Ante la seguidilla de decretos presidenciales, Diputados buscan reformar la ley de DNU

Ante los 39 DNUs que emitió Javier Milei en sus primeros nueve meses de gestión, el Congreso debatió los alcances de los decretos del Ejecutivo.

Germán Martínez, titular del bloque peronista, junto a los libertarios Nicolás Mayoraz y Álvaro Martínez.

Mariano Fuchila

Informe Fernando Brovelli.-

Se abrió un nuevo debate constitucional en la Cámara de Diputados: los alcances de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos desde la Presidencia de la Nación. La discusión, que se propone de largo aliento, llegó en el marco de los 39 decretos emitidos por Javier Milei.

Entre los proyectos de los diputados, que impulsan la convocatoria a politólogos y juristas para volver más eficaz la reforma, se propone la ampliación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (que revisa los DNU); que el Poder Legislativo tenga un tiempo límite para ratificar los decretos y no para revocarlos; y esclarecer la definición de necesidad y urgencia, entre distintas propuestas que tienen las múltiples redacciones.

Según un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Javier Milei es el cuarto presidente con mayor cantidad de DNUs en sus primeros nueve meses de gestión, detrás de Eduardo Duhalde (78), Alberto Fernández (60) y Néstor Kirchner (51). Asimismo, fue el primer presidente al que ambas cámaras del Congreso de la Nación le derogaron un DNU: el 656/24, de fondos reservados para el Servicio de Inteligencia.

"Es inadmisible que tenga más valor un decreto que una ley, porque pedimos que hayan dos cámaras para sancionar una ley y con la firma del Poder Ejecutivo ya tenemos una ley funcionando con la misma jerarquía", planteó el diputado Oscar Agost Carreño quien observó que "si el Presidente tiene la potestad del veto parcial, cómo puede ser que el Congreso no tenga en espejo una facultad similar". "Adelantémonos a un posible fallo de la Corte por falta de resolución de la política", agregó Juan Manuel López.

Oscar Agost Carreño y Maximiliano Ferraro.

Mariano Fuchila

Diputados debatieron reforma de DNUs

Durante el encuentro, el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) remarcó el contexto en el que se inserta el debate: "Tenemos que ser conscientes que la Bicameral de Trámite Legislativo no está funcionando: no sabemos si se está buscando un bloqueo o hay otro tipo de problema, pero lo cierto es que hay pedido de diputados para que funcione y después de ordenar todos los DNUs de presidentes anteriores siguen sin reunirse".

Además, el diputado argumentó que "hay predisposición de más bloques de hacerlo y tenemos que ser sinceros: desde el dictado desde el DNU 70/2023 se abrieron un montón de discusiones que antes no se daban con este tema". "Estamos viendo que los artículos que se cayeron de la ley Bases por falta de consenso aparecen en el DNU", señaló y concluyó advirtiendo que "no podemos permitir institucionalmente desde este Congreso que el próximo presidente, sea quien sea, pueda derogar con un DNU todos los DNUs anteriores o que ponga en crisis los cambios positivos".

Durante la reunión, la porteña Paula Penacca (Unión por la Patria) solicitó que se vuelva a tratar la investigación a los seis diputados que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, cuestión que se debatía en la Comisión de Peticiones, una de las que conformó el plenario de este miércoles junto a Asuntos Constitucionales. La exposición peronista la expuso el santafesino Diego Giuliano quien planteó que "no es una opción la Bicameralidad, sino que es una decisión después de haber superado todas las dificultades la organización nacional", y en ese contraste histórico señaló que "ha habido una pulsión ejecutivista muy fuerte a raíz de la emisión de DNUs que han significado un abuso del sistema".

"Seguramente el consenso que alcancemos para esta reforma va a devolver equilibrio al sistema republicano", planteó el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal), quien entendió que "cuando eso se distorsiona estamos dando un golpe letal a la seguridad jurídica, tan necesaria para la estabilidad económica se traduzca en inversiones". "El Presidente tendrá que aprender a dialogar y construir consensos un poquito más amplios más allá del tercio, para poder aprobar sus leyes y no tentarse a gobernar solamente por DNU", comentó.

Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica.

Mariano Fuchila

A su turno, el bonaerense Pablo Juliano (UCR) señaló que el DNU "no creo que sea un instrumento de la gobernabilidad" e indicó que "si el Poder Ejecutivo entiende que hay situación de necesidad y urgencia, este Parlamento no puede mirar hacia el costado porque sin legalidad no hay ninguna posibilidad de afrontar ninguna necesidad ni ninguna urgencia". "Hay un ejercicio de planchar la Bicameral, y cuando el Parlamento mira para el costado abandona su función trascendental", recordó y expresó que "hay un Gobierno que habla en nombre de la libertad, pero no van a haber pueblos libres si se sigue gobernando a fuerza de decretos. Y menos va a haber desarrollo"

DNUs de Javier Milei

Entre los 39 DNUs emitidos por Javier Milei, el más controversial fue el 70/2023, presentado en cadena nacional diez días después de haber asumido. En su contenido, se incluía la derogación de la ley de alquileres, la liberación de precios de medicamentos, modificaciones al régimen de tarjetas de crédito, una reforma laboral, transformaciones a la ley de tierras, entre otros cambios que luego fueron incluidos en el debate de la ley Bases.

Luego de aprobada esta ley, el Presidente decretó medidas que no pudo conseguir por vía parlamentaria, como el libre canje de deuda o la privatización de Aerolíneas Argentinas. Previamente, ya había establecido el sistema jubilatorio por DNU.

Existen dos decretos que atravesaron controversias. El primero fue el 656/24, que le otorgó $100.000 millones de fondos extras y reservados para el Servicio de Inteligencia, que había sido reformado semanas antes. Otro fue el de la limitación a los pedidos de acceso a la información pública, cuya principal autoridad del propio Poder Ejecutivo remarcó su desacuerdo y aseguró no haber sido consultada.