Avanzar sin tocar el superávit: diputados de la oposición evitan tensar más con Javier Milei

La postergación del FONID y las jubilaciones explicitan la postura temporal del dialoguismo. Continúan los consensos en materia de seguridad.

Karina Banfi y Julio Cobos (UCR) con Nicolás Massot y Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal).

Ignacio Petunchi

La aprobación de la ley Bases, que concentró la actividad parlamentaria en los centenares de artículos de índole económico e impositivo, devino en una multiplicación de los temarios que encaran las comisiones de Diputados y el Senado. Ante un eventual veto de Javier Milei, las iniciativas de mayor avance pretenden reformas en seguridad, pero se puede colar una nueva modalidad de jornada de trabajo.

La propuesta radical de Régimen de Jornada Alternativa fue la de mayor resonancia de la jornada del martes y provocó el rechazo de La Libertad Avanza, un sector del PRO (incluso cuando una diputada de ese bloque firmó el proyecto) y la representación de la UIA que visitó la Cámara de Diputados. El texto no obliga una reducción del horario de trabajo, sino que permite que el sindicalismo acuerde una modalidad especial por cada actividad y el empleador -junto al empleado- decide si aplicarla por un período de prueba.

Esta iniciativa de la Unión Cívica Radical prosigue a una definición del presidente de su bloque, Rodrigo de Loredo, quien retiró el pedido de convocatoria para recomponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente y busca postergarlo para el mes de agosto para tratarlo junto con la declaración de la esencialidad de la educación pública, que impediría el cese de clases por medidas de fuerza de gremios educativos. Desde el propio radicalismo apuntan a que la decisión del diputado cordobés fue inconsulta. “Es urgente atender este problema. No habrá universidad pública de calidad sin sus docentes y no docentes”, escribió en sus redes la parlamentaria porteña Mariela Coletta.

Lo único que resta definir para las bancadas opositoras es acordar su alcance: las propuestas más reservadas piensan un esquema que implicaría un gasto del 0,21% del PBI. Gobernadores de la exalianza de Juntos por el Cambio habrían enviado ese mensaje a los diputados de sus bloques, para evitar entorpecer el saneamiento de sus finanzas con el desembolso de lo correspondiente por Ganancias. En simultáneo, presionan a Nación para que no omita sus responsabilidades con las provincias, mientras los intendentes continúan insistiendo para establecer el Fondo Compensador del Transporte.

La semana pasada, gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un férreo comunicado contra Nación.

Juntos por el Cambio

Esa demanda la escuchan también los senadores, que hacen números para intentar tratar sobre tablas (sin pasar por comisiones, para lo que precisan una mayoría de dos tercios) este jueves el nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que ya fue aprobado en Diputados. Victoria Villarruel aplazó lo máximo posible el tratamiento de este proyecto, que de aprobarse significará un incremento en los haberes previsionales que le costarán al Estado un 0,48% del PBI.

Este escenario podrá darse luego de otra iniciativa que se trata este miércoles y puede impactar en las arcas públicas: un texto presentado por el peronista Oscar Parrilli que pretende auditar a las empresas del sector de la Economía del Conocimiento para centralizar el régimen de exenciones impositivas en las pymes y eliminar la ayuda a empresas que cuenten con “una escala del mercado importante”. Esas compañías tienen nombre y apellido y fueron incluso apuntadas por Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en Quilmes el 27 de abril.

Seguridad: donde los consensos avanzan

Entre las iniciativas que obtienen coincidencias de distintos sectores se encuentran una nueva tipificación penal para el delito de compra y venta de menores de edad, que propone condenas de hasta diez años para todos los actores de esta cadena criminal. Al proyecto de la senadora radical Carolina Losada se incorporan textos de distintos bloques que debatieron este martes en Diputados, con una heterogénea participación: representantes de ONGs, titulares de organismos del Estado, referentes del catolicismo y especialistas en Derecho Penal.

En las gestualidades del plenario se vio la misma voluntad de confluir en una redacción conjunta como lo sucedido en junio con la Ley de Bien Restituido, que promueve la distribución en la sociedad civil del patrimonio del narcotráfico.

Martha Pelloni, religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras, hablando durante el plenario que busca tipificar penalmente la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

Diputados

Otra propuesta que tendrá lugar esta semana proviene del PRO y busca modificar actos de maltrato y penalidades sobre animales. Conocida como la Ley Conan, apuntan a elevar las condenas a un rango de entre 6 meses y los cinco años (lo máximo en la actualidad es 1 año), en tanto que establece multas de entre 5 y 30 veces el valor del Salario Mínimo, Vital para quienes infligieron malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. El proyecto además permitió acercar al sector del partido representado por el diputado Damián Arabia (cercano a Bullrich) con Javier Milei, quien pidió que la ley “se haga realidad”.

Al igual que la Ley Conan, este miércoles se debatirá el proyecto de Ley sobre Abordaje Integral del Crimen Organizado, conocida como Ley Antimafias. Aunque el Gobierno cuenta con urgencia de mostrar resultados en materia de seguridad criminal, y precisa de un marco normativo que legitime que extremen la acción policial, el trazo grueso del texto provoca resistencia en distintos bloques por la arbitrariedad de las penas para todos los eslabones de las organizaciones delictivas y el costo fiscal de desplegar un esquema de vigilancia con esas ambiciones.