Baja de imputabilidad: especialistas se opusieron a reforma y Gobierno detalló el costo fiscal de su plan

Diputados retomaron el debate del Régimen Penal Juvenil, una de las modificaciones de seguridad que impulsa el Gobierno.

Plenario de comisiones que debatió el Régimen Penal Juvenil.

De forma unánime, los especialistas invitados al plenario de comisiones que debatió el Régimen Penal Juvenil remarcó la necesidad de mejorar el sistema para menores de edad en conflicto con la ley pero se opuso a los proyectos de baja de imputabilidad que se discuten en la Cámara de Diputados.

El encuentro de este miércoles duró poco menos de dos horas y no se alcanzó acuerdo entre los distintos proyectos que existen, cuyo debate central está puesto en las condiciones de detención de los adolescentes y en la baja de edad de imputabilidad. Sólo un sector del peronismo -pero no la totalidad del bloque de Unión por la Patria- y el Frente de Izquierda defienden que se preserve la actual edad, dispuesta en 16 años. El Gobierno busca reducirlo a los 13, pero el consenso de los demás espacios apuntan a establecerlo en 14.

La principal traba que presentaron los aliados del Gobierno para terminar de convalidar esta iniciativa se relacionan con las partidas presupuestarias que implicaría la contratación de personal y la construcción de infraestructura que pueda contener la ampliación de los detenidos. En ese marco, se planteó que la potencial aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil implicaría un costo fiscal del 0,34% del Presupuesto 2025 y que empleados estatales (no necesariamente formados para el cargo) se encargarán de acompañar las trayectorias de los menores. Además, delega inversión en obras públicas, costos judiciales y gastos de funcionamiento a las provincias.

José Luis Espert explicó el plan del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad

En calidad de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert tomó la palabra para explicar el impacto presupuestario de la aprobación del proyecto, que sólo implicaría inversión en instituciones federales. "Se asume que la totalidad de los jóvenes alcanzados por el nuevo sistema quedarán bajo la órbita de un supervisor y accederá a por lo menos un programa socioeducativo", prometió y estimó que el plan representaría una inversión adicional $75.298 millones por año, para ejecutar 300 programas laborales y socioeducativos.

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza.

Mariano Fuchila

Luego reconoció las personas que quedarán a cargo de los adolescentes en conflicto con la ley no necesariamente tienen que tener experiencia: "Los funcionarios que ocupen el cargo de supervisores se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándole un plus salarial". El monto de ese plus es, a octubre del 2024, $482.600 mensual. Cada empleado puede contener hasta 25 jóvenes.

Citando "la literatura criminológica", Espert señaló que "la delincuencia aumenta progresivamente desde los 13 años hasta los 17, cuando encuentra su pico. Esto se explica a las oportunidades de cometer delito y a los cambios físicos y sociales". Además, calculó que -en caso de aprobarse la ley- la implementación del régimen demorará 180 días. "El período de transición proporciona un marco temporal para que las provincias, instituciones y organismos afectados por la normativa se preparen adecuadamente", explicó.

Debate de baja de imputabilidad

La primera oradora fue la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, quien apuntó que "no hay una correlación directa entre bajar la edad y tener menor tasa delictiva" y remarcó que "hoy quienes son no punibles están encerrados y cumplen regímenes parecidos a si estuvieran bajo pena privativa de la libertad". "El Congreso no puede armar un Régimen Penal Juvenil contraria a la Constitución, darle mucho presupuesto y desfinanciar por completo el sistema de protección integral de niños, porque allí se van a ver las prioridades del Congreso", completó.

A su turno, Marina Chiantaretto, coordinadora del Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien recalcó la falta de estadísticas que lleva a una falta de precisión a la hora de efectivizar una política pública y subrayó que "las penas no se cumplen en centros especializados, se cumplen en la cárcel. Los chicos terminan cumpliendo el mismo tratamiento penitenciario que una persona mayor de edad. No hay una ejecución especializada para niños y adolescentes".

"Hay una sensación extendida de que varios de los proyectos que se han presentado no están claro de qué hablan, qué se proponen, a qué sujeto están dirigidos y a qué víctimas pretenden resguardar", inició su alocución el Defensor Público de Menores porteño, Damián Muñoz, quien remarcó "la sensación de que los autores de estos proyectos no dialogaron nunca con los menores imputados, los adolescentes condenados, con las condiciones de vida materiales en las que se encuentran y con las mamás que piden ayuda por problemas de consumos problemáticas de sus hijos". "Parece un proyecto que no se está haciendo cargo de situaciones centrales", agregó.

Finalmente, Rocío Alconada Alfonsín, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se refirió a "la diferencia que hay en cada una de las provincias es muy grande, no sólo por la cantidad de chicos que están atravesando el proceso de conflicto con la ley penal, sino además por las instalaciones con las que cuentan". "La totalidad de los chicos en conflicto con la ley penal es alrededor de 4200, de los cuales hay 850 detenidos. Ese es el núcleo del que estamos hablando: es difícil, con esos números, decir que vamos a combatir el núcleo de la inseguridad y que los menores están poniendo en jaque la seguridad de los argentinos".