El Gobierno -junto con sus aliados- volvió a empujar la agenda de seguridad en la Cámara de Diputados. Luego de la sanción de dos leyes de reforma del Código Penal y Procesal Penal en sesiones extraordinarias (ley Antimafias y reformas de reiterancia y reincidencia), el oficialismo retomó el debate del Régimen Penal Juvenil anunciado por Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso y avanzan acuerdos para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El encuentro fue de calidad informativa y desde el oficialismo le aseguraron a Ámbito que habrá una nueva convocatoria en marzo: "Esto va a seguir avanzando".
Baja de imputabilidad: Diputados comenzó a debatir el proyecto de seguridad prioritario para el Gobierno
El planteo de la mayoría de los bloques en comisiones fue promover un Régimen Penal Juvenil que criminalice a los adolescentes desde los 14 años.
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Se retomó el debate por el Régimen Penal Juvenil en Diputados.
La centralidad del debate, que se dio en un plenario de miembros de cuatro comisiones (Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Niñez), se encuentra en torno a la edad de imputabilidad. Confluyen tres posturas: la del Gobierno nacional, que propuso bajarla a los 13 años, la de un amplio espectro de aliados oficialistas y otros bloques, que consensuan establecerlo en los 14 años, y la de la oposición peronista y del Frente de Izquierda, que quieren conservarla en los 16 años. En torno a esa discusión se establecerá el dictamen de mayoría, aunque no existe claridad entre los parlamentarios sobre cuánto tiempo tendrán los distritos para adecuarse a la ley.
La postura unánime de todos los bloques apunta a la necesidad de reformar el actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), implementada por decreto en 1980 durante la presidencia de facto de Jorge Videla. También la mayoría de los proyectos piden fortalecer los programas socioeducativos en los centros cerrados de jóvenes, desplegar instancias intermedias a la reclusión como métodos de sanción e invertir en la construcción de infraestructura para los adolescentes.
Baja de imputabilidad
Dentro de las intervenciones, la cordobesa Soledad Carrizo tomó la palabra como representante de la Unión Cívica Radical y consideró que "el debate está agotado y tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes". "Tenemos en claro que la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora", aclaró, pero insistió en que "hay una realidad en la sociedad, de que hay víctimas destrozadas que han vivido situaciones horrorosas en manos de los jóvenes".
Uno de los bloques que plantea mayores observaciones es la Coalición Cívica, en donde la bonaerense Marcela Campagnoli calificó al pedido presidencial como "medida tribunera" y subrayó que "necesitamos lugares de alojamiento adecuados porque les recuerdo que no hay plata. ¿Dónde los vamos a meter hoy a los menores? ¿Con los adultos?". "Todos tendremos que ceder en algo si queremos tener la voluntad de dar una respuesta para la sociedad o solamente salir en los medios cada vez que tenemos un hecho lamentable", señaló.
Con expresiones el rechazo se pronunciaron dos diputados del Frente de Izquierda. La bonaerense Mónica Schlotthauer criticó que "en vez de estar viendo cómo se le manifiestan los derechos reales a los pibes que dicen la Constitución y de dónde sacamos la plata para eso, estamos viendo en dónde los metemos presos". "Pareciera que no existieron las reuniones previas, en las que vinieron especialistas del tema y hubo prácticamente unanimidad de todas las personas que investigan el tema en decir en que la baja de imputabilidad es perjudicial para el problema", añadió el bonaerense Christian Castillo.
A su turno, el neuquino Osvaldo Llancáfilo (Innovación Federal) anticipó que su bancada acompañará la baja de imputabilidad a los 14 años y pidió una rápida aprobación: "Me parece que es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural". Asimismo recordó que "tenemos una crisis carcelaria" y que reclamará "asignación de recursos para la resocialización y rehabilitación de esas personas en conflicto con la ley", pero que "en nombre de aquello no podemos dejar impune casos que tienen que ver con jóvenes de 14 y 15 años que tienen plena consciencia".
