orientados a la idea clave de hacer desaparecer al Estado.

La concepción que el actual Gobierno tiene sobre el rol del Estado se encuentra en las antípodas de lo que se debatió en estos días en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de la Cepal

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Al hacer un repaso de los últimos acontecimientos de la coyuntura económica local, podemos concluir que los objetivos que persigue la gestión del presidente Javier Milei se mantienen orientados a la idea clave de hacer desaparecer al Estado, tanto como regulador de la economía, como también garante de los derechos de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables.

Un ejemplo reciente de ello es la argumentación oficial que respalda el objetivo de privatizar Aerolíneas Argentinas (AA). Recordemos que, fiel a su actitud de desconocer al Poder Legislativo, el Presidente declaró a la aerolínea de bandera “sujeta a privatización” a través de un DNU luego de que el Congreso la hubiera eliminado de la lista de empresas a privatizar incluidas en la ley Bases.

En este marco, ante los conflictos gremiales que atraviesa Intercargo, una empresa estatal responsable de varios servicios de la aeronavegación en tierra en los aeropuertos de todo el país (asistencia en el embarque y desembarque de pasajeros, manejo de equipaje, y otros) Milei declaró que “Intercargo se termina”, mientras que el Gobierno despidió a varios empleados de la empresa. Los sindicatos, por su parte, denuncian que los trabajadores son sometidos a condiciones laborales precarias, con sueldos bajos que no fueron ajustados en los últimos meses. El avance sobre esta empresa se produce a partir de haber quedado sujeta a privatización en la ley Bases.

De allí que es una cuestión ideológica. Sigo sosteniendo que las empresas públicas tienen que entenderse desde una visión integral y esa integralidad no excluye la eficiencia. La inversión pública que su funcionamiento requiere vuelve a la sociedad de muchas maneras, incluso a través de los impuestos que se recaudan por el aumento de actividad económica que la prestación de sus servicios origina. En el caso de Aerolíneas, ésta cumple un rol crucial para la conectividad de un país federal con un impacto en el desarrollo económico local, llega específicamente a varias ciudades donde ninguna otra aerolínea llega. ¿Qué ocurriría con las economías de esas localidades si se vieran imposibilitadas de comerciar y transportar pasajeros por vía aérea? ¿Ese costo/beneficio no cuenta?

La concepción que el actual Gobierno tiene sobre el rol del Estado se encuentra en las antípodas de lo que se debatió en estos días en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de la Cepal. En uno de los documentos presentados, “Reducir la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo”, se destaca que “la función de la protección social como política pública es esencial, pues su objetivo es garantizar niveles de ingreso que permitan a la población salir de la pobreza y protegerse de shocks relacionados con los ingresos, incrementar su nivel de bienestar, determinar la demanda de aquellos servicios que le permiten ejercer sus derechos en ámbitos como la salud, la educación o la vivienda y asegurar el acceso a estos, así como fomentar la creación de trabajo decente”.

Como mencionamos en otras oportunidades, un Estado presente es fundamental para garantizar los derechos de la ciudadanía, en particular en aquellas actividades económicas y sociales a las que el sector privado no llega o, si lo hace, su acceso resulta muy oneroso y deja a gran parte de la población afuera de ellas. Este es un debate ideológico que hay que afrontar. Una batalla cultural que debemos dar.

En el plano internacional, conociendo ya a esta altura el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, pueden efectuarse muchas reflexiones, pero prefiero concentrarme en su vinculación con el debate que plantea la Cepal.

Según las últimas estimaciones del FMI, la economía estadounidense se encuentra en crecimiento: +2,8% sería la variación del PBI para 2024 y se redujo la tasa de desocupación llegando al 4,1% en septiembre. Ese mismo mes se registró el menor nivel de inflación desde febrero 2021, un 2,4% interanual. No obstante, como señaló el senador reelecto Bernie Sanders, tradicional expresión del progresismo en los Estados Unidos, luego de la victoria de Donald Trump: “mientras a los muy ricos les va fenomenalmente bien, el 60% de la población vive al día. Tenemos más desigualdad de ingresos y de riqueza que nunca”.

En el periódico británico The Economist, representante del establishment internacional, se puede encontrar un artículo referido a Estados Unidos titulado “¿Es la alta desigualdad el precio que hay que pagar por un mayor crecimiento?”. En la nota se sostiene que el mencionado país, al compararlo con el grupo de naciones más ricas del mundo, es el más desigual en términos de distribución del ingreso.

Es evidente que los ejes de campaña de Kamala Harris no fueron suficientes para contrarrestar su participación en el gobierno saliente ni el descontento de una sociedad en la que gran parte de la población, que votó por la alternancia, padece la situación económica y social.

Resalta entonces la importancia de la intervención del Estado en áreas clave, como lo menciona la Cepal, a través de políticas que intenten reducir las grandes brechas entre ricos y pobres. Un enfoque que difícilmente se pueda encontrar en las promesas de campaña de Trump.

Distribución del ingreso, desarrollo social inclusivo y, agrego, solidaridad, son principios cruciales a la hora de ejercer el gobierno de un país que se preocupa por el bienestar de la gran mayoría de la ciudadanía. Todo indica que Argentina está yendo para el lado contrario.

Diputado Nacional Unión por la Patria, Presidente Partido Solidario