Una voz esperada fue la del bonaerense Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), una de las disidencias dentro del unánime rechazo del peronismo a la baja de imputabilidad. En una breve alocución, insinuó su acompañamiento: "Se necesita determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay régimen, si hay órganos, si hay medidas y hay financiamiento imputado, estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr algún tipo de consenso mayoritario".
La bancada Democracia para Siempre, de radicales opositores, también no sentó postura homogénea. Una de sus referencias de rechazo es la del formoseño Fernando Carbajal, quien opinó que "esto en términos de políticas de seguridad va a tener un impacto igual a cero", pero remarcó que "es necesario discutir nuestro régimen de menores porque tiene falencias". "No puedo sustraerme del contexto político en que esto se plantea: la de un Gobierno que ha logrado sancionar una ley de reiterancia, que es un retroceso notable, y que tiene una ministra de Seguridad que ahora propone como solución poner preso a las personas que tienen consumos problemáticos".
La representación del PRO quedó en manos de la titular de la Comisión de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado: "No podemos dejar pasar más tiempo; es momento de avanzar con firmeza en un Régimen Penal Juvenil que esté a la altura de la realidad que vivimos. Este es un desafío que exige el acompañamiento de todos los bloques, y celebro que hasta ahora hayamos logrado consenso en muchos aspectos fundamentales”.
Para concluir, el jujeño Manuel Quintar (La Libertad Avanza) reconoció que "hoy venía con intención de que dictaminemos", pero le atribuyó su imposibilidad a la convocatoria para una sesión especial que investigue la estafa $LIBRA: "Tenemos que cortar para que alguno saque un votito más". "Una ley no soluciona la vida, [...] pero tenemos que dejar un mensaje claro y rápido", interpretó.
Reforma Penal Juvenil: encuestas y datos
Un estudio de febrero del 2025 de la consultora Giacobbe, que abordó 2.500 casos días después del crimen de Kim Gómez en La Plata, relevó que el 73,9% de los encuestados está a favor de bajar la edad de imputabilidad, contra un 22,4% que piensa que hay que mantenerla y un 2,2% que sostiene que hay que subirla.
Por otro lado, con la actual edad de imputabilidad, Argentina se encuentra en el 17° lugar de 19 países latinoamericanos en cuanto a la tasa anual de homicidios cada 100.000 habitantes (UNICEF, 2022). Incluso el Gobierno nacional celebró en enero la baja de casos de asesinatos en su primer año de gestión. En contraste, Ecuador (1º), Honduras (2º), Brasil (5º) y México (6º) ubican su tasa de punibilidad en los 12 años y se encuentran entre los países más inseguros de la región.
Asimismo, el Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) 2024 del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) describen algunas condiciones del tránsito en los centros de menores: "Suministro discrecional de psicofármacos sin criterio o control médico alguno”; "problemas de higiene y mantenimiento"; "construcciones que cuentan con celdas que no respetan los metrajes mínimos, con ventanas pequeñas sin ingreso de luz natural y ventilación, espacios enrejados, poco espacio para la circulación o recreación y problemas en el suministro de agua y redes cloacales". El mismo informe indica que en 13 provincias del país no hay más de tres establecimientos dispuestos para jóvenes en conflicto con la ley e incluso Tierra del Fuego no cuenta con ninguno.
Existe otro elemento a observar. Sin la gestión de políticas de atención a los jóvenes (la Subsecretaría de Niñez despidió 2000 trabajadores hace una semana), la baja de la tasa de imputabilidad promete un incremento de adolescentes detenidos que no se respalda en la existencia de infraestructura apta para albergarlos ni en la gestión de programas educativos para acompañarlos en el tránsito de su pena. Como referencia, se puede considerar el caso de la última cárcel que se construyó en el país: la de Benjamín Paz, en la provincia de Tucumán, cuya licitación inició en el 2022 y su presupuesto se expandió a $7.881 millones para garantizar la inauguración en diciembre pasado, siete veces más que lo que tuvo dispuesto el Conicet para gastar en el 2024 en equipamientos y funcionamiento. Introducir la reforma implica tiempo de planificación y presupuesto estatal.
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